El grupo parlamentario de IU-ICV ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a elaborar una reforma del Código Penal para tipificar como delito "flagrante" el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Se trata de una proposición no de ley que IU-ICV ha registrado en la Cámara Baja para luchar contra este comportamiento, a su juicio, "flagrante, sistemático y peligroso". En este sentido, propone "incrementar la acción coercitiva sobre las empresas incumplidoras de la norma", que según denuncia, "burlan las sanciones administrativas". Además, la iniciativa persigue garantizar que la figura del Fiscal provincial contra la siniestralidad laboral tenga equipos y recursos técnicos y humanos suficientes, con dedicación exclusiva y que la propuesta dé lugar a la creación de la figura del Delegado Sindical de Salud Laboral por provincias y sectores en función del número de trabajadores y de la representación legal de las organizaciones sindicales. En la misma línea, IU-ICV quiere obligar a las empresas a declarar los recursos anuales invertidos en la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en sus centros de trabajo, e impulsar y aumentar las dotaciones de la Inspección de Trabajo en la especialización de actuaciones de prevención de riesgos laborales.La iniciativa busca alcanzar este objetivo garantizando una permanente y sistemática comunicación e información puntual del resultado de las actuaciones entre la Inspección Laboral y la Fiscalía.
LIMITAR AYUDAS POR INCUMPLIR LA LEY.
Otra de las medidas propuestas por la formación de izquierdas es limitar y en su caso, impedir legalmente, el acceso a subvenciones públicas y a la participación de actividades empresariales concertadas con las distintas Administraciones a aquellas empresas que incumplan de forma reiterada la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.Finalmente, IU-ICV apuesta por impulsar el desarrollo y la puesta en marcha del proyecto de protocolo marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior.En su opinión, este proyecto ayudará a una sostener una investigación "eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias, con la adhesión de CC.OO, UGT, CEOE y el Consejo General de la Abogacía Española".
Europa Press. 29-1-2007.
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