viernes, 23 de julio de 2010

Viajes Marsans: Una tremenda estafa a los trabajadores


Como es bien sabido, los trabajadores somos los que principalmente estamos sufriendo las consecuencias de la crisis capitalista más grave desde el crack de 1929. En Viajes Marsans, a las consecuencias propias de la crisis se le une la nefasta y delictiva gestión de sus propietarios. Porque de delictiva podemos calificar la desviación injustificada de fondos propios de la empresa con el fin de descapitalizarla; y porque el traspaso de Marsans a una sociedad fantasma no es más que una operación de DÍaz Ferran para eludir todo tipo de responsabilidad, ya sea económica o incluso penal.

Ante esta brutal estafa social, el PSUC Viu insta a los trabajadores de Viajes Marsans a no resignarse frente a este atropello sin precedentes, a organizarse y a movilizarse en la defensa de sus derechos. Instamos a que el Comité de Empresa actúe desde la claridad y la transparencia, contando con la opinión de la plantilla y, lo que es más importante, a darle un impulso firme y decidido a la movilización. Solo a través de la movilización las posiciones de los trabajadores tendrán peso en la mesa de negociación.

Desde el PSUC Viu exigimos a la Administración Pública a que asuma un papel activo en la defensa de los intereses de los trabajadores y, en definitiva, de la ciudadanía en su conjunto. No es de recibo que una empresa referente del sector en el estado español y con la mayor red comercial de oficinas en el país caiga mientras su propietarios y gestores actúan desde la impunidad más absoluta.

El ataque a los derechos de los trabajadores en el estado español no tiene precedentes, los mismos que ponen en cuestión estos derechos exigiendo “responsabilidad” a la clase obrera, no tienen escrúpulos en dejar en la estacada a miles de trabajadores. Donde está la responsabilidad social de los empresarios?? Es éste el modelo de gestión que se pretende imponer en este país?? Que legitimidad puede tener Díaz Ferran para estar al frente de la patronal?? Y para negociar con los sindicatos?? Como es posible que sus “recetas” sean tenidas en cuenta?? Puede este sujeto aportar su visión ultraliberal de las cosas sin que se le caiga la cara de vergüenza??

En Viajes Marsans los nuevos gestores plantean un ERE con el fin de “dar viabilidad a la empresa”. Desde el PSUC Viu nos oponemos a un ERE que no contiene condiciones económicas mínimamente dignas y, lo que es más importante, no plantea un plan de viabilidad tal y como exige el propio Estatuto de los Trabajadores, es decir, carga de trabajo y futuro para la plantilla. Ahora que comienza el proceso de negociación del ERE con la representación de los trabajadores, es el momento de intensificar la lucha. No es el momento de la resignación o del pasotismo, ahora más que nunca es necesaria la unidad de la plantilla, de la organización y de la movilización.

El PSUC Viu apoya a los compañeros/as que individual o colectivamente han decidido ejercer acciones pasando a la ofensiva y dando a conocer la situación de la empresa a la ciudadanía. Es necesario romper el bloqueo mediático y desmentir la falsa idea transmitida en los medios de que Díaz Ferran “ha resuelto sus problemas empresariales”.Los encierros, las acciones de protesta en el edificio del Pórtico, las manifestaciones en las principales capitales de provincia, la creación de páginas web son exponentes de un proceso de lucha que, ahora más que nunca, deben tener continuidad y el impulso decidido por parte del Comité.

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE VIAJES MARSANS.

PLAN DE VIABILIDAD YA.

PAGO DE LOS SALARIO Y ATRASOS.

PLAN DE MOVILIZACIONES.

INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

NO A LA IMPUNIDAD DE DIAZ FERRAN Y SUS CÓMPLICES.


Barcelona, 21 de julio de 2010.

sábado, 15 de mayo de 2010

Documento para el análisis de la situación social y económica


La actual coyuntura económica y social es ciertamente dramática. Desde que se iniciara la crisis, ha sido exclusivamente la clase trabajadora la que ha pagado las consecuencias de una situación provocada por el gran capital, por quienes tras años de especulación financiera e inmobiliaria desmedida han provocado un estado de bancarrota de la economía española. La crisis, aún habiendo tenido una transcendencia internacional, ha chocado frontalmente con la débil y precaria estructura económica del Estado español. No podía ser de otra manera cuando el patrón de crecimiento económico en la última década se ha basado esencialmente en la especulación inmobiliaria y en los servicios de bajo coste.

Los respectivos gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE han edificado un modelo económico frágil, escasamente productivo y orientado hacia el beneficio rápido. Al mismo tiempo, tal modelo económico ha consolidado un mercado de trabajo de naturaleza precaria con altas tasas de temporalidad y de siniestralidad, abuso de las horas extras, fraude empresarial en materia contractual y de la seguridad social, etc. Con ello, si bien entre 1999 y 2006 los beneficios empresariales aumentaron en un 73%, la clase trabajadora apenas vio mejorar sus condiciones laborales, sino más bien todo lo contrario. Por ejemplo, entre 1995 y 2005 la clase obrera española perdió poder adquisitivo, en torno a un 4% menos. Por otro lado, en los últimos veinte años la temporalidad laboral apenas se ha movido de la franja del 30% y las medidas adoptadas para paliar tan elevado índice han resultado ineficaces y en ocasiones contraproducentes para los intereses de la clase trabajadora. Es decir, el ciclo de crecimiento económico de finales del siglo anterior y principios del actual no generó riqueza real ni bienestar social para el conjunto de la clase trabajadora. En época de crecimiento se privatizaron los beneficios. En la actualidad, son las pérdidas las que se socializan.

Es por ello que los procesos y las dinámicas actuales no son casuales y con anterioridad a la crisis, el mercado laboral español ya presentaba los déficits en cuanto a precariedad y temporalidad que han provocado el desplome y la destrucción de empleo posterior. La insuficiencia del Estado del bienestar y de la protección social en España no son consecuencia de la crisis sino una de las causas de la misma. Ya en febrero de 2005 el Sector Crítico de CCOO alertaba en un estudio sobre la “desconvergencia” que se estaba produciendo con respecto a la Unión Europea en materia de gasto social. En este sentido, el ciclo expansivo de la economía española que se había iniciado en 1995 no se aprovechó para mejorar la protección social y acercarnos a Europa sino que la tendencia había sido la inversa. El gasto en protección social representaba en España el 24% del PIB en 1993 y en la Unión Europea el 28,8%. Por lo tanto, el diferencial era de 4,8 puntos. Pues bien, en 2000 el gasto social en España era del 20,1% y aunque el gasto de la Unión Europea se había reducido a un 27,3%. El diferencial había aumentado hasta los 7,2 puntos.

La propaganda neoliberal del déficit cero se había fraguado mediante una drástica reducción del gasto social en un contexto de crecimiento económico. En paralelo, se había utilizado de manera escandalosa el superávit de la Seguridad Social para cuadrar las cuentas del Estado, tapando el agujero de la reforma fiscal y transfiriendo recursos de la protección social a las rentas más elevadas. Por otra parte, la economía no crece de manera infinita sino que depende de los ciclos y de las fluctuaciones del mercado. Esa es una ley básica de la economía que parecieron obviar las élites del neoliberalismo. La crisis que vendría después no haría sino agudizar los problemas estructurales de la economía española y su fragilidad desde el punto de vista social y de empleo.

La destrucción de empleo es sin duda actualmente el mayor problema que afecta a la economía española y al conjunto de la clase trabajadora de nuestro país. Y el problema se hace aun más grande cuando la protección social es insuficiente para hacer frente a las necesidades de subsistencia de los desempleados y a las crecientes bolsas de pobreza. Un país que apenas gasta en protección social el 20% del PIB no puede afrontar en condiciones la mejora de las ayudas al desempleo, teniendo en cuenta además que el problema del desempleo en España es estructural y no obedece exclusivamente a la evolución de la economía.

Podríamos afirmar que el desempleo caracteriza el modelo económico español y que forma parte del mismo como uno de sus rasgos más visibles. Es cierto que el desempleo ha aumentado a causa de la crisis pero con anterioridad a la crisis el problema no era precisamente insustancial. No olvidemos que en los últimos quince años la cifra de parados apenas ha bajado de los 2.000.000de afectados llegando a alcanzar los 3.000.000 en fases de crecimiento económico.

En el tercer trimestre de 2008 se produce un punto de inflexión y el desempleo aumenta hacia cuotas históricas, pasando de 2.500.000 de parados a 4.000.000 en apenas año y medio. En una dinámica de socialización de las pérdidas y de sacrificio permanente de los trabajadores y trabajadoras es complicado atisbar a día de hoy cuando remitirá la situación. Los índices no parecen acompañar y en 2010 la destrucción de empleo no sólo no se ha frenado sino que se ha disparado, afectando muy especialmente a tres colectivos tan vulnerables como los jóvenes, las mujeres y la población inmigrante.

En la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año la tasa de desempleo se ha situado en el 20,05% y el número de parados ha alcanzado la cifra de 4.612.700 desempleados, 286.000 más que en el último trimestre de 2009, 602.000 más que hace doce meses y 2.000.000 más que hace un año y medio. Un país que genera 2.000.000 millones de desempleados en 18 meses es un país socialmente desestructurado y que adolece de políticas económicas activas que por lo menos puedan paliar la sangría en cuanto a destrucción del empleo. En tales circunstancias, España es un país socialmente enfermo al que ni siquiera se le administra el tratamiento ni los antídotos apropiados puesto que estos últimos son propuestos por los mismos que han provocado la enfermedad.

Decíamos en líneas anteriores que la protección social en España es insuficiente. En este caso, los intentos por mejorarla han sido infructuosos o cuando menos han significado un brindis al sol. Porque de infructuosa podemos calificar la ayuda de los 420 euros a los desempleados aprobada por el gobierno central el año pasado. Tal ayuda, concedida a los desempleados sin prestación económica desde el 1 de enero de 2009 no sólo es insuficiente desde una perspectiva material sino que además exige unos requisitos que buena parte de los afectados no pueden cumplir. Por ejemplo, la ayuda es incompatible con la percepción de otro tipo de prestaciones sociales o rentas mínimas y requiere no tener rentas superiores a 468 euros, es decir, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En el momento actual el gobierno central debería plantearse una ampliación de la renta activa de inserción de carácter universal si de verdad aspira a mejorar la situación insostenible de millones de trabajadores y trabajadoras que una vez superado el plazo máximo de prestación del desempleo carecen de ayuda o renta mínima alguna para subsistir. Recordemos que actualmente son ya 1.300.000 las familias españolas que tienen a todos sus miembros en el paro.

Se ha demostrado que las intenciones del gobierno central a la hora de luchar contra la crisis económica y el desempleo son las mismas recetas que propone la patronal. Tales intenciones se han puesto de manifiesto en dos proyectos del gobierno de Zapatero de marcado perfil neoliberal: por un lado, la propuesta de revisión del Pacto de Toledo y del sistema público de pensiones y por otro lado, el documento de reforma del mercado de trabajo presentado por el gobierno el pasado 12 de abril. Con el primero, el objetivo del gobierno es el de iniciar un proceso gradual hacia el empobrecimiento del sistema público de pensiones y reforzar el papel de la previsión social complementaria, aproximándose, así, a un modelo mixto basado en una seguridad social pública débil y de carácter asistencial y en una protección social de iniciativa privada. La raíz neoliberal del proyecto de revisión del sistema de pensiones se caracteriza por situar el debate en torno a los gastos y no en los ingresos, cargando sobre la clase trabajadora el incremento de los ingresos de la Seguridad Social mientras el pasado mes de julio el propio gobierno central planteó una reducción de las cuotas empresariales del 2%.

Retrasar por decreto la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el periodo de cálculo de cotización exigible para generar una pensión de los 15 años actuales a los 25 años son medidas profundamente antisociales que muestran la verdadera cara de un gobierno aliado con los intereses empresariales. Por ello, fue determinante el éxito de las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales en toda la geografía española el pasado 23 de febrero en protesta contra la reforma de las pensiones planteada por el gobierno.

Respecto al proyecto de reforma del mercado de trabajo presentado por el gobierno el 12 de abril a sindicatos y patronal, el ejecutivo central persigue una reforma laboral en toda regla con cuatro grandes ejes centrales como objetivos:

- Reducción de las indemnizaciones por despido. El gobierno pretende generalizar el contrato de fomento de la contratación indefinida (indemnización de 33 días) introducido en la reforma laboral de 1997 con la finalidad de reducir los elevados índices de temporalidad laboral. Éste contrato sustituiría progresivamente al contrato ordinario de 45 días de indemnización. En paralelo, el proyecto de reforma contempla la aplicación en España del llamado “modelo austriaco”, consistente en una nueva aportación mensual como indemnización por despido que genere una bolsa propiedad del trabajador resultante de un fondo empresarial pero que se nutre del salario del propio trabajador (en Austria la aportación es del 1,53% del salario bruto). Con tal medida, el gobierno español espera únicamente abaratar el despido pero parece ignorar que el modelo que se aplica en Austria se asienta sobre un Estado social muy superior al español. Por ejemplo, en Austria la tasa de desempleo es del 5% frente al 20% de España y en Austria la prestación por desempleo es indefinida. ¿Pretende también el gobierno del PSOE extrapolar la realidad social austriaca a la paupérrima realidad española o se trata sólo de reducir las indemnizaciones por despido?.

- Ampliación del contrato de formación. Esta medida la justifica el gobierno para mejorar los índices de empleo juvenil pero sin atender a la precariedad que comporta un tipo de contrato exento de los topes salariales pactados en los convenios y que no genera derecho al desempleo ni a la jubilación. El gobierno aspira a incrementar la edad límite para acceder al contrato de formación, pasando de los actuales 21 años hasta los 24 años.

- Supresión de las restricciones a las ETT´S. Mediante el proyecto de reforma, el gobierno afirma su predisposición a eliminar las trabas legales hacia las empresas de trabajo temporal (ETT,S). Por ejemplo, se propone extender las ETT´S a sectores como la construcción donde su implantación era muy limitada. Al mismo tiempo se potencian las empresas privadas de recolocación.

- Mayor flexibilidad en los contratos a tiempo parcial. El objetivo del gobierno en este punto es la desregulación completa de la jornada laboral de los trabajadores contratados a tiempo parcial de manera que las empresas puedan modificar los horarios de trabajo a su antojo y con un mínimo preaviso a determinar y en el que se podrían incluso acordar la aplicación de horas extras.

En definitiva, estamos frente a una reforma laboral profundamente lesiva contra los intereses de la clase trabajadora. La actitud de rechazo de los sindicatos de clase a las medidas del gobierno central obligan a replantear un nuevo escenario y unas nuevas pautas en la mesa del dialogo social. El gobierno ha de cambiar los parámetros de la negociación si pretende llegar a un acuerdo y si de verdad espera acabar con los desajustes sociales y con la destrucción de empleo, ha de encarar la negociación desde una perspectiva social y de impulso de política laborales activas que fomenten la creación de empleo sin perdida de derechos, mejora de la protección social, defensa del sistema público de pensiones, aplicación de políticas fiscales progresivas, etc.

Las 100 propuestas de Izquierda Unida para una salida social de la crisis, presentadas por la organización el pasado mes de febrero son sin duda un gran eje con el que trabajar y proponer alternativas a la ofensiva neoliberal de la patronal y del gobierno. Exigir la causalidad en los contratos temporales, el aumento progresivo del salario mínimo interprofesional hasta un 60% del salario medio o la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas sin merma salarial son propuestas tangibles sobre una base real, la necesidad, por un lado, de controlar la contratación temporal y por otro lado, de mejorar el poder adquisitivo de los colectivos más frágiles. La creación de empleo es sin duda el otro gran reto y para hacerlo hacen falta recursos económicos. Izquierda Unida propone un fondo de 10.000 euros más 1.800 de la Comunidades Autonomías para acometer un plan activo de creación de puestos de trabajo, lejos de la eventualidad del Plan E y de las palabras hueras del gobierno en materia de empleo. La izquierda sindical y política ha de pasar a la acción y ha de hacerlo sin complejos. Es necesario un rearme ideológico desde la izquierda. Un rearme que impulse conjuntamente el diálogo social y la movilización. Se ha puesto de manifiesto que la movilización de los trabajadores y trabajadoras ha supuesto un acicate y una motivación extra para mantener la posición de firmeza de las organizaciones sindicales en la mesa de negociación. Esa es la línea a seguir.

Hace pocas semanas, el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Carlos Alfonso Mellado, publicaba en la Fundación 1º de Mayo de CCOO un estudio en el que se afirmaba una gran verdad: la solución a la crisis no es la reforma laboral que “tantas voces acreditadas” demandan con gran ahínco y no lo es porque la crisis no tiene su origen en el mercado de trabajo sino en un colapso de los mercados financieros internacionales (y en el caso de España, en el estallido de la burbuja inmobiliaria y a causa de un modelo productivo basado en sectores muy vulnerables). Por lo tanto, la alternativa no está en la reforma de ese mismo mercado de trabajo y menos aún si la reforma se asienta en abaratar el despido o en flexibilizar aún más las relaciones laborales en el marco de la empresa.

En cualquier caso y a la vista de la coyuntura actual, el gobierno central parece ignorar la situación de precariedad laboral y social millones de ciudadanos y ciudadanas. El reciente anuncio del gobierno de realizar un ajuste que afectará al salario de los funcionarios, a las pensiones y la futuro de la prestación por maternidad suponen un duro golpe a un Estado social y del bienestar ya de por sí frágil. En concreto, el gobierno aplicará en 2010 una reducción salarial del 5% y la congelación del sueldo en 2011 en la función pública. Así mismo, en 2011 se congelará la revalorización de las pensiones, excepto las no contributivas y las mínimas, a la vez que se suprimirá el régimen transitorio de la jubilación parcial. Además se eliminará el carácter retroactivo de las ayudas de la ley de dependencia y en 2011 se suprimirá la ayuda de 2.500 euros por maternidad. Por último, el gobierno reducirá en 6.045 millones de euros la inversión pública estatal entre 2010 y 2011, periodo en el que también se aplicará un recorte de 600 millones en la ayuda oficial al desarrollo. Es decir, más jarabe de palo contra la clase trabajadora. Frente a ello, no nos queda otra salida que manifestar nuestro rechazo, salir a la calle en el contexto de una movilización general y recuperar el diálogo social desde la exigencia de dar una salida a la complicada situación que atraviesan millones de ciudadanos y ciudadanas. La respuesta de las organizaciones sindicales y políticas ha de ser contundente y para ello se han de preparar las condiciones, despojándose de ciertas rémoras y aspirando a algo más que gestionar los efectos de la crisis. Y lo diremos cuantas veces haga falta: que la crisis la paguen quienes la han provocado. Mientras no se resuelva tal necesidad, el conflicto social estará servido.

Documento aprobado en el plenario del Mundo del Trabajo del PSUC viu.

Barcelona, 15 de mayo de 2010.

viernes, 14 de mayo de 2010

El PSUC viu en contra de las medidas de ajuste que quiere aplicar el gobierno a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país


El PSUC viu se manifiesta en contra de las duras medidas de ajuste que quiere llevar a cabo el Gobierno, porque representan un duro ataque a los trabajadores y trabajadoras, a los pensionistas y a los ciudadanos y ciudadanas en general. Estas medidas suponen un recorte de los salarios (funcionarios) y una clara vulneración de las condiciones contractuales pactadas con el Gobierno. Supone una congelación de la pensión a una parte importante de este colectivo, los pensionistas, porque a pesar de anunciarse que la medida no se aplicará a las pensiones mas bajas, no sabemos como se cuantificarán las pensiones mínimas. Supone un recorte de derechos para el colectivo de trabajadores que están en edad de la jubilación parcial, ya que las medidas que se tenían que establecer de forma progresiva hasta el año 2013 (61 años y 15 años de cotización mínima), se aplicarán ya con el consiguiente prejuicio para estos trabajadores y para los jóvenes, el colectivo mas castigado por la crisis, que verán frustradas las posibilidades de incorporación al mundo laboral.

Pero también supone la eliminación de ayudas (cheque bebes) dependencia y desarrollo y la reducción de inversión en obras publicas que conllevará una reducción de puestos de trabajo en la construcción.

Este plan de ajustes puede significar que el dialogo social, entre en una situación complicada, ya que depende de la respuesta que se dé en la calle. Si la repuesta es contundente, se podrá seguir negociando en base a las propuestas de los Sindicatos, pero si la repuesta es tibia, la Reforma Laboral puede ser mas dura e impuesta.

Por todo ello, es necesario caminar y crear las condiciones para una movilización general.

El PSUC viu llama a toda su militancia para apoyar todas las movilizaciones y acciones que convoquen los Sindicatos.

¡NO AL PLAN DE AJUSTE¡ ¡NO AL ZAPATAZO DEL GOBIERNO¡ ¡CONTRA LA AGRESION, MOVILIZACION..¡


14 de mayo de 2010.

jueves, 29 de abril de 2010

1º de mayo: por una salida social de la crisis


Desde el PSUC viu celebramos este año el 1º de mayo, día de la clase trabajadora, preocupados por la actual situación económica y social, porque la crisis, que tan gravemente está perjudicando a los trabajadores y trabajadoras, no sólo remite sino que en los últimos meses se está recrudeciendo, especialmente en cuanto a la destrucción de puestos de trabajo. El desempleo sigue aumentando de manera galopante y parece no tener techo. Por ejemplo, en el mes de marzo fueron 35.988 trabajadores/as más los que incrementaron la cifra de parados, lo que supone según datos oficiales, que la tasa de desempleo se haya situado en un alarmante 18,8% con un total de 4.166.613 parados/as, la cifra más alta desde 1996. En este sentido, España sigue siendo el país de la Unión Europea donde más se están notando las consecuencias de la crisis, no en vano, desde que se iniciara la crisis el número de parados/as ha aumentado en un 141%, el triple que en Italia o Gran Bretaña.

Frente a ello, los antídotos del gobierno central del PSOE ahondan en las políticas económicas de los últimos años abrazando las tesis neoliberales de la patronal. Unos antídotos que persiguen precarizar aún más las condiciones de la clase trabajadora a la vez que los verdaderos responsables de la crisis siguen endureciendo el discurso en su ofensiva contra la protección social, despidiendo masivamente, cerrando empresas y apostando por la rebaja de los derechos sociales como alternativa a la crisis. La reciente propuesta de revisión del sistema público de pensiones, basada en retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el periodo de cálculo de cotización de los 15 años actuales hasta los 25 años, pone de manifiesto hasta que punto coinciden las estrategias y los análisis económicos del gobierno central y de la CEOE.

Desde el PSUC viu no olvidamos las elevadas tasas de temporalidad, precariedad y siniestralidad laboral, puntos negros sobre los que se tejen los déficits de nuestro mercado de trabajo y que ya estaban presentes con anterioridad a la crisis económica. En el seno de la Unión Europea, España es el país líder en precariedad laboral y en cualquier estudio publicado en los últimos años así se atestigua. Y cuando hablamos de precariedad nos referimos a la insuficiencia del Estado Social en España. No entendemos que en el contexto actual, el gasto en protección social en España haya bajado en 2009 hasta el 20´9% del PIB. Con ello, se ensancha aún más la brecha que separa a España del resto de países de la Zona Euro donde la media en protección social supera el 30% del PIB. Así mismo, no ignoramos la doble explotación que sufren millones de trabajadores y trabajadoras por condición de género, edad u origen cultural y es por ello que desde el PSUC viu hemos denunciado las desigualdades de género en el ámbito del trabajo, las dificultades en la inserción laboral de los jóvenes o el trato discriminatorio hacia la población trabajadora inmigrante

Desde el PSUC viu consideramos que ha llegado el momento de salir a la calle y dejar claro tanto al gobierno del PSOE como a la clase empresarial que la crisis no puede seguir pagándola la clase trabajadora. Urge una gran movilización social por el empleo y la protección social que fuerce al gobierno central a la adopción de medidas a favor de la creación de puestos de trabajo y al desarrollo de políticas sociales basadas en la recuperación del sector público de la economía, que mejoren la protección hacia los millones de desempleados y de familias que carecen de una ayuda económica que les permita subsistir. Creemos que la salida de la crisis económica ha de plantearse desde un enfoque social y democrático que atienda a las necesidades de los trabajadores/as y de los más necesitados. Del mismo modo, hacemos un llamamiento a las organizaciones sindicales para que prosigan en su defensa del empleo, de los salarios y del sistema público de protección social. Finalmente, emplazamos a nuestra militancia y al conjunto de la ciudadanía a participar activamente en las manifestaciones del 1º de mayo.

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA!, ¡VIVA EL 1º DE MAYO!.

Secretaría Política del PSUC viu.
26 de abril de 2010.

miércoles, 10 de marzo de 2010

Pensiones, salarios y negociación colectiva en Seat


Documento en PDF

"Economistas de otra galaxia"

La receta no es nueva ni es original. Las voces más cercanas al neoliberalismo dentro y fuera del gobierno del PSOE ganan cada vez más influencia y su exigencia es clara y precisa: hay que revisar el sistema público de pensiones alargando la edad de acceso a la jubilación hasta los 67 años y es necesario bajar los salarios a fin de mejorar los índices de productividad de la economía española. Sobre la reforma de las pensiones el debate está abierto y es de plena actualidad, habiéndose centrado la atención mediática en la ampliación de la edad de jubilación si bien la propuesta del gobierno contiene otra serie de medidas igualmente regresivas para la clase trabajadora. Por ejemplo, se propone la ampliación del periodo de cálculo de cotización exigible para generar una pensión, pasando de los 15 años actuales a los 25 años. Asimismo, el documento refuerza el papel de la previsión social complementaria, abriendo el camino hacia la consolidación de un sistema mixto de protección social, por un lado, una seguridad social débil y meramente asistencial y por otro lado, una protección social alternativa de iniciativa privada. En este sentido, es aceptable una previsión social complementaria ligada a planes de pensiones de empresa con control sindical pero en absoluto podemos aspirar al modelo anglosajón de pensiones basado en la necesidad de contratación de planes de pensiones privados. Tal pretensión parece ser la del gobierno central ya que mientras se revisan a la baja las pensiones públicas se siguen financiando los planes de pensiones privados de las rentas más elevadas.

Pero realmente ¿está en peligro el sistema público de pensiones en España?. La revisión del pacto de Toledo propuesta por el gobierno central alude a la sostenibilidad y al futuro del sistema, no en vano, sobre tal directriz se cimentó el primer pacto firmado en 1995. La preocupación por el futuro de nuestro sistema público de pensiones no sólo es legítima sino necesaria, y en los últimos años el movimiento sindical y en especial CCOO ha sido corresponsable con la situación. Por ejemplo, habrá que explicar que el sistema de pensiones ha sido flexible en los últimos años de modo que ha permitido jubilaciones anticipadas con penalización y jubilaciones más allá de los 65 años con una ligera bonificación. No obstante, advertimos en esta ocasión un análisis deliberadamente desproporcionado del gobierno a fin de propiciar un clima de alarma entre la población española sobre el futuro de las pensiones. La situación, por el contrario, es otra y no tan dramática. Cabe destacar que la Seguridad Social registró en 2009 un superávit de 8.502 millones de euros y en 2010 prevé uno de 2.000 millones de euros. Las arcas, por consiguiente, parecen estar saneadas.

Al mismo tiempo, el gobierno cuestiona la viabilidad futura del sistema de pensiones con motivo de la ampliación de la esperanza de vida entre la población española en el periodo 1980-2005, habiendo pasado de 76 a 80 años. Claro que tal argumento es una media verdad puesto que la mejora en la esperanza de vida de los españoles en los últimos 25 años se ha debido no tanto a que los pensionistas vivan cuatro años más sino a una reducción importante de la tasa de mortalidad infantil. En cambio, nada se dice de la diferencia de 10 años de la esperanza de vida en España entre los más ricos y los más pobres, siendo ésta de 7 años en la Unión Europea.

En definitiva, el gobierno trata de colar una reforma de las pensiones por la vía de la reducción de gastos cuando el debate debería situarse en los ingresos. Bajo el pretexto de salvar el sistema público de pensiones se persigue endurecer el periodo de cálculo y los requisitos de acceso a una pensión, “mileurizar” las pensiones públicas más altas y orientar la protección social hacia la empresa privada para aquel que pueda pagarla, desgravando hasta 10.000 euros al año en el IRPF. Los objetivos de fondo posiblemente sean éstos y no tanto el de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, una propuesta obviamente impopular que ha servido al gobierno de escudo mediático para que no transcendieran públicamente otras propuestas que no dejan de ser la esencia de la revisión que se propone del pacto de Toledo.

Al contrario que la reforma de las pensiones, sobre la cuestión salarial no se ha teorizado tanto y de alguna manera el debate ha pasado casi inadvertido. El gurú y economista de cabecera de Zapatero, el premio Nóbel de economía de 2008, Paul Krugman, ya advirtió en su momento que España debería someterse a una profunda devaluación interna con recortes de salarios y precios para poder salir de la crisis económica ya que no podía esperar ayudas de la Unión Europea. En paralelo, el comisario europeo de Asuntos Económicos, el socialista Joaquín Almunia, alertó hace unos meses sobre la necesidad de tener en cuenta la baja productividad de la economía española a la hora de calcular los salarios, evitando que los salarios se situaran por encima de la productividad, circunstancia que según Joaquín Almunia provocaría la pérdida de competitividad de la economía española. El caso es que en los últimos años los salarios no han estado por encima de la productividad, y menos aún de los beneficios de las empresas, sino más bien al contrario. Recordemos que en los años de bonanza de la economía española, durante el periodo 1999-2006 los beneficios empresariales crecieron hasta el 73% mientras la clase trabajadora perdía poder adquisitivo, entorno a un 4% menos. Es decir, no sólo crecieron los beneficios empresariales por encima de los salarios sino que la diferencia entre ambos fue realmente abismal.

La receta clásica, y utilizada hasta la saciedad durante la crisis post-92, fue la de devaluar la moneda nacional. Pero como es lógico ésta es una medida imposible desde que desapareciera la peseta y entrara en escena el euro, y como no era posible devaluar la moneda hallaron la solución en aplicar el tijeretazo en los salarios de la clase trabajadora. Ese ha sido durante años el manual del ministerio de economía y el de una patronal anquilosada en los usos y maneras del desarrollismo de los años 60. Jamás escucharon las advertencias de los economistas alejados del pensamiento único, a los que Felipe González acusaba en su época de “no ser de izquierdas ni de derechas sino simplemente de otra galaxia”.

Una vez explotó la burbuja inmobiliaria y se derrumbó como castillo de naipes la frágil estructura de la economía española, basada en la especulación y en la construcción, los apóstoles de la competitividad fijaron de nuevo su atención en los salarios. La consigna era la de recortar salarios con el objetivo de ganar en competitividad. ¿Pero competitividad con quién?. Por supuesto, no con Alemania, Francia o Gran Bretaña, tres países con salarios muy por encima de los salarios españoles y que sin embargo también nos ganan en productividad. Pero cuando en España se habla de mejorar la productividad siempre se piensa en la reducción de los salarios prácticamente como la única alternativa. No se habla de aumentar la productividad con una nueva política económica e industrial que dé sus resultados a medio plazo ni tampoco se aconseja invertir la política fiscal que en los últimos 20 años han dejado las cuentas públicas tan débiles como un geranio ante el huracán de la crisis económica. Desde CCOO hace años que se viene haciendo hincapié en la necesidad de impulsar un nuevo modelo productivo más encarado hacia la industria como sector estratégico, el I+D+i, y la incorporación de actividades de un mayor valor añadido. Así se gana en productividad. Sin necesidad de emigrar hacia otra galaxia.

"En economía la mayoría siempre se equivoca"

El episodio de la congelación salarial en Seat demuestra claramente como en época de crisis económica se necesita una referencia que marque el camino a seguir. A principios de 2009 y una vez superado el marco del XVII Convenio Colectivo, vigente entre 2004 y 2008, el salario de los trabajadores de Seat queda congelado a falta de un convenio nuevo que regule los incrementos salariales de acuerdo con la evolución del IPC. Recordemos que en 2009 el gobierno central no hace público el IPC previsto, una referencia que en los últimos años se había situado en el 2%, en sintonía con los objetivos inflacionistas del Banco Central Europeo, y que iba asociada en materia salarial a la mayoría de convenios colectivos. El mismo XVII Convenio Colectivo de Seat utilizaba la referencia del IPC previsto con cláusula de revisión salarial para adecuar los incrementos salariales al IPC real. Pero en 2009 no hay nuevo Convenio Colectivo de Seat, ni proceso de negociación en marcha, y por lo tanto, no hay subida salarial, un contexto que aprovechará la dirección de la empresa para supeditar la viabilidad y el futuro de la marca a la reducción de los costes salariales.

En esta coyuntura, en febrero de 2009 el IPC se situó en el 0,7% de la tasa interanual al bajar un 0,1% respecto al IPC de enero. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), la tasa interanual de febrero de 2009 marcaba su nivel más bajo en los últimos cuarenta años, en una deriva que supuestamente había de culminar en deflación y en el consiguiente desplome del IPC. A la vista de la situación, la dirección de Seat mueve inmediatamente a sus peones. El 26 de febrero en el seno de un Comité Intercentros, y tras una intensa campaña mediática en la prensa, la dirección informa a las organizaciones sindicales de Seat que la posible fabricación del modelo Audi Q3 en la planta de Martorell está condicionada a la reducción de costes y al aumento de la rentabilidad del Grupo Seat. En concreto, la dirección de Seat, al alimón con las directrices que emanan de Volkswagen, propone a la representación social las siguientes medidas a cambio de la asignación del nuevo modelo:

• Mantenimiento del empleo en los próximos dos años (2009 y 2010).
• Congelación salarial a las plantillas del Grupo Seat durante dos años (2009 y 2010).
• Presentación de un ERE temporal de dos años (2009 y 2010) condicionado a la asignación del nuevo modelo y hasta la fabricación del mismo (2011).
• Inversión de 300 millones de euros destinados a la fabricación del modelo Audi Q3.

Curiosamente, el mismo 26 de febrero la Sección Sindical de UGT-Seat publica una hoja informativa en la que no sólo se hace eco de las propuestas de la dirección de la empresa sino que ejerce de portavoz de las mismas. La UGT en su hoja apunta a que mientras en el resto de las empresas del sector las direcciones empresariales no sólo se conforman con una reducción salarial, sino adelgazan sus plantillas todo lo que pueden. Por ello, la UGT afirma que la situación en Seat es diferente ya que estamos hablando de fabricar un nuevo modelo y garantizar el empleo en el Grupo Seat a cambio de una congelación salarial de dos años. Y sino queda clara cual es la posición de UGT, en el penúltimo párrafo afirman lo siguiente: Ante estas y otras perspectivas UGT valorará la mejor vía para salvaguardar los puestos de trabajo, aunque sea con el sacrificio de toda la plantilla ya que esto es solidaridad con compromiso de futuro, y no demagogia la cual nos podría arrastrar y desembocar a situaciones no deseadas, por lo menos por este sindicato.

Entre la dirección de Seat y la UGT se estaba abonando el terreno para acordar dos años de congelación salarial. Por otra parte, en marzo de aquel mismo año el IPC cae en picado y se rebasa el umbral de la deflación, situándose la tasa interanual en el -0,1%, es decir, sólo en un mes el IPC se redujo en 0,8%. Se trataba sin duda del mejor escenario para justificar un acuerdo de congelación salarial con la contrapartida de la adjudicación de un nuevo modelo. El 9 de marzo se reúne el Comité Intercentros de Seat y la dirección de la empresa solicita a la representación social cual es su respuesta a las propuestas del 26 de febrero. La UGT responde que aún considerando excesivas las propuestas de la empresa, entiende que lo prioritario es buscar soluciones que permitan evitar situaciones irreversibles para toda la plantilla aún más cuando le consta, por informaciones recibidas de VW, que el nuevo modelo aún no ha sido adjudicado.

Dicho esto, la UGT propone mantener las tablas salariales de 2008 en 2009 y el incremento del 50% del IPC previsto en 2010. Para 2011 la UGT propone un incremento salarial tomando como base el IPC, más un posible porcentaje a negociar en función de los IPC reales de 2009 y 2010, y teniendo en cuenta la situación económica de la empresa. Finalmente, para 2011 la UGT propone la percepción de una paga no consolidable y condicionada a los resultados financieros de la empresa de un mínimo de 200 euros. Con ello, la UGT proponía una congelación salarial en toda regla y una recuperación del poder adquisitivo supeditada siempre a la cuenta de resultados de la empresa. Añadir que la UGT propuso la celebración de un referéndum entre la plantilla de Seat con el fin de legitimar su batería de propuestas en materia salarial.

Frente a ello, la posición de CCOO en el Comité Intercentros del 9 de marzo fue la de exigir que la plantilla del Grupo Seat en ningún caso perdiera poder adquisitivo consolidado en tablas durante la vigencia del acuerdo (IPC reales de 2009, 2010 y 2011). Asimismo, desde CCOO propusimos la percepción durante el acuerdo de las cantidades dejadas de ingresar en aplicación de la cláusula de revisión del XVII Convenio Colectivo, reclamando la reactivación de la misma cláusula una vez finalizada la vigencia del acuerdo en 2012. Respecto a la celebración del referéndum, desde CCOO, y aún estando de acuerdo con la consulta a la plantilla, alertó sobre la necesidad de realizar una pregunta clara y que el redactado de la misma se decidiera en el seno del Comité Intercentros.

A la sazón, la propuesta de UGT no garantizaba la recuperación del poder adquisitivo en 2011 tras dos años de congelación salarial, porque la recuperación no se consolidaba en tablas salariales y porque se condicionaba a la evolución positiva de los resultados financieros de la empresa. Al contrario de la UGT, la propuesta de CCOO exigía en todo momento no perder poder adquisitivo en el transcurso de los tres años de vigencia del posible acuerdo, consolidando los incrementos salariales en tablas y sin supeditar tal exigencia al balance económico de la empresa.

El 18 de marzo se celebró el referéndum votándose la propuesta que la UGT presentó en el Comité Intercentros del día 9. En los días precedentes a la consulta, la UGT se había encargado de avivar el miedo entre la plantilla al situar la congelación salarial como la única alternativa al despido seguro de miles de trabajadores y trabajadoras del Grupo Seat. Incluso en los medios de comunicación el referéndum de Seat propició la profusión de encuestas en tertulias y diarios con la pregunta de rigor: ¿entre congelarse el sueldo y perder el puesto de trabajo, qué elegiría usted?. Porque en realidad, el referéndum del 18 se presentó como un dilema entre salario y empleo. Todos los resortes, sindicales, empresariales, mediáticos y políticos, amplificaron el eco atronador del miedo a los despidos y al futuro de Seat como marca viable. El 11 de marzo el editorial de El Periódico de Catalunya (La plantilla de Seat tiene la palabra) decía lo siguiente: Aunque entendemos que las dinámicas sindicales en las empresas son complejas y que los trabajadores, en general, son los grandes afectados por esta profunda crisis, sería una desgracia dejar pasar esta oportunidad por una leve pérdida de poder adquisitivo de la plantilla. Los tiempos son muy duros y todas las partes implicadas deben mantener la cabeza fría para que los costes sociales sean los menos posibles.

Como era de esperar, el referéndum sirvió para que la UGT se diera un baño de masas y para que la propuesta de congelación salarial recabase un amplio respaldo. El voto afirmativo obtuvo el 65,17% de los votos frente al 31,3% de votos en contra y el 3,5% de votos nulos o en blanco. Decía J.K Galbraith que “en economía la mayoría siempre se equivoca”, y sin dar ni quitar la razón al ilustre economista canadiense, y aún habiéndonos opuesto a la congelación salarial propuesta por la UGT, creemos que la reacción de la mayoría de la plantilla de Seat fue comprensible. Cuando a una plantilla se le coloca la espada de Damocles de elegir entre congelarse el sueldo o perder el empleo es de prever que opte por la primera opción. Lo que ya no es tan comprensible fue la ligereza con la que UGT aceptó los argumentos de la dirección de Seat favorables a la contención salarial a cambio de una promesa hueca. Porque es iluso pensar que la fabricación del modelo Audi Q3 se deba a que la plantilla de Seat se haya congelado el salario durante dos años. En Seat la masa salarial de la plantilla apenas representa el 7% del valor final del producto y en concreto la congelación salarial para 2009 y 2010 le supone a la dirección de Seat un ahorro escaso de 5 millones de euros, en una estimación al alza.

Es evidente que a la hora de asignar la fabricación de un modelo a un centro de trabajo, se siguen otra serie de criterios, ya sean en el ámbito del ahorro de costes como en el ámbito técnico y profesional. Del primero, hay que constatar una realidad que es irrefutable: el auténtico ahorro de costes para Seat no ha venido de la congelación salarial sino de la subvención económica recibida de la administración pública, entorno a 300 millones de euros, en concepto de las ayudas al sector de la automoción (Plan de Competitividad del Sector de Automoción) aprobadas por orden ministerial en 2009. Ayudas, que por cierto, están supeditadas a la no aplicación de despidos en los próximos años por parte de la empresa receptora.

Recordemos dos de las propuestas que la dirección de Seat presentó en el Comité Intercentros del 26 de febrero:

• Mantenimiento del empleo en los próximos dos años (2009 y 2010).
• Inversión de 300 millones de euros destinados a la fabricación del modelo Audi Q3.

Curiosamente, la inversión de 300 millones de euros no salió de las arcas de la empresa sino de la administración, justamente los 300 millones percibidos del plan de competitividad del sector de la automoción con la condición de no aplicar despidos y por lo tanto, de mantener el empleo. Pero lo más trágico fue que en enero de 2010 la dirección de Seat decidió de manera unilateral el despido de más de 200 trabajadores/as del personal indirecto.

Respecto a los criterios del ámbito técnico y profesional, recordemos que fue el propio presidente de Audi, Rupert Stadler, quien admitió que las razones para asignar el modelo Audi Q3 a Seat se debían a la calidad, productividad y cualificación de la planta de Martorell. El anuncio, que se hizo público el pasado 21de abril por medio de la intranet de Audi casi un mes después del referéndum, desmontó por completo la idea generalizada de que la fabricación del muevo modelo en Seat iba a ser posible gracias a la congelación salarial. Si Seat competía con plantas como Gyor (Hungría) o Bratislava (Eslovaquia) a la hora de fabricar el Audi Q3 es indudable que la ventaja de Martorell residía en la calidad y la cualificación de la planta y no tanto en los costes salariales. La congelación salarial de Seat no es más que una cuestión política, una estrategia empresarial para condicionar la negociación del próximo Convenio Colectivo. Ya en la negociación del XVII Convenio Colectivo, uno de los objetivos de la dirección de Seat fue la de recortar la masa salarial de la plantilla vía supresión de la cláusula de revisión salarial y del plus de festivos. La congelación salarial en Seat es una cuestión política como también lo es que les suban el salario a los trabajadores alemanes de Volkswagen. En septiembre de 2009 la dirección de la multinacional llegó a un acuerdo con el sindicato alemán IG Metall por el cual se incrementaba en un 4,2% el sueldo de los 95.000 empleados de las seis plantas alemanas de Volkswagen. Habrá que pensar que el consorcio no trata por igual a las colonias a que la metrópoli o habrá que pensar que efectivamente el salario no determina la viabilidad industrial ni los volúmenes productivos de los centros de trabajo de Grupo Volkswagen.

Lo diremos sin ambigüedades: la experiencia de la congelación salarial en Seat ha sido y es un fraude sin precedentes. Eso es algo que no podemos ignorar ni maquillar, máxime cuando estamos en 2010 y la plantilla no ha visto mejorado su nivel salarial en los términos que proponía la UGT para el presente año: incremento del 50% del IPC previsto. Ello unido a los despidos de enero de 2010 ha avivado una sensación de debilidad sindical y política frente a la petulancia de la empresa, la cual, con o sin oposición, va haciendo camino y alcanzando las metas que se propone. Desde el movimiento sindical de Seat y desde las instituciones se han cometido errores y ahora se trata de corregirlos. Se han equivocado y el tiempo así lo ha demostrado. Y si por mayoría entendemos la UGT, la Generalitat de Catalunya, el gobierno central, los medios de comunicación y la opinión pública en general, pues tendremos que darle, muy a pesar nuestro, la razón a J.K Galbraith.

"La negociación colectiva es nuestro objetivo"

Como decíamos en líneas anteriores, estamos en 2010 y la plantilla de Seat continúa perdiendo poder adquisitivo sin haber percibido ni siquiera el incremento salarial propuesto por la UGT en el Comité Intercentros en el Comité Intercentros del 9 de marzo de 2009 y ratificado por la plantilla en el referéndum del mismo mes. Claro que habrá que explicar a los trabajadores y trabajadoras de Seat que no existen los acuerdos del Audi Q3 ya que la propia dirección de la empresa manifestó que la propuesta de congelación salarial para 2009 y 2010 aceptada en el referéndum de marzo no se ajustaba a la planteada por la dirección en el Comité Intercentros del 26de febrero (acta del Comité Intercentros del 20 de marzo de 2009). En todo caso, si a día de hoy la plantilla de Seat sigue padeciendo la congelación de su nivel salarial, se debe no sólo a las propuestas incumplidas, sino a la falta de un nuevo Convenio Colectivo que regulara los incrementos salariales desde 2009. Teniendo en cuenta tal situación, se nos antoja como una prioridad inaplazable la negociación del XVIII Convenio Colectivo de Seat

La negociación del Convenio Colectivo no se puede postergar más y ha de tener como eje central la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2009 y 2010. Es el momento y la situación general del país y de la industria no ha de suponer un obstáculo sino más bien un estímulo. Creemos que el mejor instrumento del que disponen la clase trabajadora y las organizaciones sindicales para hacer frente a la crisis económica es la negociación colectiva. Así se desprende, por ejemplo, del reciente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, vigente para el periodo 2010-2012 y que supondrá la mejora del nivel salarial de millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. El acuerdo establece incrementos salariales con una tendencia evolutiva y al alza: un 1% en 2010, entre el 1% y el 2% en 2011 y entre el 1,5% y el 2,5% en 2012, incluyendo la activación de una cláusula de garantía salarial que atenderá a la diferencia entre el incremento salarial pactado en el Convenio Colectivo y la inflación real. El acuerdo es un paso adelante en un contexto de crisis económica y de destrucción del empleo a la vez que reivindica el papel de la negociación colectiva como herramienta de avance social después de un año como 2009 caracterizado por el bloqueo por parte de la patronal de la negociación colectiva y de la cuestión salarial.

El acuerdo firmado en el ámbito confederal debería servir como acicate para activar la negociación del XVIII Convenio Colectivo de Seat. Una empresa como Seat no puede ser un oasis en el marco actual del dialogo social y menos aún en el aspecto salarial, un elemento que históricamente había diferenciado a Seat, otorgándole un perfil de empresa con un nivel salarial por encima de la media del sector industrial. Como tampoco la acción sindical en Seat puede ser ajena a la estrategia en materia salarial que emana del confederal. Con lo cual, en Seat nuestro sindicato ha de reclamar aquello que CCOO está reclamando en el resto de empresas y sectores: la negociación del Convenio Colectivo. Ese es nuestro objetivo. Porque el Convenio Colectivo es la única vía posible para evitar que la plantilla siga perdiendo poder adquisitivo. Y después del fiasco de la congelación salarial, donde CCOO mantuvo una posición correcta como sindicato de clase, planteamos que el proceso de negociación del nuevo Convenio Colectivo sea liderado por CCOO.

Para ello necesitamos un sindicato integrador y cohesionado en lo interno y disciplinado en lo orgánico, entendiendo lo orgánico como el resultado de un debate participativo y plural. Necesitamos las CCOO herederas de las luchas obreras de Seat y adaptadas, al mismo tiempo, al cambio sociológico y generacional que se ha producido en Seat en los últimos años. Un sindicato ha de evolucionar conforme evoluciona la sociedad, la clase trabajadora y su propia afiliación. Asimismo, un sindicato también ha de evolucionar conforme evoluciona el mundo de la empresa, el cual ya no tiene nada que ver con la vieja empresa fordista, ni a nivel organizativo ni productivo. Decía Ignacio Fernández Toxo en el IX Congreso Confederal de CCOO que no podíamos seguir dirigiendo el sindicato con las mismas concepciones que hace 15-20 años porque la realidad era hoy bien distinta. Ese es un reto que ha de afrontar y superar las CCOO de Seat en el camino hacia una nueva etapa sindical. En definitiva, sólo con la referencia de unas CCOO fuertes y sólidas se podrá encarar con las máximas garantías la negociación del XVIII Convenio Colectivo, un proceso que se vislumbra duro y complejo. Es por lo tanto el momento de pasar a la ofensiva y de ser firmes en la defensa de los intereses de la clase trabajadora de Seat.

La recuperación del poder adquisitivo de 2009 y 2010, la regulación de los incrementos salariales para los próximos años con la referencia del IPC previsto y con cláusula de revisión salarial según el IPC real, el mantenimiento del 100% del plus de festivo, la dignificación de la categoría de ingreso (nivel salarial de especialista u oficial de 3ª), la activación voluntaria de los trienios para el personal acogido desde 2002 al plan de pensiones del Grupo Seat, la suficiencia de la flexibilidad pactada en el XVII Convenio Colectivo, la regulación de las cargas de trabajo (no se puede negociar con la salud de los trabajadores ni se puede incrementar la productividad a costa del trabajador) o la ampliación y mejora de los permisos retribuidos son algunas de las propuestas que se han de trabajar desde CCOO en línea con nuestros documentos aprobados colectivamente y con las necesidades de la plantilla de Seat.

Pedro Luna Antúnez. Miembro de la Ejecutiva y del Consejo Intercentros de CCOO-Seat.

Óscar Guardingo Martínez. Miembro del Consejo Intercentros de CCOO-Seat.

Hospitalet de Llobregat, 8 de marzo de 2010.

martes, 9 de febrero de 2010

El PSUC viu rechaza la ampliación de la edad de jubilación


Desde el PSUC viu mostramos nuestro rechazo a la propuesta del gobierno central de ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años de edad. La medida, aprobada por el consejo de ministros el 29 de enero, será debatida en el congreso en el seno de la comisión del pacto de Toledo, acuerdo firmado en 1995 y renovado en 2002, con el planteamiento de hacer más contributivo y sostenible el sistema público de pensiones, asegurando así su futuro y viabilidad. Sin embargo, el gobierno central se equivoca, deliberadamente o no, cuando cuestiona el futuro de las pensiones y propicia un estado de alarma entre la población española a fin de legitimar una propuesta profundamente retrograda e innecesaria.

El retraso del acceso a la jubilación es una medida innecesaria cuando resulta que la Seguridad Social registró en 2009 un superávit de 8.502 millones de euros, el equivalente al 0,8% del PIB. Es una medida innecesaria si tenemos en cuenta que ya existe un sistema de pensiones flexible que permite al mismo tiempo jubilaciones anticipadas con penalizaciones en la pensión y la posibilidad de permanecer en el mercado laboral más allá de los 65 años, con una ligera bonificación en la pensión. En este sentido, el sistema está compensado. Asimismo, es una medida retrograda, una más del gobierno del PSOE en materia laboral, porque carga sobre la clase trabajadora el incremento de los ingresos a la Seguridad Social mientras el pasado mes de julio el mismo gobierno planteó una reducción de las cuotas empresariales del 2%. No olvidemos que en la reforma de 2006 ya se acordó la reducción de las cotizaciones empresariales al desempleo y al FOGASA, y que en materia de pensiones se aprobó la ampliación del periodo de cotización necesario para generar una pensión, pasando de 13 años reales a 15 años efectivos al no computarse la cotización de las pagas extraordinarias.

Por otra parte, la propuesta del gobierno del PSOE no sólo alarga la edad de jubilación a los 67 años sino que prevé ampliar el periodo de cotización de la pensión hasta los 20 años, lo que supondría una reducción de la cuantía media de las pensiones del 4%. Por ello, es una falacia justificar la propuesta de alargar la edad de jubilación porque se haya incrementado la esperanza de vida de la población española en cuatro años. En consecuencia, el gobierno central pretende que trabajemos más años y luego cobremos menos cuando accedamos a nuestra pensión. Pero mientras el gobierno castiga las pensiones de las rentas más bajas y endurece los requisitos de acceso, por otro lado, sigue financiando los planes de pensiones privados de las rentas más altas. No en vano, la propia propuesta del gobierno abre al mercado privado el sistema de pensiones reforzando el papel de la previsión social complementaria. La privatización de las pensiones y de la protección social no deja de ser una de las aspiraciones de la patronal y del discurso neoliberal, con el objetivo de aproximarse a un modelo dual, basado en una Seguridad Social pública débil y de carácter meramente asistencial, y una protección social complementaria de iniciativa privada.

En definitiva, desde el PSUC viu rechazamos la revisión propuesta por el gobierno central del pacto de Toledo y emplazamos a las organizaciones sindicales y al conjunto de la clase trabajadora a manifestar su oposición. La propuesta del gobierno constituye un atentado contra el sistema público de protección social y contra los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras. En este contexto, desde el PSUC viu apoyaremos y valoraremos positivamente la convocatoria de movilizaciones contra las medidas propuestas por el gobierno.

Comité Ejecutivo del PSUC viu, 8 de febrero de 2010.