viernes, 23 de julio de 2010

Viajes Marsans: Una tremenda estafa a los trabajadores


Como es bien sabido, los trabajadores somos los que principalmente estamos sufriendo las consecuencias de la crisis capitalista más grave desde el crack de 1929. En Viajes Marsans, a las consecuencias propias de la crisis se le une la nefasta y delictiva gestión de sus propietarios. Porque de delictiva podemos calificar la desviación injustificada de fondos propios de la empresa con el fin de descapitalizarla; y porque el traspaso de Marsans a una sociedad fantasma no es más que una operación de DÍaz Ferran para eludir todo tipo de responsabilidad, ya sea económica o incluso penal.

Ante esta brutal estafa social, el PSUC Viu insta a los trabajadores de Viajes Marsans a no resignarse frente a este atropello sin precedentes, a organizarse y a movilizarse en la defensa de sus derechos. Instamos a que el Comité de Empresa actúe desde la claridad y la transparencia, contando con la opinión de la plantilla y, lo que es más importante, a darle un impulso firme y decidido a la movilización. Solo a través de la movilización las posiciones de los trabajadores tendrán peso en la mesa de negociación.

Desde el PSUC Viu exigimos a la Administración Pública a que asuma un papel activo en la defensa de los intereses de los trabajadores y, en definitiva, de la ciudadanía en su conjunto. No es de recibo que una empresa referente del sector en el estado español y con la mayor red comercial de oficinas en el país caiga mientras su propietarios y gestores actúan desde la impunidad más absoluta.

El ataque a los derechos de los trabajadores en el estado español no tiene precedentes, los mismos que ponen en cuestión estos derechos exigiendo “responsabilidad” a la clase obrera, no tienen escrúpulos en dejar en la estacada a miles de trabajadores. Donde está la responsabilidad social de los empresarios?? Es éste el modelo de gestión que se pretende imponer en este país?? Que legitimidad puede tener Díaz Ferran para estar al frente de la patronal?? Y para negociar con los sindicatos?? Como es posible que sus “recetas” sean tenidas en cuenta?? Puede este sujeto aportar su visión ultraliberal de las cosas sin que se le caiga la cara de vergüenza??

En Viajes Marsans los nuevos gestores plantean un ERE con el fin de “dar viabilidad a la empresa”. Desde el PSUC Viu nos oponemos a un ERE que no contiene condiciones económicas mínimamente dignas y, lo que es más importante, no plantea un plan de viabilidad tal y como exige el propio Estatuto de los Trabajadores, es decir, carga de trabajo y futuro para la plantilla. Ahora que comienza el proceso de negociación del ERE con la representación de los trabajadores, es el momento de intensificar la lucha. No es el momento de la resignación o del pasotismo, ahora más que nunca es necesaria la unidad de la plantilla, de la organización y de la movilización.

El PSUC Viu apoya a los compañeros/as que individual o colectivamente han decidido ejercer acciones pasando a la ofensiva y dando a conocer la situación de la empresa a la ciudadanía. Es necesario romper el bloqueo mediático y desmentir la falsa idea transmitida en los medios de que Díaz Ferran “ha resuelto sus problemas empresariales”.Los encierros, las acciones de protesta en el edificio del Pórtico, las manifestaciones en las principales capitales de provincia, la creación de páginas web son exponentes de un proceso de lucha que, ahora más que nunca, deben tener continuidad y el impulso decidido por parte del Comité.

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE VIAJES MARSANS.

PLAN DE VIABILIDAD YA.

PAGO DE LOS SALARIO Y ATRASOS.

PLAN DE MOVILIZACIONES.

INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

NO A LA IMPUNIDAD DE DIAZ FERRAN Y SUS CÓMPLICES.


Barcelona, 21 de julio de 2010.

sábado, 15 de mayo de 2010

Documento para el análisis de la situación social y económica


La actual coyuntura económica y social es ciertamente dramática. Desde que se iniciara la crisis, ha sido exclusivamente la clase trabajadora la que ha pagado las consecuencias de una situación provocada por el gran capital, por quienes tras años de especulación financiera e inmobiliaria desmedida han provocado un estado de bancarrota de la economía española. La crisis, aún habiendo tenido una transcendencia internacional, ha chocado frontalmente con la débil y precaria estructura económica del Estado español. No podía ser de otra manera cuando el patrón de crecimiento económico en la última década se ha basado esencialmente en la especulación inmobiliaria y en los servicios de bajo coste.

Los respectivos gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE han edificado un modelo económico frágil, escasamente productivo y orientado hacia el beneficio rápido. Al mismo tiempo, tal modelo económico ha consolidado un mercado de trabajo de naturaleza precaria con altas tasas de temporalidad y de siniestralidad, abuso de las horas extras, fraude empresarial en materia contractual y de la seguridad social, etc. Con ello, si bien entre 1999 y 2006 los beneficios empresariales aumentaron en un 73%, la clase trabajadora apenas vio mejorar sus condiciones laborales, sino más bien todo lo contrario. Por ejemplo, entre 1995 y 2005 la clase obrera española perdió poder adquisitivo, en torno a un 4% menos. Por otro lado, en los últimos veinte años la temporalidad laboral apenas se ha movido de la franja del 30% y las medidas adoptadas para paliar tan elevado índice han resultado ineficaces y en ocasiones contraproducentes para los intereses de la clase trabajadora. Es decir, el ciclo de crecimiento económico de finales del siglo anterior y principios del actual no generó riqueza real ni bienestar social para el conjunto de la clase trabajadora. En época de crecimiento se privatizaron los beneficios. En la actualidad, son las pérdidas las que se socializan.

Es por ello que los procesos y las dinámicas actuales no son casuales y con anterioridad a la crisis, el mercado laboral español ya presentaba los déficits en cuanto a precariedad y temporalidad que han provocado el desplome y la destrucción de empleo posterior. La insuficiencia del Estado del bienestar y de la protección social en España no son consecuencia de la crisis sino una de las causas de la misma. Ya en febrero de 2005 el Sector Crítico de CCOO alertaba en un estudio sobre la “desconvergencia” que se estaba produciendo con respecto a la Unión Europea en materia de gasto social. En este sentido, el ciclo expansivo de la economía española que se había iniciado en 1995 no se aprovechó para mejorar la protección social y acercarnos a Europa sino que la tendencia había sido la inversa. El gasto en protección social representaba en España el 24% del PIB en 1993 y en la Unión Europea el 28,8%. Por lo tanto, el diferencial era de 4,8 puntos. Pues bien, en 2000 el gasto social en España era del 20,1% y aunque el gasto de la Unión Europea se había reducido a un 27,3%. El diferencial había aumentado hasta los 7,2 puntos.

La propaganda neoliberal del déficit cero se había fraguado mediante una drástica reducción del gasto social en un contexto de crecimiento económico. En paralelo, se había utilizado de manera escandalosa el superávit de la Seguridad Social para cuadrar las cuentas del Estado, tapando el agujero de la reforma fiscal y transfiriendo recursos de la protección social a las rentas más elevadas. Por otra parte, la economía no crece de manera infinita sino que depende de los ciclos y de las fluctuaciones del mercado. Esa es una ley básica de la economía que parecieron obviar las élites del neoliberalismo. La crisis que vendría después no haría sino agudizar los problemas estructurales de la economía española y su fragilidad desde el punto de vista social y de empleo.

La destrucción de empleo es sin duda actualmente el mayor problema que afecta a la economía española y al conjunto de la clase trabajadora de nuestro país. Y el problema se hace aun más grande cuando la protección social es insuficiente para hacer frente a las necesidades de subsistencia de los desempleados y a las crecientes bolsas de pobreza. Un país que apenas gasta en protección social el 20% del PIB no puede afrontar en condiciones la mejora de las ayudas al desempleo, teniendo en cuenta además que el problema del desempleo en España es estructural y no obedece exclusivamente a la evolución de la economía.

Podríamos afirmar que el desempleo caracteriza el modelo económico español y que forma parte del mismo como uno de sus rasgos más visibles. Es cierto que el desempleo ha aumentado a causa de la crisis pero con anterioridad a la crisis el problema no era precisamente insustancial. No olvidemos que en los últimos quince años la cifra de parados apenas ha bajado de los 2.000.000de afectados llegando a alcanzar los 3.000.000 en fases de crecimiento económico.

En el tercer trimestre de 2008 se produce un punto de inflexión y el desempleo aumenta hacia cuotas históricas, pasando de 2.500.000 de parados a 4.000.000 en apenas año y medio. En una dinámica de socialización de las pérdidas y de sacrificio permanente de los trabajadores y trabajadoras es complicado atisbar a día de hoy cuando remitirá la situación. Los índices no parecen acompañar y en 2010 la destrucción de empleo no sólo no se ha frenado sino que se ha disparado, afectando muy especialmente a tres colectivos tan vulnerables como los jóvenes, las mujeres y la población inmigrante.

En la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año la tasa de desempleo se ha situado en el 20,05% y el número de parados ha alcanzado la cifra de 4.612.700 desempleados, 286.000 más que en el último trimestre de 2009, 602.000 más que hace doce meses y 2.000.000 más que hace un año y medio. Un país que genera 2.000.000 millones de desempleados en 18 meses es un país socialmente desestructurado y que adolece de políticas económicas activas que por lo menos puedan paliar la sangría en cuanto a destrucción del empleo. En tales circunstancias, España es un país socialmente enfermo al que ni siquiera se le administra el tratamiento ni los antídotos apropiados puesto que estos últimos son propuestos por los mismos que han provocado la enfermedad.

Decíamos en líneas anteriores que la protección social en España es insuficiente. En este caso, los intentos por mejorarla han sido infructuosos o cuando menos han significado un brindis al sol. Porque de infructuosa podemos calificar la ayuda de los 420 euros a los desempleados aprobada por el gobierno central el año pasado. Tal ayuda, concedida a los desempleados sin prestación económica desde el 1 de enero de 2009 no sólo es insuficiente desde una perspectiva material sino que además exige unos requisitos que buena parte de los afectados no pueden cumplir. Por ejemplo, la ayuda es incompatible con la percepción de otro tipo de prestaciones sociales o rentas mínimas y requiere no tener rentas superiores a 468 euros, es decir, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En el momento actual el gobierno central debería plantearse una ampliación de la renta activa de inserción de carácter universal si de verdad aspira a mejorar la situación insostenible de millones de trabajadores y trabajadoras que una vez superado el plazo máximo de prestación del desempleo carecen de ayuda o renta mínima alguna para subsistir. Recordemos que actualmente son ya 1.300.000 las familias españolas que tienen a todos sus miembros en el paro.

Se ha demostrado que las intenciones del gobierno central a la hora de luchar contra la crisis económica y el desempleo son las mismas recetas que propone la patronal. Tales intenciones se han puesto de manifiesto en dos proyectos del gobierno de Zapatero de marcado perfil neoliberal: por un lado, la propuesta de revisión del Pacto de Toledo y del sistema público de pensiones y por otro lado, el documento de reforma del mercado de trabajo presentado por el gobierno el pasado 12 de abril. Con el primero, el objetivo del gobierno es el de iniciar un proceso gradual hacia el empobrecimiento del sistema público de pensiones y reforzar el papel de la previsión social complementaria, aproximándose, así, a un modelo mixto basado en una seguridad social pública débil y de carácter asistencial y en una protección social de iniciativa privada. La raíz neoliberal del proyecto de revisión del sistema de pensiones se caracteriza por situar el debate en torno a los gastos y no en los ingresos, cargando sobre la clase trabajadora el incremento de los ingresos de la Seguridad Social mientras el pasado mes de julio el propio gobierno central planteó una reducción de las cuotas empresariales del 2%.

Retrasar por decreto la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el periodo de cálculo de cotización exigible para generar una pensión de los 15 años actuales a los 25 años son medidas profundamente antisociales que muestran la verdadera cara de un gobierno aliado con los intereses empresariales. Por ello, fue determinante el éxito de las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales en toda la geografía española el pasado 23 de febrero en protesta contra la reforma de las pensiones planteada por el gobierno.

Respecto al proyecto de reforma del mercado de trabajo presentado por el gobierno el 12 de abril a sindicatos y patronal, el ejecutivo central persigue una reforma laboral en toda regla con cuatro grandes ejes centrales como objetivos:

- Reducción de las indemnizaciones por despido. El gobierno pretende generalizar el contrato de fomento de la contratación indefinida (indemnización de 33 días) introducido en la reforma laboral de 1997 con la finalidad de reducir los elevados índices de temporalidad laboral. Éste contrato sustituiría progresivamente al contrato ordinario de 45 días de indemnización. En paralelo, el proyecto de reforma contempla la aplicación en España del llamado “modelo austriaco”, consistente en una nueva aportación mensual como indemnización por despido que genere una bolsa propiedad del trabajador resultante de un fondo empresarial pero que se nutre del salario del propio trabajador (en Austria la aportación es del 1,53% del salario bruto). Con tal medida, el gobierno español espera únicamente abaratar el despido pero parece ignorar que el modelo que se aplica en Austria se asienta sobre un Estado social muy superior al español. Por ejemplo, en Austria la tasa de desempleo es del 5% frente al 20% de España y en Austria la prestación por desempleo es indefinida. ¿Pretende también el gobierno del PSOE extrapolar la realidad social austriaca a la paupérrima realidad española o se trata sólo de reducir las indemnizaciones por despido?.

- Ampliación del contrato de formación. Esta medida la justifica el gobierno para mejorar los índices de empleo juvenil pero sin atender a la precariedad que comporta un tipo de contrato exento de los topes salariales pactados en los convenios y que no genera derecho al desempleo ni a la jubilación. El gobierno aspira a incrementar la edad límite para acceder al contrato de formación, pasando de los actuales 21 años hasta los 24 años.

- Supresión de las restricciones a las ETT´S. Mediante el proyecto de reforma, el gobierno afirma su predisposición a eliminar las trabas legales hacia las empresas de trabajo temporal (ETT,S). Por ejemplo, se propone extender las ETT´S a sectores como la construcción donde su implantación era muy limitada. Al mismo tiempo se potencian las empresas privadas de recolocación.

- Mayor flexibilidad en los contratos a tiempo parcial. El objetivo del gobierno en este punto es la desregulación completa de la jornada laboral de los trabajadores contratados a tiempo parcial de manera que las empresas puedan modificar los horarios de trabajo a su antojo y con un mínimo preaviso a determinar y en el que se podrían incluso acordar la aplicación de horas extras.

En definitiva, estamos frente a una reforma laboral profundamente lesiva contra los intereses de la clase trabajadora. La actitud de rechazo de los sindicatos de clase a las medidas del gobierno central obligan a replantear un nuevo escenario y unas nuevas pautas en la mesa del dialogo social. El gobierno ha de cambiar los parámetros de la negociación si pretende llegar a un acuerdo y si de verdad espera acabar con los desajustes sociales y con la destrucción de empleo, ha de encarar la negociación desde una perspectiva social y de impulso de política laborales activas que fomenten la creación de empleo sin perdida de derechos, mejora de la protección social, defensa del sistema público de pensiones, aplicación de políticas fiscales progresivas, etc.

Las 100 propuestas de Izquierda Unida para una salida social de la crisis, presentadas por la organización el pasado mes de febrero son sin duda un gran eje con el que trabajar y proponer alternativas a la ofensiva neoliberal de la patronal y del gobierno. Exigir la causalidad en los contratos temporales, el aumento progresivo del salario mínimo interprofesional hasta un 60% del salario medio o la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas sin merma salarial son propuestas tangibles sobre una base real, la necesidad, por un lado, de controlar la contratación temporal y por otro lado, de mejorar el poder adquisitivo de los colectivos más frágiles. La creación de empleo es sin duda el otro gran reto y para hacerlo hacen falta recursos económicos. Izquierda Unida propone un fondo de 10.000 euros más 1.800 de la Comunidades Autonomías para acometer un plan activo de creación de puestos de trabajo, lejos de la eventualidad del Plan E y de las palabras hueras del gobierno en materia de empleo. La izquierda sindical y política ha de pasar a la acción y ha de hacerlo sin complejos. Es necesario un rearme ideológico desde la izquierda. Un rearme que impulse conjuntamente el diálogo social y la movilización. Se ha puesto de manifiesto que la movilización de los trabajadores y trabajadoras ha supuesto un acicate y una motivación extra para mantener la posición de firmeza de las organizaciones sindicales en la mesa de negociación. Esa es la línea a seguir.

Hace pocas semanas, el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Carlos Alfonso Mellado, publicaba en la Fundación 1º de Mayo de CCOO un estudio en el que se afirmaba una gran verdad: la solución a la crisis no es la reforma laboral que “tantas voces acreditadas” demandan con gran ahínco y no lo es porque la crisis no tiene su origen en el mercado de trabajo sino en un colapso de los mercados financieros internacionales (y en el caso de España, en el estallido de la burbuja inmobiliaria y a causa de un modelo productivo basado en sectores muy vulnerables). Por lo tanto, la alternativa no está en la reforma de ese mismo mercado de trabajo y menos aún si la reforma se asienta en abaratar el despido o en flexibilizar aún más las relaciones laborales en el marco de la empresa.

En cualquier caso y a la vista de la coyuntura actual, el gobierno central parece ignorar la situación de precariedad laboral y social millones de ciudadanos y ciudadanas. El reciente anuncio del gobierno de realizar un ajuste que afectará al salario de los funcionarios, a las pensiones y la futuro de la prestación por maternidad suponen un duro golpe a un Estado social y del bienestar ya de por sí frágil. En concreto, el gobierno aplicará en 2010 una reducción salarial del 5% y la congelación del sueldo en 2011 en la función pública. Así mismo, en 2011 se congelará la revalorización de las pensiones, excepto las no contributivas y las mínimas, a la vez que se suprimirá el régimen transitorio de la jubilación parcial. Además se eliminará el carácter retroactivo de las ayudas de la ley de dependencia y en 2011 se suprimirá la ayuda de 2.500 euros por maternidad. Por último, el gobierno reducirá en 6.045 millones de euros la inversión pública estatal entre 2010 y 2011, periodo en el que también se aplicará un recorte de 600 millones en la ayuda oficial al desarrollo. Es decir, más jarabe de palo contra la clase trabajadora. Frente a ello, no nos queda otra salida que manifestar nuestro rechazo, salir a la calle en el contexto de una movilización general y recuperar el diálogo social desde la exigencia de dar una salida a la complicada situación que atraviesan millones de ciudadanos y ciudadanas. La respuesta de las organizaciones sindicales y políticas ha de ser contundente y para ello se han de preparar las condiciones, despojándose de ciertas rémoras y aspirando a algo más que gestionar los efectos de la crisis. Y lo diremos cuantas veces haga falta: que la crisis la paguen quienes la han provocado. Mientras no se resuelva tal necesidad, el conflicto social estará servido.

Documento aprobado en el plenario del Mundo del Trabajo del PSUC viu.

Barcelona, 15 de mayo de 2010.

viernes, 14 de mayo de 2010

El PSUC viu en contra de las medidas de ajuste que quiere aplicar el gobierno a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país


El PSUC viu se manifiesta en contra de las duras medidas de ajuste que quiere llevar a cabo el Gobierno, porque representan un duro ataque a los trabajadores y trabajadoras, a los pensionistas y a los ciudadanos y ciudadanas en general. Estas medidas suponen un recorte de los salarios (funcionarios) y una clara vulneración de las condiciones contractuales pactadas con el Gobierno. Supone una congelación de la pensión a una parte importante de este colectivo, los pensionistas, porque a pesar de anunciarse que la medida no se aplicará a las pensiones mas bajas, no sabemos como se cuantificarán las pensiones mínimas. Supone un recorte de derechos para el colectivo de trabajadores que están en edad de la jubilación parcial, ya que las medidas que se tenían que establecer de forma progresiva hasta el año 2013 (61 años y 15 años de cotización mínima), se aplicarán ya con el consiguiente prejuicio para estos trabajadores y para los jóvenes, el colectivo mas castigado por la crisis, que verán frustradas las posibilidades de incorporación al mundo laboral.

Pero también supone la eliminación de ayudas (cheque bebes) dependencia y desarrollo y la reducción de inversión en obras publicas que conllevará una reducción de puestos de trabajo en la construcción.

Este plan de ajustes puede significar que el dialogo social, entre en una situación complicada, ya que depende de la respuesta que se dé en la calle. Si la repuesta es contundente, se podrá seguir negociando en base a las propuestas de los Sindicatos, pero si la repuesta es tibia, la Reforma Laboral puede ser mas dura e impuesta.

Por todo ello, es necesario caminar y crear las condiciones para una movilización general.

El PSUC viu llama a toda su militancia para apoyar todas las movilizaciones y acciones que convoquen los Sindicatos.

¡NO AL PLAN DE AJUSTE¡ ¡NO AL ZAPATAZO DEL GOBIERNO¡ ¡CONTRA LA AGRESION, MOVILIZACION..¡


14 de mayo de 2010.

jueves, 29 de abril de 2010

1º de mayo: por una salida social de la crisis


Desde el PSUC viu celebramos este año el 1º de mayo, día de la clase trabajadora, preocupados por la actual situación económica y social, porque la crisis, que tan gravemente está perjudicando a los trabajadores y trabajadoras, no sólo remite sino que en los últimos meses se está recrudeciendo, especialmente en cuanto a la destrucción de puestos de trabajo. El desempleo sigue aumentando de manera galopante y parece no tener techo. Por ejemplo, en el mes de marzo fueron 35.988 trabajadores/as más los que incrementaron la cifra de parados, lo que supone según datos oficiales, que la tasa de desempleo se haya situado en un alarmante 18,8% con un total de 4.166.613 parados/as, la cifra más alta desde 1996. En este sentido, España sigue siendo el país de la Unión Europea donde más se están notando las consecuencias de la crisis, no en vano, desde que se iniciara la crisis el número de parados/as ha aumentado en un 141%, el triple que en Italia o Gran Bretaña.

Frente a ello, los antídotos del gobierno central del PSOE ahondan en las políticas económicas de los últimos años abrazando las tesis neoliberales de la patronal. Unos antídotos que persiguen precarizar aún más las condiciones de la clase trabajadora a la vez que los verdaderos responsables de la crisis siguen endureciendo el discurso en su ofensiva contra la protección social, despidiendo masivamente, cerrando empresas y apostando por la rebaja de los derechos sociales como alternativa a la crisis. La reciente propuesta de revisión del sistema público de pensiones, basada en retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el periodo de cálculo de cotización de los 15 años actuales hasta los 25 años, pone de manifiesto hasta que punto coinciden las estrategias y los análisis económicos del gobierno central y de la CEOE.

Desde el PSUC viu no olvidamos las elevadas tasas de temporalidad, precariedad y siniestralidad laboral, puntos negros sobre los que se tejen los déficits de nuestro mercado de trabajo y que ya estaban presentes con anterioridad a la crisis económica. En el seno de la Unión Europea, España es el país líder en precariedad laboral y en cualquier estudio publicado en los últimos años así se atestigua. Y cuando hablamos de precariedad nos referimos a la insuficiencia del Estado Social en España. No entendemos que en el contexto actual, el gasto en protección social en España haya bajado en 2009 hasta el 20´9% del PIB. Con ello, se ensancha aún más la brecha que separa a España del resto de países de la Zona Euro donde la media en protección social supera el 30% del PIB. Así mismo, no ignoramos la doble explotación que sufren millones de trabajadores y trabajadoras por condición de género, edad u origen cultural y es por ello que desde el PSUC viu hemos denunciado las desigualdades de género en el ámbito del trabajo, las dificultades en la inserción laboral de los jóvenes o el trato discriminatorio hacia la población trabajadora inmigrante

Desde el PSUC viu consideramos que ha llegado el momento de salir a la calle y dejar claro tanto al gobierno del PSOE como a la clase empresarial que la crisis no puede seguir pagándola la clase trabajadora. Urge una gran movilización social por el empleo y la protección social que fuerce al gobierno central a la adopción de medidas a favor de la creación de puestos de trabajo y al desarrollo de políticas sociales basadas en la recuperación del sector público de la economía, que mejoren la protección hacia los millones de desempleados y de familias que carecen de una ayuda económica que les permita subsistir. Creemos que la salida de la crisis económica ha de plantearse desde un enfoque social y democrático que atienda a las necesidades de los trabajadores/as y de los más necesitados. Del mismo modo, hacemos un llamamiento a las organizaciones sindicales para que prosigan en su defensa del empleo, de los salarios y del sistema público de protección social. Finalmente, emplazamos a nuestra militancia y al conjunto de la ciudadanía a participar activamente en las manifestaciones del 1º de mayo.

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA!, ¡VIVA EL 1º DE MAYO!.

Secretaría Política del PSUC viu.
26 de abril de 2010.

miércoles, 10 de marzo de 2010

Pensiones, salarios y negociación colectiva en Seat


Documento en PDF

"Economistas de otra galaxia"

La receta no es nueva ni es original. Las voces más cercanas al neoliberalismo dentro y fuera del gobierno del PSOE ganan cada vez más influencia y su exigencia es clara y precisa: hay que revisar el sistema público de pensiones alargando la edad de acceso a la jubilación hasta los 67 años y es necesario bajar los salarios a fin de mejorar los índices de productividad de la economía española. Sobre la reforma de las pensiones el debate está abierto y es de plena actualidad, habiéndose centrado la atención mediática en la ampliación de la edad de jubilación si bien la propuesta del gobierno contiene otra serie de medidas igualmente regresivas para la clase trabajadora. Por ejemplo, se propone la ampliación del periodo de cálculo de cotización exigible para generar una pensión, pasando de los 15 años actuales a los 25 años. Asimismo, el documento refuerza el papel de la previsión social complementaria, abriendo el camino hacia la consolidación de un sistema mixto de protección social, por un lado, una seguridad social débil y meramente asistencial y por otro lado, una protección social alternativa de iniciativa privada. En este sentido, es aceptable una previsión social complementaria ligada a planes de pensiones de empresa con control sindical pero en absoluto podemos aspirar al modelo anglosajón de pensiones basado en la necesidad de contratación de planes de pensiones privados. Tal pretensión parece ser la del gobierno central ya que mientras se revisan a la baja las pensiones públicas se siguen financiando los planes de pensiones privados de las rentas más elevadas.

Pero realmente ¿está en peligro el sistema público de pensiones en España?. La revisión del pacto de Toledo propuesta por el gobierno central alude a la sostenibilidad y al futuro del sistema, no en vano, sobre tal directriz se cimentó el primer pacto firmado en 1995. La preocupación por el futuro de nuestro sistema público de pensiones no sólo es legítima sino necesaria, y en los últimos años el movimiento sindical y en especial CCOO ha sido corresponsable con la situación. Por ejemplo, habrá que explicar que el sistema de pensiones ha sido flexible en los últimos años de modo que ha permitido jubilaciones anticipadas con penalización y jubilaciones más allá de los 65 años con una ligera bonificación. No obstante, advertimos en esta ocasión un análisis deliberadamente desproporcionado del gobierno a fin de propiciar un clima de alarma entre la población española sobre el futuro de las pensiones. La situación, por el contrario, es otra y no tan dramática. Cabe destacar que la Seguridad Social registró en 2009 un superávit de 8.502 millones de euros y en 2010 prevé uno de 2.000 millones de euros. Las arcas, por consiguiente, parecen estar saneadas.

Al mismo tiempo, el gobierno cuestiona la viabilidad futura del sistema de pensiones con motivo de la ampliación de la esperanza de vida entre la población española en el periodo 1980-2005, habiendo pasado de 76 a 80 años. Claro que tal argumento es una media verdad puesto que la mejora en la esperanza de vida de los españoles en los últimos 25 años se ha debido no tanto a que los pensionistas vivan cuatro años más sino a una reducción importante de la tasa de mortalidad infantil. En cambio, nada se dice de la diferencia de 10 años de la esperanza de vida en España entre los más ricos y los más pobres, siendo ésta de 7 años en la Unión Europea.

En definitiva, el gobierno trata de colar una reforma de las pensiones por la vía de la reducción de gastos cuando el debate debería situarse en los ingresos. Bajo el pretexto de salvar el sistema público de pensiones se persigue endurecer el periodo de cálculo y los requisitos de acceso a una pensión, “mileurizar” las pensiones públicas más altas y orientar la protección social hacia la empresa privada para aquel que pueda pagarla, desgravando hasta 10.000 euros al año en el IRPF. Los objetivos de fondo posiblemente sean éstos y no tanto el de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, una propuesta obviamente impopular que ha servido al gobierno de escudo mediático para que no transcendieran públicamente otras propuestas que no dejan de ser la esencia de la revisión que se propone del pacto de Toledo.

Al contrario que la reforma de las pensiones, sobre la cuestión salarial no se ha teorizado tanto y de alguna manera el debate ha pasado casi inadvertido. El gurú y economista de cabecera de Zapatero, el premio Nóbel de economía de 2008, Paul Krugman, ya advirtió en su momento que España debería someterse a una profunda devaluación interna con recortes de salarios y precios para poder salir de la crisis económica ya que no podía esperar ayudas de la Unión Europea. En paralelo, el comisario europeo de Asuntos Económicos, el socialista Joaquín Almunia, alertó hace unos meses sobre la necesidad de tener en cuenta la baja productividad de la economía española a la hora de calcular los salarios, evitando que los salarios se situaran por encima de la productividad, circunstancia que según Joaquín Almunia provocaría la pérdida de competitividad de la economía española. El caso es que en los últimos años los salarios no han estado por encima de la productividad, y menos aún de los beneficios de las empresas, sino más bien al contrario. Recordemos que en los años de bonanza de la economía española, durante el periodo 1999-2006 los beneficios empresariales crecieron hasta el 73% mientras la clase trabajadora perdía poder adquisitivo, entorno a un 4% menos. Es decir, no sólo crecieron los beneficios empresariales por encima de los salarios sino que la diferencia entre ambos fue realmente abismal.

La receta clásica, y utilizada hasta la saciedad durante la crisis post-92, fue la de devaluar la moneda nacional. Pero como es lógico ésta es una medida imposible desde que desapareciera la peseta y entrara en escena el euro, y como no era posible devaluar la moneda hallaron la solución en aplicar el tijeretazo en los salarios de la clase trabajadora. Ese ha sido durante años el manual del ministerio de economía y el de una patronal anquilosada en los usos y maneras del desarrollismo de los años 60. Jamás escucharon las advertencias de los economistas alejados del pensamiento único, a los que Felipe González acusaba en su época de “no ser de izquierdas ni de derechas sino simplemente de otra galaxia”.

Una vez explotó la burbuja inmobiliaria y se derrumbó como castillo de naipes la frágil estructura de la economía española, basada en la especulación y en la construcción, los apóstoles de la competitividad fijaron de nuevo su atención en los salarios. La consigna era la de recortar salarios con el objetivo de ganar en competitividad. ¿Pero competitividad con quién?. Por supuesto, no con Alemania, Francia o Gran Bretaña, tres países con salarios muy por encima de los salarios españoles y que sin embargo también nos ganan en productividad. Pero cuando en España se habla de mejorar la productividad siempre se piensa en la reducción de los salarios prácticamente como la única alternativa. No se habla de aumentar la productividad con una nueva política económica e industrial que dé sus resultados a medio plazo ni tampoco se aconseja invertir la política fiscal que en los últimos 20 años han dejado las cuentas públicas tan débiles como un geranio ante el huracán de la crisis económica. Desde CCOO hace años que se viene haciendo hincapié en la necesidad de impulsar un nuevo modelo productivo más encarado hacia la industria como sector estratégico, el I+D+i, y la incorporación de actividades de un mayor valor añadido. Así se gana en productividad. Sin necesidad de emigrar hacia otra galaxia.

"En economía la mayoría siempre se equivoca"

El episodio de la congelación salarial en Seat demuestra claramente como en época de crisis económica se necesita una referencia que marque el camino a seguir. A principios de 2009 y una vez superado el marco del XVII Convenio Colectivo, vigente entre 2004 y 2008, el salario de los trabajadores de Seat queda congelado a falta de un convenio nuevo que regule los incrementos salariales de acuerdo con la evolución del IPC. Recordemos que en 2009 el gobierno central no hace público el IPC previsto, una referencia que en los últimos años se había situado en el 2%, en sintonía con los objetivos inflacionistas del Banco Central Europeo, y que iba asociada en materia salarial a la mayoría de convenios colectivos. El mismo XVII Convenio Colectivo de Seat utilizaba la referencia del IPC previsto con cláusula de revisión salarial para adecuar los incrementos salariales al IPC real. Pero en 2009 no hay nuevo Convenio Colectivo de Seat, ni proceso de negociación en marcha, y por lo tanto, no hay subida salarial, un contexto que aprovechará la dirección de la empresa para supeditar la viabilidad y el futuro de la marca a la reducción de los costes salariales.

En esta coyuntura, en febrero de 2009 el IPC se situó en el 0,7% de la tasa interanual al bajar un 0,1% respecto al IPC de enero. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), la tasa interanual de febrero de 2009 marcaba su nivel más bajo en los últimos cuarenta años, en una deriva que supuestamente había de culminar en deflación y en el consiguiente desplome del IPC. A la vista de la situación, la dirección de Seat mueve inmediatamente a sus peones. El 26 de febrero en el seno de un Comité Intercentros, y tras una intensa campaña mediática en la prensa, la dirección informa a las organizaciones sindicales de Seat que la posible fabricación del modelo Audi Q3 en la planta de Martorell está condicionada a la reducción de costes y al aumento de la rentabilidad del Grupo Seat. En concreto, la dirección de Seat, al alimón con las directrices que emanan de Volkswagen, propone a la representación social las siguientes medidas a cambio de la asignación del nuevo modelo:

• Mantenimiento del empleo en los próximos dos años (2009 y 2010).
• Congelación salarial a las plantillas del Grupo Seat durante dos años (2009 y 2010).
• Presentación de un ERE temporal de dos años (2009 y 2010) condicionado a la asignación del nuevo modelo y hasta la fabricación del mismo (2011).
• Inversión de 300 millones de euros destinados a la fabricación del modelo Audi Q3.

Curiosamente, el mismo 26 de febrero la Sección Sindical de UGT-Seat publica una hoja informativa en la que no sólo se hace eco de las propuestas de la dirección de la empresa sino que ejerce de portavoz de las mismas. La UGT en su hoja apunta a que mientras en el resto de las empresas del sector las direcciones empresariales no sólo se conforman con una reducción salarial, sino adelgazan sus plantillas todo lo que pueden. Por ello, la UGT afirma que la situación en Seat es diferente ya que estamos hablando de fabricar un nuevo modelo y garantizar el empleo en el Grupo Seat a cambio de una congelación salarial de dos años. Y sino queda clara cual es la posición de UGT, en el penúltimo párrafo afirman lo siguiente: Ante estas y otras perspectivas UGT valorará la mejor vía para salvaguardar los puestos de trabajo, aunque sea con el sacrificio de toda la plantilla ya que esto es solidaridad con compromiso de futuro, y no demagogia la cual nos podría arrastrar y desembocar a situaciones no deseadas, por lo menos por este sindicato.

Entre la dirección de Seat y la UGT se estaba abonando el terreno para acordar dos años de congelación salarial. Por otra parte, en marzo de aquel mismo año el IPC cae en picado y se rebasa el umbral de la deflación, situándose la tasa interanual en el -0,1%, es decir, sólo en un mes el IPC se redujo en 0,8%. Se trataba sin duda del mejor escenario para justificar un acuerdo de congelación salarial con la contrapartida de la adjudicación de un nuevo modelo. El 9 de marzo se reúne el Comité Intercentros de Seat y la dirección de la empresa solicita a la representación social cual es su respuesta a las propuestas del 26 de febrero. La UGT responde que aún considerando excesivas las propuestas de la empresa, entiende que lo prioritario es buscar soluciones que permitan evitar situaciones irreversibles para toda la plantilla aún más cuando le consta, por informaciones recibidas de VW, que el nuevo modelo aún no ha sido adjudicado.

Dicho esto, la UGT propone mantener las tablas salariales de 2008 en 2009 y el incremento del 50% del IPC previsto en 2010. Para 2011 la UGT propone un incremento salarial tomando como base el IPC, más un posible porcentaje a negociar en función de los IPC reales de 2009 y 2010, y teniendo en cuenta la situación económica de la empresa. Finalmente, para 2011 la UGT propone la percepción de una paga no consolidable y condicionada a los resultados financieros de la empresa de un mínimo de 200 euros. Con ello, la UGT proponía una congelación salarial en toda regla y una recuperación del poder adquisitivo supeditada siempre a la cuenta de resultados de la empresa. Añadir que la UGT propuso la celebración de un referéndum entre la plantilla de Seat con el fin de legitimar su batería de propuestas en materia salarial.

Frente a ello, la posición de CCOO en el Comité Intercentros del 9 de marzo fue la de exigir que la plantilla del Grupo Seat en ningún caso perdiera poder adquisitivo consolidado en tablas durante la vigencia del acuerdo (IPC reales de 2009, 2010 y 2011). Asimismo, desde CCOO propusimos la percepción durante el acuerdo de las cantidades dejadas de ingresar en aplicación de la cláusula de revisión del XVII Convenio Colectivo, reclamando la reactivación de la misma cláusula una vez finalizada la vigencia del acuerdo en 2012. Respecto a la celebración del referéndum, desde CCOO, y aún estando de acuerdo con la consulta a la plantilla, alertó sobre la necesidad de realizar una pregunta clara y que el redactado de la misma se decidiera en el seno del Comité Intercentros.

A la sazón, la propuesta de UGT no garantizaba la recuperación del poder adquisitivo en 2011 tras dos años de congelación salarial, porque la recuperación no se consolidaba en tablas salariales y porque se condicionaba a la evolución positiva de los resultados financieros de la empresa. Al contrario de la UGT, la propuesta de CCOO exigía en todo momento no perder poder adquisitivo en el transcurso de los tres años de vigencia del posible acuerdo, consolidando los incrementos salariales en tablas y sin supeditar tal exigencia al balance económico de la empresa.

El 18 de marzo se celebró el referéndum votándose la propuesta que la UGT presentó en el Comité Intercentros del día 9. En los días precedentes a la consulta, la UGT se había encargado de avivar el miedo entre la plantilla al situar la congelación salarial como la única alternativa al despido seguro de miles de trabajadores y trabajadoras del Grupo Seat. Incluso en los medios de comunicación el referéndum de Seat propició la profusión de encuestas en tertulias y diarios con la pregunta de rigor: ¿entre congelarse el sueldo y perder el puesto de trabajo, qué elegiría usted?. Porque en realidad, el referéndum del 18 se presentó como un dilema entre salario y empleo. Todos los resortes, sindicales, empresariales, mediáticos y políticos, amplificaron el eco atronador del miedo a los despidos y al futuro de Seat como marca viable. El 11 de marzo el editorial de El Periódico de Catalunya (La plantilla de Seat tiene la palabra) decía lo siguiente: Aunque entendemos que las dinámicas sindicales en las empresas son complejas y que los trabajadores, en general, son los grandes afectados por esta profunda crisis, sería una desgracia dejar pasar esta oportunidad por una leve pérdida de poder adquisitivo de la plantilla. Los tiempos son muy duros y todas las partes implicadas deben mantener la cabeza fría para que los costes sociales sean los menos posibles.

Como era de esperar, el referéndum sirvió para que la UGT se diera un baño de masas y para que la propuesta de congelación salarial recabase un amplio respaldo. El voto afirmativo obtuvo el 65,17% de los votos frente al 31,3% de votos en contra y el 3,5% de votos nulos o en blanco. Decía J.K Galbraith que “en economía la mayoría siempre se equivoca”, y sin dar ni quitar la razón al ilustre economista canadiense, y aún habiéndonos opuesto a la congelación salarial propuesta por la UGT, creemos que la reacción de la mayoría de la plantilla de Seat fue comprensible. Cuando a una plantilla se le coloca la espada de Damocles de elegir entre congelarse el sueldo o perder el empleo es de prever que opte por la primera opción. Lo que ya no es tan comprensible fue la ligereza con la que UGT aceptó los argumentos de la dirección de Seat favorables a la contención salarial a cambio de una promesa hueca. Porque es iluso pensar que la fabricación del modelo Audi Q3 se deba a que la plantilla de Seat se haya congelado el salario durante dos años. En Seat la masa salarial de la plantilla apenas representa el 7% del valor final del producto y en concreto la congelación salarial para 2009 y 2010 le supone a la dirección de Seat un ahorro escaso de 5 millones de euros, en una estimación al alza.

Es evidente que a la hora de asignar la fabricación de un modelo a un centro de trabajo, se siguen otra serie de criterios, ya sean en el ámbito del ahorro de costes como en el ámbito técnico y profesional. Del primero, hay que constatar una realidad que es irrefutable: el auténtico ahorro de costes para Seat no ha venido de la congelación salarial sino de la subvención económica recibida de la administración pública, entorno a 300 millones de euros, en concepto de las ayudas al sector de la automoción (Plan de Competitividad del Sector de Automoción) aprobadas por orden ministerial en 2009. Ayudas, que por cierto, están supeditadas a la no aplicación de despidos en los próximos años por parte de la empresa receptora.

Recordemos dos de las propuestas que la dirección de Seat presentó en el Comité Intercentros del 26 de febrero:

• Mantenimiento del empleo en los próximos dos años (2009 y 2010).
• Inversión de 300 millones de euros destinados a la fabricación del modelo Audi Q3.

Curiosamente, la inversión de 300 millones de euros no salió de las arcas de la empresa sino de la administración, justamente los 300 millones percibidos del plan de competitividad del sector de la automoción con la condición de no aplicar despidos y por lo tanto, de mantener el empleo. Pero lo más trágico fue que en enero de 2010 la dirección de Seat decidió de manera unilateral el despido de más de 200 trabajadores/as del personal indirecto.

Respecto a los criterios del ámbito técnico y profesional, recordemos que fue el propio presidente de Audi, Rupert Stadler, quien admitió que las razones para asignar el modelo Audi Q3 a Seat se debían a la calidad, productividad y cualificación de la planta de Martorell. El anuncio, que se hizo público el pasado 21de abril por medio de la intranet de Audi casi un mes después del referéndum, desmontó por completo la idea generalizada de que la fabricación del muevo modelo en Seat iba a ser posible gracias a la congelación salarial. Si Seat competía con plantas como Gyor (Hungría) o Bratislava (Eslovaquia) a la hora de fabricar el Audi Q3 es indudable que la ventaja de Martorell residía en la calidad y la cualificación de la planta y no tanto en los costes salariales. La congelación salarial de Seat no es más que una cuestión política, una estrategia empresarial para condicionar la negociación del próximo Convenio Colectivo. Ya en la negociación del XVII Convenio Colectivo, uno de los objetivos de la dirección de Seat fue la de recortar la masa salarial de la plantilla vía supresión de la cláusula de revisión salarial y del plus de festivos. La congelación salarial en Seat es una cuestión política como también lo es que les suban el salario a los trabajadores alemanes de Volkswagen. En septiembre de 2009 la dirección de la multinacional llegó a un acuerdo con el sindicato alemán IG Metall por el cual se incrementaba en un 4,2% el sueldo de los 95.000 empleados de las seis plantas alemanas de Volkswagen. Habrá que pensar que el consorcio no trata por igual a las colonias a que la metrópoli o habrá que pensar que efectivamente el salario no determina la viabilidad industrial ni los volúmenes productivos de los centros de trabajo de Grupo Volkswagen.

Lo diremos sin ambigüedades: la experiencia de la congelación salarial en Seat ha sido y es un fraude sin precedentes. Eso es algo que no podemos ignorar ni maquillar, máxime cuando estamos en 2010 y la plantilla no ha visto mejorado su nivel salarial en los términos que proponía la UGT para el presente año: incremento del 50% del IPC previsto. Ello unido a los despidos de enero de 2010 ha avivado una sensación de debilidad sindical y política frente a la petulancia de la empresa, la cual, con o sin oposición, va haciendo camino y alcanzando las metas que se propone. Desde el movimiento sindical de Seat y desde las instituciones se han cometido errores y ahora se trata de corregirlos. Se han equivocado y el tiempo así lo ha demostrado. Y si por mayoría entendemos la UGT, la Generalitat de Catalunya, el gobierno central, los medios de comunicación y la opinión pública en general, pues tendremos que darle, muy a pesar nuestro, la razón a J.K Galbraith.

"La negociación colectiva es nuestro objetivo"

Como decíamos en líneas anteriores, estamos en 2010 y la plantilla de Seat continúa perdiendo poder adquisitivo sin haber percibido ni siquiera el incremento salarial propuesto por la UGT en el Comité Intercentros en el Comité Intercentros del 9 de marzo de 2009 y ratificado por la plantilla en el referéndum del mismo mes. Claro que habrá que explicar a los trabajadores y trabajadoras de Seat que no existen los acuerdos del Audi Q3 ya que la propia dirección de la empresa manifestó que la propuesta de congelación salarial para 2009 y 2010 aceptada en el referéndum de marzo no se ajustaba a la planteada por la dirección en el Comité Intercentros del 26de febrero (acta del Comité Intercentros del 20 de marzo de 2009). En todo caso, si a día de hoy la plantilla de Seat sigue padeciendo la congelación de su nivel salarial, se debe no sólo a las propuestas incumplidas, sino a la falta de un nuevo Convenio Colectivo que regulara los incrementos salariales desde 2009. Teniendo en cuenta tal situación, se nos antoja como una prioridad inaplazable la negociación del XVIII Convenio Colectivo de Seat

La negociación del Convenio Colectivo no se puede postergar más y ha de tener como eje central la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2009 y 2010. Es el momento y la situación general del país y de la industria no ha de suponer un obstáculo sino más bien un estímulo. Creemos que el mejor instrumento del que disponen la clase trabajadora y las organizaciones sindicales para hacer frente a la crisis económica es la negociación colectiva. Así se desprende, por ejemplo, del reciente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, vigente para el periodo 2010-2012 y que supondrá la mejora del nivel salarial de millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. El acuerdo establece incrementos salariales con una tendencia evolutiva y al alza: un 1% en 2010, entre el 1% y el 2% en 2011 y entre el 1,5% y el 2,5% en 2012, incluyendo la activación de una cláusula de garantía salarial que atenderá a la diferencia entre el incremento salarial pactado en el Convenio Colectivo y la inflación real. El acuerdo es un paso adelante en un contexto de crisis económica y de destrucción del empleo a la vez que reivindica el papel de la negociación colectiva como herramienta de avance social después de un año como 2009 caracterizado por el bloqueo por parte de la patronal de la negociación colectiva y de la cuestión salarial.

El acuerdo firmado en el ámbito confederal debería servir como acicate para activar la negociación del XVIII Convenio Colectivo de Seat. Una empresa como Seat no puede ser un oasis en el marco actual del dialogo social y menos aún en el aspecto salarial, un elemento que históricamente había diferenciado a Seat, otorgándole un perfil de empresa con un nivel salarial por encima de la media del sector industrial. Como tampoco la acción sindical en Seat puede ser ajena a la estrategia en materia salarial que emana del confederal. Con lo cual, en Seat nuestro sindicato ha de reclamar aquello que CCOO está reclamando en el resto de empresas y sectores: la negociación del Convenio Colectivo. Ese es nuestro objetivo. Porque el Convenio Colectivo es la única vía posible para evitar que la plantilla siga perdiendo poder adquisitivo. Y después del fiasco de la congelación salarial, donde CCOO mantuvo una posición correcta como sindicato de clase, planteamos que el proceso de negociación del nuevo Convenio Colectivo sea liderado por CCOO.

Para ello necesitamos un sindicato integrador y cohesionado en lo interno y disciplinado en lo orgánico, entendiendo lo orgánico como el resultado de un debate participativo y plural. Necesitamos las CCOO herederas de las luchas obreras de Seat y adaptadas, al mismo tiempo, al cambio sociológico y generacional que se ha producido en Seat en los últimos años. Un sindicato ha de evolucionar conforme evoluciona la sociedad, la clase trabajadora y su propia afiliación. Asimismo, un sindicato también ha de evolucionar conforme evoluciona el mundo de la empresa, el cual ya no tiene nada que ver con la vieja empresa fordista, ni a nivel organizativo ni productivo. Decía Ignacio Fernández Toxo en el IX Congreso Confederal de CCOO que no podíamos seguir dirigiendo el sindicato con las mismas concepciones que hace 15-20 años porque la realidad era hoy bien distinta. Ese es un reto que ha de afrontar y superar las CCOO de Seat en el camino hacia una nueva etapa sindical. En definitiva, sólo con la referencia de unas CCOO fuertes y sólidas se podrá encarar con las máximas garantías la negociación del XVIII Convenio Colectivo, un proceso que se vislumbra duro y complejo. Es por lo tanto el momento de pasar a la ofensiva y de ser firmes en la defensa de los intereses de la clase trabajadora de Seat.

La recuperación del poder adquisitivo de 2009 y 2010, la regulación de los incrementos salariales para los próximos años con la referencia del IPC previsto y con cláusula de revisión salarial según el IPC real, el mantenimiento del 100% del plus de festivo, la dignificación de la categoría de ingreso (nivel salarial de especialista u oficial de 3ª), la activación voluntaria de los trienios para el personal acogido desde 2002 al plan de pensiones del Grupo Seat, la suficiencia de la flexibilidad pactada en el XVII Convenio Colectivo, la regulación de las cargas de trabajo (no se puede negociar con la salud de los trabajadores ni se puede incrementar la productividad a costa del trabajador) o la ampliación y mejora de los permisos retribuidos son algunas de las propuestas que se han de trabajar desde CCOO en línea con nuestros documentos aprobados colectivamente y con las necesidades de la plantilla de Seat.

Pedro Luna Antúnez. Miembro de la Ejecutiva y del Consejo Intercentros de CCOO-Seat.

Óscar Guardingo Martínez. Miembro del Consejo Intercentros de CCOO-Seat.

Hospitalet de Llobregat, 8 de marzo de 2010.

martes, 9 de febrero de 2010

El PSUC viu rechaza la ampliación de la edad de jubilación


Desde el PSUC viu mostramos nuestro rechazo a la propuesta del gobierno central de ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años de edad. La medida, aprobada por el consejo de ministros el 29 de enero, será debatida en el congreso en el seno de la comisión del pacto de Toledo, acuerdo firmado en 1995 y renovado en 2002, con el planteamiento de hacer más contributivo y sostenible el sistema público de pensiones, asegurando así su futuro y viabilidad. Sin embargo, el gobierno central se equivoca, deliberadamente o no, cuando cuestiona el futuro de las pensiones y propicia un estado de alarma entre la población española a fin de legitimar una propuesta profundamente retrograda e innecesaria.

El retraso del acceso a la jubilación es una medida innecesaria cuando resulta que la Seguridad Social registró en 2009 un superávit de 8.502 millones de euros, el equivalente al 0,8% del PIB. Es una medida innecesaria si tenemos en cuenta que ya existe un sistema de pensiones flexible que permite al mismo tiempo jubilaciones anticipadas con penalizaciones en la pensión y la posibilidad de permanecer en el mercado laboral más allá de los 65 años, con una ligera bonificación en la pensión. En este sentido, el sistema está compensado. Asimismo, es una medida retrograda, una más del gobierno del PSOE en materia laboral, porque carga sobre la clase trabajadora el incremento de los ingresos a la Seguridad Social mientras el pasado mes de julio el mismo gobierno planteó una reducción de las cuotas empresariales del 2%. No olvidemos que en la reforma de 2006 ya se acordó la reducción de las cotizaciones empresariales al desempleo y al FOGASA, y que en materia de pensiones se aprobó la ampliación del periodo de cotización necesario para generar una pensión, pasando de 13 años reales a 15 años efectivos al no computarse la cotización de las pagas extraordinarias.

Por otra parte, la propuesta del gobierno del PSOE no sólo alarga la edad de jubilación a los 67 años sino que prevé ampliar el periodo de cotización de la pensión hasta los 20 años, lo que supondría una reducción de la cuantía media de las pensiones del 4%. Por ello, es una falacia justificar la propuesta de alargar la edad de jubilación porque se haya incrementado la esperanza de vida de la población española en cuatro años. En consecuencia, el gobierno central pretende que trabajemos más años y luego cobremos menos cuando accedamos a nuestra pensión. Pero mientras el gobierno castiga las pensiones de las rentas más bajas y endurece los requisitos de acceso, por otro lado, sigue financiando los planes de pensiones privados de las rentas más altas. No en vano, la propia propuesta del gobierno abre al mercado privado el sistema de pensiones reforzando el papel de la previsión social complementaria. La privatización de las pensiones y de la protección social no deja de ser una de las aspiraciones de la patronal y del discurso neoliberal, con el objetivo de aproximarse a un modelo dual, basado en una Seguridad Social pública débil y de carácter meramente asistencial, y una protección social complementaria de iniciativa privada.

En definitiva, desde el PSUC viu rechazamos la revisión propuesta por el gobierno central del pacto de Toledo y emplazamos a las organizaciones sindicales y al conjunto de la clase trabajadora a manifestar su oposición. La propuesta del gobierno constituye un atentado contra el sistema público de protección social y contra los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras. En este contexto, desde el PSUC viu apoyaremos y valoraremos positivamente la convocatoria de movilizaciones contra las medidas propuestas por el gobierno.

Comité Ejecutivo del PSUC viu, 8 de febrero de 2010.

sábado, 5 de diciembre de 2009

El PSUC viu apoya la movilización sindical del 12 de diciembre en Madrid


El próximo 12 de diciembre se celebra en Madrid una gran manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT a fin de exigir tanto al gobierno central como a la patronal un cambio de actitud en materia de diálogo social, desbloqueo de la negociación colectiva, medidas sociales para hacer frente a la crisis, protección al desempleo, políticas activas de creación de empleo y el fortalecimiento del sistema público de pensiones. Cabe recordar que el proceso de negociación del dialógo social se vio abortado en verano por la actitud intransigente de la CEOE al presentar unas propuestas inasumibles y antisociales que ponían en jaque la viabilidad futura de la propia seguridad social (reducción de las cotizaciones empresariales a la seguridad social de 5 puntos) y el marco de relaciones laborales (abataramiento del despido y desregulación del mercado de trabajo).

Desde el PSUC viu creemos que la movilización del 12 de diciembre en Madrid ha de servir para defender el estado social y los servicios públicos frente a la ofensiva de la patronal por destruir cualquier atisbo de control público de la economía y del sistema financiero. Mientras en paises de la Unión Europea como Alemania y Francia han empezado a salir del tunel de la recesión, en España la crisis sigue causando estragos entre la clase trabajadora y destruyendo miles de puestos de trabajo a diario. Así, actualmente la tasa del paro se sitúa cerca del 18% y el número de desempleados alcanza la cifra de 4.123.300 personas, según datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Tal situación de fragilidad social, agravada aún más por la crisis, es consecuencia del patrón de crecimiento económico español de los últimos años, basado casi exclusivamente en la especulación inmobiliaria y en los servicios de bajo coste, habiendo consolidado una estructura económica precaria en derechos laborales y sociales con elevadas tasas de temporalidad y siniestralidad. Es decir, para salir de la crisis económica es necesario concretar un nuevo modelo económico y productivo que se apoye en la industria y en las inversiones en I+D+i como antesala hacia una economía al servicio de las personas, orientada hacia la creación de empleo, la reducción de la precariedad laboral y sostenible con el medio ambiente.

Los sindicatos CCOO y UGT han expuesto doce razones por las cuales han convocado la movilización del 12 de diciembre. Doce motivos que se resumen en una exigencia: que la patronal no aproveche la crisis para devaluar los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora. Porque no podemos aceptar desde la izquierda política y sindical que aquellos que han provocado la crisis sean los mismos que nos den lecciones de como se ha de salir de la situación económica que no es sino el resultado de años de neoliberalismo salvaje y sin control. Por ello, la movilización del 12 de diciembre ha de ser una respuesta contundente y mayoritaria de los trabajadores y trabajadoras frente a la ofensiva de la patronal por recortar nuestros derechos. En este sentido, desde el PSUC viu emplazamos al conjunto de nuestra militancia a participar activamente en la movilización del 12 de diciembre en Madrid.

Sábado 5 de diciembre de 2009.

martes, 4 de agosto de 2009

El PSUC viu rechaza los despidos de Nissan


El pasado 29 de julio el Departament de Treball de la Generalitat aprobó mediante resolución administrativa el ERE presentado por Nissan en junio para despedir a 581 trabajadores/as de las plantas de Montcada i Reixach y de la Zona Franca de Barcelona. La Generalitat, en una decisión incomprensible, no sólo ha avalado y autorizado la reducción de plantilla pretendida por la multinacional japonesa sino que ha situado la cifra de afectados por el ERE en un total de 698 trabajadores/as, de los cuales 548 trabajadores/as han sido despedidos con carácter definitivo, mientras el resto, 150 trabajadores/as, tendrán el derecho a ser readmitidos en los próximos 18 meses si así lo requiere la carga de trabajo contemplada en el plan industrial de la empresa.

Desde el PSUC viu manifestamos nuestro más profundo rechazo a la resolución de la Generalitat a la vez que expresamos nuestra solidaridad con la plantilla de Nissan afectada por el ERE. Recordemos que la multinacional japonesa presentó el ERE días después de firmar con la representación sindical un acuerdo de bajas voluntarias con opción de reingreso en 2012 y de afirmar públicamente que no planeaba la presentación de ningún expediente de regulación de empleo. Al mismo tiempo, la multinacional ha vulnerado de manera unilateral los acuerdos de febrero de 2009 que establecían la adopción de medidas de carácter social como bajas incentivadas, prejubilaciones y jubilaciones anticipadas para los mayores de 55 años así como el compromiso de la empresa de fabricar dos nuevos modelos, un segmento B a partir de 2012 y una furgoneta en 2009.

Los despidos de Nissan ponen de manifiesto el déficit en materia social y laboral del gobierno de la Generalitat y la falta de una política industrial y de empleo que atienda a los intereses de la clase trabajadora y a la reactivación del tejido industrial en Catalunya. En paralelo, la medida adoptada por la Generalitat es si cabe más irresponsable cuando resulta que Nissan es una de las empresas más beneficiadas por las ayudas públicas al sector de la automoción al recibir en marzo más de 100 millones de euros en créditos estatales.

En concreto, Nissan ha percibido las siguientes ayudas: 70´9 millones de euros destinados a un proyecto inversor de 280 millones de euros en la planta de la Zona Franca, 23 millones de euros para una inversión de 34 millones de euros en la factoría de Nissan en Ávila, y 9 millones de euros para una inversión de 15 millones de euros en el centro productivo que Nissan posee en Cantabria. Y no olvidemos que tales ayudas aprobadas por el gobierno central estaban condicionadas al mantenimiento del empleo y a que ninguna de las empresas receptoras de las subvenciones realizara extinciones de contrato. ¿Se va a exigir públicamente la retirada de las ayudas a Nissan?. Desde el PSUC viu consideramos inaceptable la situación y emplazamos al gobierno central a hacer valer los compromisos adquiridos en el Plan Integral de Automoción frente a la multinacional y frente a la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea que ha desestimado la devolución de las ayudas por parte de Nissan.

Desde el PSUC viu hacemos un llamamiento a las organizaciones sindicales y a la sociedad civil de Catalunya a solidarizarse de manera activa con los trabajadores y trabajadoras de Nissan afectados por el ERE. Desde el PSUC viu y el conjunto de nuestra militancia apoyaremos al colectivo de despedidos y secundaremos las movilizaciones que se convoquen. Un ataque a la clase trabajadora de tales dimensiones no puede ni debe quedar impune.

Barcelona, 3 de agosto de 2009.

domingo, 26 de julio de 2009

El último adiós de Casimiro Bayón


Fundador de las Comisiones Obreras, picador en La Camocha y comunista.

La silicosis adquirida en la mina le llevó hace 25 años a Campillo (Alicante) y allí, el 20 de julio ha ido a buscarle, con 84 años, la de la guadaña. Casimiro Bayón, histórico comunista y picador en la mina, formó la primera comisión obrera en La Camocha, en 1957, junto con Pedro Galache y Gerardo Tenreiro.

En junio de 2007, coincidiendo con el cierre de la mina, que fue su vida y su muerte, Casimiro nos decía en Madrid Sindical que cuando se enteró del cierre “fue como si me arrancaran algo”. Allí, en pleno franquismo, defendía ante la patronal y el Gobierno Civil, tal como nos recordaba el propio Casimiro “el aumento de los precios de los destajos, puestos aptos para los afectados de silicosis, reducción a cinco horas de la jornada de los que picaban en galerías anegadas…”

En enero de aquel 1957, mientras la comisión negociaba con la patronal, los 1.500 mineros pararon la mina. No hubo ni un detenido, ni una agresión. Casimiro fue el encargado de materializar en La Camocha la nueva táctica del PCE en la lucha obrera: promover las comisiones de representantes para reivindicaciones específicas y que sus militantes se presentaran a las elecciones del Sindicato Vertical, el sindicato único franquista, hasta coparlo. Así, Casimiro se hizo con la presidencia de la Junta en el Sindicato del Combustible, la central franquista.

Casimiro nos recordaba con su voz, aún firme al recordar momentos históricos, que “la huelga del 57 acabó con la apatía de los trabajadores, con el sentimiento de que no había nada que hacer”.En 1958 fue encarcelado y desterrado. Pasó temporadas de su vida en Francia, Bélgica y la Unión Soviética, hasta que pudo volver a España en 1976.

Sin Casimiro y tantos como él, muchos de ellos luchadores anónimos, no habrían surgido las Comisiones Obreras. Y las Comisiones Obreras nunca olvidarán a esas personas.

Madrid Sindical.

Julio de 2009.

viernes, 24 de julio de 2009

CCOO ante los datos de la EPA del segundo trimestre de 2009


En el segundo trimestre de 2009, se sigue destruyendo empleo, con 145.800 personas ocupadas menos (-0,76%) y el paro sigue aumentando en 126.700 personas, con lo que la tasa de desempleo llega al 17,92% con 4.137.500 parados. Respecto a 2008 hay 1.755.900 parados más, un 73,73%.

Esta destrucción de empleo afecta tanto a hombres como a mujeres, -0,76% y -0,19% respectivamente, si bien tiene una mayor incidencia entre los hombres, especialmente entre los menores de 30 años (84.500 empleos menos, que representan el 57,8% del total de empleos destruidos en este trimestre).

Por sectores el empleo sólo crece en el sector servicios (0,46%), coincidiendo con el inicio de la temporada estival. En el resto se sigue perdiendo empleo tanto trimestral como anualmente, destacando la pérdida de empleo en la industria con 100.800 puestos de trabajo menos que en este segundo trimestre.

En el segundo trimestre hay 23.082.400 activos, 19.100 menos que en el trimestre anterior (-0,08%), pero 275.700 más que en 2008 (1,21%). El número de activos desciende entre los varones, tanto trimestral como interanualmente (-0,28% y -0,40% respectivamente). Sin embargo entre las mujeres el número de activos crece tanto trimestral como anualmente (0,18% y 3,36%).

El paro aumenta en todos los sectores económicos, a excepción de construcción, donde hay 41.900 desempleados menos (-5,63%) respecto al primer trimestre de 2009 como consecuencia de las obras del Plan de Inversión Local, aunque respecto a 2008 el número de parados es un 85,25% mayor. En el resto de sectores los parados en agricultura suben un 14,08%, en industria un 5,70% y en servicios un 1,32%.

Por sexos el incremento del paro es mayor entre los hombres que entre las mujeres, especialmente entre los hombres jóvenes. En el 2º trimestre hay 2.289.100 hombres parados un 4,25% más que el trimestre anterior y un 93,52% más que 12 meses antes. Entre las mujeres 1.848.400 están paradas, un 1,84% más que en el primer trimestre y un 54,20% más que en 2008.

Los parados de larga duración crecen en 117.000 personas (un 11,97%), y descienden los que buscan su primer empleo con 12.800 parados menos (-4,29%).

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro sigue aumentando, en 49.900 respecto al trimestre anterior y en 564.400 en los 12 últimos meses. El número total de hogares en esta situación es de 1.118.300.

La tasa de temporalidad sigue reduciéndose y se sitúa en el 25,24% (0,17 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior), lo que supone 4,15 puntos porcentuales menos que hace un año, lo que se debe al ajuste que se sigue produciendo en el empleo que con mayor intensidad afecta a los contratos temporales. Los asalariados con contrato indefinido descienden en 52.000 y los temporales en 54.000, ambos con respecto al trimestre anterior. En el último año los asalariados con contrato indefinido han descendido en 135.200 personas (casi 1,2%), mientras que los temporales caen en 981.00 personas, casi un 20%. Esto supone que el grueso del empleo que se está destruyendo es temporal, pero la pérdida de empleo indefinido también es importante.

Por Comunidades autónomas el paro desciende en Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Ceuta.

CCOO considera preocupante la pérdida de empleo y el aumento del desempleo, si bien en este segundo trimestre no ha sido tan alarmante con respecto al anterior.

Esta situación requiere dar mayor cobertura a todas las personas que no tienen ningún tipo de prestación, así como poner en marcha las medidas necesarias para la reactivación económica. Para estos elementos era fundamental haber alcanzado un acuerdo en el marco del diálogo social, que ha hecho fracasar la actitud de CEOE, manteniendo su objetivo de obtener ventajas competitivas a costa de reducir los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

CCOO exigirá al gobierno que adopte las medidas necesarias para reactivar la actividad económica, que es la que realmente hará que pueda generarse empleo de calidad y con valor añadido, que lleve a España a poder competir en los mercados internacionales.

Madrid, 24 de julio de 2009.
Secretaría Confederal de Empleo y Migraciones de CCOO.

viernes, 10 de julio de 2009

Solidaridad con los trabajadores del sector del automóvil en lucha


Secretaría Política del PSUC viu.

El sector del automóvil es uno de los motores productivos de la industria en Catalunya. El sector representa el 7,5 % del PIB en Catalunya y empresas constructoras como Seat, Nissan, Iveco Irisbús y Mercedes Benz fabrican el 25% de la producción de automóviles en el conjunto de España. En paralelo, el subsector de las empresas proveedoras y de componentes del automóvil en Catalunya ocupa a 85.000 trabajadores y trabajadoras.

Siendo muy notable el peso de la industria del automóvil para la economía catalana, el sector está atravesando un periodo de reestructuración y de pérdida del volumen de empleo como consecuencia del proceso de crisis económica y desaceleración productiva. La actual coyuntura económica está afectando de manera muy profunda al sector del automóvil en Catalunya y sólo desde enero hasta abril de 2009 ya se han aplicado 92 expedientes de regulación de empleo (ERE´S) que han afectado a un total de 17.842 trabajadores/as. Los expedientes de regulación presentados en Nissan, Iveco Irisbús y la situación de Seat en torno a la adjudicación del nuevo modelo Audi Q3 a cambio de la congelación salarial en 2009 y 2010 ejemplifican el precario estado del sector en Catalunya y la ofensiva de la patronal por hacer pagar a la clase trabajadora la caída en la venta de automóviles.

NISSAN

En Nissan, la dirección presentó el pasado 15 de junio un ERE de extinciones de contrato que afecta a 581 trabajadores/as de las plantas de Montcada i Reixach y de la Zona Franca de Barcelona. Una medida que la multinacional ha aplicado días después de firmar con la representación social un acuerdo de bajas voluntarias con garantía de reingreso en 2012 y de afirmar públicamente que no planeaba la presentación de ningún expediente de regulación. Ya desde octubre de 2008, cuando la dirección de la empresa presentó un ERE de extinción de 1.680 contratos, la plantilla de Nissan vive bajo la amenaza permanente de perder sus puestos de trabajo. En febrero de 2009 la situación se resolvió de manera no traumática mediante un acuerdo de bajas incentivadas, prejubilaciones y jubilaciones anticipadas para trabajadores mayores de 55 años así como el compromiso de la empresa de fabricar un modelo del segmento B en 2012 y de una furgoneta en 2009. Sin embargo, la dirección de la multinacional insiste en seguir realizando recortes de personal con el objetivo de reducir la plantilla en un 40%. La política empresarial de Nissan resulta inmoral e inaceptable cuando resulta que la multinacional registró en España entre 2003 y 2008 cerca de 300 millones de euros de beneficios. Es decir, una vez más, la patronal del sector decide socializar las pérdidas (o cierto descenso de ventas en algunos casos) tras años de grandes beneficios en un contexto de moderación salarial e incremento de la tasa de temporalidad laboral.

IVECO IRISBÚS

La situación de la planta de Iveco Irisbús de la Zona Franca de Barcelona es asimismo producto de la estrategia de la multinacional italiana Fiat por reducir de manera drástica las plantillas de sus fábricas españolas. Iveco España es la compañía heredera de la antigua Pegaso desde que en 1990 el Grupo Fiat se hiciera con el 60% de ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones S.A) y estableciera plantas de producción en Madrid, Valladolid y Barcelona. En 1995 Iveco y Renault llegan a un acuerdo para la creación de Iveco Irisbús, incorporando así la división de autobuses y autocares a la producción, proceso de adquisición que se cierra en 2002 cuando el Grupo Fiat se hace con el 100% del capital de Iveco Irisbús. Las instalaciones de Iveco con sede en la Zona Franca de Barcelona están divididas en tres plantas, Iveco Irisbús, dedicada al montaje del chasis de los autobuses urbanos e interurbanos, Comesa, dedicada a la fabricación de componentes del vehículo ligero Daily Iveco y al montaje de cajas de cambio, e Ingeniería Motores, como banco de pruebas y diseño (I+D).

En Iveco Irisbús la dirección presentó el 23 de abril un expediente de regulación de empleo (ERE) de 90 días de suspensión de contratos que afecta a 238 trabajadores/as, la totalidad de la plantilla. La supresión de la producción del autobús urbano Cityclas y la decisión de la dirección de Iveco de fabricar el nuevo autobús urbano Citelis en las factorías de Italia Francia y República Checa y no en Barcelona, como así estaba previsto, ha provocado la presentación de un expediente de regulación que sólo cubre el 70% del salario y que además adolece de un plan industrial que garantice el futuro de la planta. Un conflicto laboral que unido a los ERE´S de Comesa, Iveco Madrid, donde la dirección pretendía despedir a 1024 trabajadores/as de una plantilla de 2401 e Iveco Valladolid con la presentación de un expediente de suspensión de contratos que afectaba a los 1200 trabajadores/as de la planta, ha propiciado la respuesta unitaria de las plantillas de los diferentes centros de Iveco. La reacción ejemplar de los trabajadores/as de Iveco Irisbús debería de sensibilizar tanto a la opinión pública como a la administración autonómica y estatal. En este sentido, la aprobación del Plan VIVE para autobuses y autocares no puede eximir a la administración pública de un conflicto surgido a raíz de la deslocalización de la fabricación del mismo autobús urbano que compran los ayuntamientos españoles para el transporte público.

SEAT

El 29 de junio la dirección de Seat comunicó a la representación sindical la decisión de presentar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter temporal y que afectaría a un máximo de 7.789 trabajadores y trabajadoras. El ERE presentado es el tercero en los últimos ocho meses y viene precedido de un acuerdo de congelación salarial para los años 2009 y 2010 impulsado por la Sección Sindical de UGT y ratificado en referéndum a la plantilla el 18 de marzo. Desde el PSUC viu creemos que la crisis no ha sido provocada por la masa salarial de la clase trabajadora y es por ello que la solución a la grave situación económica no puede asentarse en la perdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras ni en extender la congelación salarial con la única pretensión de cuadrar las cuentas de las multinacionales en un contexto de apuro productivo. Consideramos acertada la posición de los sindicatos en el ámbito confederal en los Acuerdos de Negociación Colectiva (ANC) de 2009 en su defensa del salario y precisamente por ello nos produce cierta decepción el desenlace en Seat respecto a la negociación salarial, especialmente cuando el propio Consorcio Volkswagen admitió públicamente que la adjudicación del modelo Audi Q3 a la planta de Seat Martorell se había decidido por razones de calidad, productividad, profesionalidad y cualificación de la plantilla de Seat. O lo que es lo mismo, la cuestión salarial en Seat no es determinante en la fabricación de un nuevo modelo cuando apenas representa el 7% del valor del producto final y la congelación salarial en dos años significa para la empresa un ahorro de costes de 5 millones de euros.

El reciente ERE presentado por Seat demuestra además que el problema de fondo no son los salarios sino la falta de demanda que provoca que la planta de Martorell trabaje sólo a dos tercios de su capacidad productiva. Así, para hacer frente al excedente de personal el actual ERE concreta suspensiones temporales de empleo de manera escalonada entre el 31 de agosto y el 23 de diciembre. Al contrario que los dos anteriores ERE´S, la parte social de Seat ya ha manifestado su disposición a firmar el ERE si se respetan las condiciones sociales que los trabajadores y trabajadoras votaron mayoritariamente en el pasado referéndum. Desde el PSUC viu pensamos que existen cuestiones fundamentales que hay que garantizar tales como la cobertura del 100% del salario y el carácter rotativo del ERE así como la exclusión del ERE de los mayores de 53 años con la idea de vislumbrar para un futuro próximo la necesidad de abordar la negociación de un nuevo acuerdo de prejubilaciones como prórroga del actual plan de prejubilaciones que finaliza en diciembre de 2009.

Julio de 2009.

jueves, 9 de julio de 2009

Unas 2.000 personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la industria y el empleo en el sector del metal


Unos 2.000 trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas del sector del metal afectadas por EREs de suspensión temporal y de extinción de contratos secundaron ayer la movilización convocada conjuntamente por la Federación de Industria de CCOO de Catalunya y la MCA-UGT de Catalunya, y se manifestaron por el centro de Barcelona para reivindicar sus puestos de trabajo.

NISSAN, ESSA, UTYMAT, Sierra Soldadura, IVECO e Inoxcrom estuvieron en la maniA partir de las seis de la tarde cientos de personas empezaron a congregarse a la Plaza de Urquinaona, desde donde empezó la manifestación encabezada por los secretarios generales de las dos federaciones y dos representantes de las diferentes empresas que participaron.

Bajo el lema Defendemos la industria y la ocupación como garantía de futuro los trabajadores de NISSAN, ESSA Palau, UTYMAT, Sierra Soldadura, grupo IVECO e Inoxcrom gritaron consignas para exigir el mantenimiento de los puestos de trabajo, contra los despidos e instaron la Administración a no aprobar los expedientes y a las empresas a negociar con los sindicatos.

La Federación de Industria de CCOO de Catalunya valora positivamente el seguimiento de la manifestación, que finalizó con una concentración a la plaza de Sant Jaume y con las intervenciones de los secretarios generales del FIN.CCOO.CAT, Javier Pacheco, y la MCA-UGT, Isabel Martínez, que instaron el Gobierno a hacer políticas activas para defender e impulsar la industria y los puestos de trabajo, pidieron su implicación para que la banca dé crédito a las empresas, especialmente a las pymes, muchas de las cuales funcionan pero tienen problemas de liquidez. Los dos agradecieron a los trabajadores y trabajadoras su participación en la manifestación, les animaron a continuar adelante y les dieron su apoyo para hacer frente a los expedientes.

Federación de Industria de CCOO-Catalunya.

Julio de 2009.

miércoles, 8 de julio de 2009

El diálogo social en tiempos de crisis


Pedro Luna Antúnez.

Secretaría Mundo del Trabajo del PSUC viu.


Desde que estallara con inusual virulencia la crisis económica, se ha fraguado en el seno de las organizaciones sindicales un debate sobre cuales han de ser las propuestas y las medidas que sirvan de acicate con el objetivo de paliar los graves efectos que el actual ciclo económico está causando entre la clase trabajadora española. Porque sin duda, la realidad social de nuestro mercado de trabajo es ciertamente precaria y dolorosa. Según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) del primer trimestre de 2009, la tasa del paro se ha situado en el 17,4% y la cifra de desempleados alcanzó el máximo histórico de 4.010.700 personas, de las cuales 1.500.000 carecen de prestación económica por desempleo o de alguna renta mínima de subsistencia. En paralelo, 1.068.000 familias tienen a todos sus miembros en el paro y cerca de 700.000 familias están a un paso de la indigencia.

Es decir, la crisis está golpeando muy duramente a la clase obrera y en España lo está haciendo de manera más intensa que en el resto de la Unión Europea. Y ello es así porque la actual crisis, que tiene un origen financiero, ha chocado frontalmente con la propia fragilidad estructural del sistema económico español y con un patrón de crecimiento que en los últimos años se ha basado esencialmente en la especulación inmobiliaria y en los servicios de bajo coste, consolidando así un modelo escasamente productivo, poco competitivo, que no genera riqueza para el conjunto de la ciudadanía, que no crea empleo y el poco que crea es de naturaleza precaria (elevadas tasas de temporalidad y de siniestralidad laboral, abuso de las horas extras, fraude empresarial en materia contractual y de la seguridad social, etc.) y que se trata, en definitiva, de un modelo económico con pies de barro e inseguro laboral y socialmente.

Es por está razón que una de las demandas de las organizaciones sindicales, y especialmente de CCOO, no ahora sino desde hace años, ha sido el impulso de un nuevo modelo productivo como eje dinamizador de una economía basada en la industria, en el I+D+i, en un mayor valor añadido y en un empleo estable y de calidad. Cierto es que a día de hoy el cambio del modelo productivo no ha cuajado aún, entre otros motivos, porque cambiar el modelo productivo no es algo que se produzca de la noche al día sino que requiere de un proceso gradual de cambios profundos en la economía de un país y del cambio de mentalidad de la misma clase empresarial, la cual es en España reaccionaria y autocrática tanto por origen como por actitud.

Así pues, para hacer frente a la crisis convienen medidas de alcance más inmediato. En este sentido, Ramón Górriz, Secretario de Acción Sindical de CCOO, intervino el pasado 17 de junio en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de Diputados y entre otras afirmaciones realizó las siguientes: Las causas de la situación que vivimos en España, no residen en el mercado de trabajo, y por tanto no se solucionan con reformas laborales. CCOO está dispuesta a participar del debate de la reforma de la negociación colectiva en España. Una reforma que potencie la negociación colectiva como instrumento para garantizar seguridad y flexibilidad a los trabajadores y a las empresas. Efectívamente, Ramón Górriz señala de manera muy acertada cual ha de ser el antídoto principal en la batalla sindical contra la crisis, que no es otro que el de reforzar la negociación colectiva como la gran herramienta legal que dispone la clase trabajadora para mejorar sus condiciones laborales.

Claro que cuando hacemos hincapié en la idea de reforzar la negociación colectiva no ha de hacerse bajo el paraguas de un diálogo social a la defensiva y algo endeble. El dialogo social ha de partir de unas premisas claras e inequívocas. Por ejemplo, tal y como señala Ramón Górriz éste no es el momento de una nueva Reforma Laboral y menos aún si se atisba como horizonte en la mesa de negociación un posible abaratamiento del despido como demanda la patronal. Asimismo, desde las organizaciones sindicales tampoco puede asumirse la perdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora como una alternativa a la crisis como también pretende la CEOE al socaire de la grave coyuntura económica. Es evidente que la cuestión salarial no causa la crisis y por lo tanto no puede ni debe ser la solución a la misma. ¿Acaso ha sido determinante en Seat la congelación salarial para 2009 y 2010 cuando apenas representa el 7% del valor final del producto y un ahorro de 5 millones de euros frente a los 240 millones de euros que la multinacional recibirá de ayuda pública por la adjudicación del modelo Audi Q3?.

Por otro lado, el sistema público de la Seguridad Social no puede ser objeto de discusión si lo que se aspira es a reducir las cotizaciones empresariales a la caja común. No olvidemos que ya en la Reforma Laboral de 2006 se acordó la reducción de las cotizaciones empresariales en un 0,5% al desempleo y en un 0,2 % al FOGASA (Fondo de Garantía Salarial). Y sería imprudente concretar nuevas reducciones de las cotizaciones y alterar los ingresos de la Seguridad Social por lo que ello pudiera generar al futuro y a la estabilidad del sistema público y de pensiones.

En consecuencia, el fin es el de reforzar la negociación colectiva, sí, pero como camino hacia un diálogo social que establezca las bases de un gran pacto por la creación de empleo y la cohesión social. La ampliación de la prestación del desempleo para las familias sin cobertura, la mejora de la renta activa de inserción, el fomento de las políticas de economía social, la reforma de la ley concursal, el endurecimiento de la legislación en materia de presentación y aprobación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE´S) o la revisión del sistema financiero son propuestas que se han realizado desde las organizaciones sindicales (véase documento sobre Propuestas sindicales para un acuerdo por el empleo y la protección social del 20 de mayo) que sitúan cuales son las verdaderas necesidades sociales y de que modo podemos garantizar un futuro más alentador y seguro para millones de trabajadoras y trabajadoras de nuestro país.

Julio de 2009.

sábado, 16 de mayo de 2009

El PCE-EPK ante la convocatoria de huelga general en Euskadi


Comisión Permanente Ejecutiva del PCE-EPK.

12 de mayo de 2009.

El PCE-Euskadiko Partidu Komunista ante la convocatoria de huelga general el día 21 de mayo por parte de las centrales sindicales nacionalistas, quiere manifestar:

La huelga general es una herramienta poderosa de la clase trabajadora que se ha demostrado efectiva a lo largo de la historia para impedir recortes o para arrancar mejoras laborales a patronales y gobiernos. La huelga general no es un fin en si mismo, es una jornada de lucha en la que confluyen diversas movilizaciones laborales y sociales para conseguir objetivo claros y precisos.

Lamentablemente, la convocatoria de huelga general realizada en Euskadi por parte de las centrales sindicales nacionalistas encabezas por ELA y LAB, no cumple, a nuestro entender, estas premisas fundamentales para alcanzar su éxito y asegurar la participación masiva de las trabajadoras y los trabajadores vascos. Se pierde, asimismo, una importante oportunidad para la unidad de acción entre fuerzas sindicales nacionalistas y no nacionalistas en torno a reivindicaciones comunes frente a la crisis económica y, lo más grave, se corre el riesgo real de desmovilización futura si el conjunto de la clase trabajadora se siente instrumentalizada con objetivos ajenos a sus propias reivindicaciones.

La convocatoria de los sindicatos nacionalistas se hace desde la arrogancia, la exclusión y el desprecio a los sindicatos de clase no nacionalistas y por extensión a los trabajadores y a las trabajadoras a los que representan. Desde diversos sectores políticos y sindicales nacionalistas ya se reconoce que la huelga general no servirá a objetivos económicos y laborales, sino que tiene como objetivo marcar la hoja de ruta del nuevo gobierno vasco, en clave identitaria y no de clase.

Desgraciadamente y una vez más en Euskadi, el elemento identitario sigue impregnándolo todo para situarse como un eje central y principal por encima de otras cuestiones de índole económico, social o laboral. Desde el PCE-EPK lamentamos esta oportunidad perdida de convocatoria unitaria de una huelga con objetivos claros y buscando la máxima unidad de acción de la clase trabajadora para asegurar su éxito. Los comunistas vascos seguimos apostando por la huelga general que sirva a los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras para hacer avanzar sus reivindicaciones socio-laborales, pero no compartimos la clara instrumentalización que se pretende hacer el próximo día 21 de mayo, por ello, desde el PCE-EPK no apoyaremos esta convocatoria y decimos, bien alto y claro, que huelga general si, pero no así.

Bilbao, mayo de 2009.

viernes, 1 de mayo de 2009

Texto de la intervención de Toxo en el Congreso de los diputados


Comparecencia de Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO, en la Comisión no Permanente de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.

El acceso a prestaciones sociales para las personas en situación de necesidad, mediante prestaciones económicas o en especie, gratuitas o por precio inferior al de mercado, mejora sensiblemente la calidad de vida de las personas, y puede afectar positivamente a la estabilidad de la economía al limitar los efectos negativos de los ciclos que de forma periódica afectan a la actividad productiva. Su implantación con carácter general en la mayor parte de los países europeos, entre ellos España, ha colaborado activamente en los actuales niveles de cohesión social y económica. En nuestro caso este conjunto de medidas económicas o en especie, articuladas a través de las distintas administraciones, central, autonómicas o locales, es un factor determinante de nuestro modelo social que debemos reforzar aún más.

En esta comparecencia, quiero comenzar por trasladar a esta Comisión nuestra convicción de que preservar el consenso político y social sobre la evolución del sistema de pensiones es la mejor receta para mantener su fortaleza actual y adoptar, con la serenidad y anticipación suficientes, las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad y mejorar sus niveles de protección social.

El papel de los representantes políticos, a través de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes, para determinar las líneas de actuación y objetivos básicos compartidos es esencial para mantener los compromisos del Acuerdo de 1995.

También lo es la función de los interlocutores sociales con el Gobierno, en el marco del Diálogo Social tripartito, para definir de manera consensuada cambios y ajustes concretos en el sistema. Cumplen con ello el papel que les asigna la Constitución Española, y sostienen además, no en exclusiva, el sistema a través de las cotizaciones sociales.

En ese marco, el compromiso de CCOO con el sistema de pensiones está suficientemente acreditado hasta la fecha. Hemos participado de todos los acuerdos suscritos desde 1996. Estamos orgullosos de ello y reiteramos nuestro compromiso de contribuir en el marco del Diálogo Social al objetivo de mantener la sostenibilidad del Sistema, al tiempo que se refuerza su capacidad como herramienta básica de protección social.

Los objetivos fundamentales deben ser: alcanzar la máxima cobertura de la población con un sistema de pensiones que constituyan su renta principal y suficiente en un marco de sostenibilidad financiera presente y futura, compatible con una mejora sensible de la calidad de vida de la población española y, concretamente, de los pensionistas del sistema.

Para ello, creemos que deben mantenerse actuaciones permanentes, con perspectiva global, criterios de anticipación y previsión de largo plazo, huyendo de análisis cortoplacistas o coyunturales y atendiendo a la función social básica y a las necesidades a las que está llamado a responder el sistema de pensiones en su configuración actual: pagar más pensiones, más altas y durante más tiempo.

No podemos obviar la diferencia de esfuerzo en protección social que aún mantenemos en relación con nuestro entorno más próximo. En 2006 dedicábamos 6,6 puntos porcentuales menos, medido en porcentaje del PIB que la media de la UE (20.9% frente a 27,5%). En este sentido, conviene señalar que nuestro Sistema de Protección Social no se limita únicamente a las pensiones, aunque éstas son su espina dorsal, las políticas públicas de protección social para dar una atención integral deben también articular medidas en la línea de mejorar la protección sanitaria, de los servicios sociales, etc. En cuanto al sistema de pensiones propiamente dicho, nuestro retraso respecto a Europa es igualmente considerable, en 2006 dedicábamos un 8,8% del PIB frente al 12,1% en la UE-15, o el 11,9% en la UE-27.

Conviene recordar los datos anteriores en un momento en que llevamos unos días en los que el sistema de pensiones vuelve a ser presentado, con poco rigor, como un factor de preocupación como consecuencia de la crisis económica que padecemos.

Nuestro sistema de pensiones goza de buena salud, lo que no impide reconocer que su estabilidad financiera, el mantenimiento del superávit actual por el mayor período posible, las dotaciones al Fondo de Reserva, son circunstancias que precisan mantener un número de cotizantes suficiente a la Seguridad Social. La disminución de las inaceptables cifras de desempleo que hoy padecemos, el incremento de la tasa de ocupación de la mujer, la creciente aportación de la población inmigrante, son herramientas fundamentales para mantener la actual buena salud del Sistema, que es una consecuencia clara del proceso que se abrió con la firma del Pacto de Toledo y los sucesivos acuerdos posteriores alcanzados en el marco del Diálogo Social.

El déficit del sistema no es un problema a corto plazo. Los datos que proporciona la Seguridad Social apuntan a un mantenimiento del superávit en 2009 en el sistema de pensiones pese a la reducción de cotizaciones y el menor crecimiento de las bases de cotización, parcialmente compensados por el incremento de las cotizaciones derivadas de las prestaciones por desempleo por parte del Estado. Por otra parte, la fuerte moderación de la inflación también significa menores compromisos de revalorización de pensiones.

No debemos mezclar esta situación de desequilibrio positivo del sistema de pensiones con la situación de la Seguridad Social en términos de contabilidad nacional, es decir, incluyendo la protección social por desempleo en su integridad, también con los recursos destinados a políticas activas, que padece en estos momentos con intensidad la necesidad de proteger al creciente número de trabajadores en desempleo.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que los superávits del sistema de pensiones no arrancaron en 1999-2000. Desde hace tres décadas los mismos han sido absorbidos por otras partidas de gasto (sanidad universal hasta 1997, complementos a mínimos hasta la actualidad,…) Hay Estudios que estiman que si esos superávit anteriores se hubieran llevado al Fondo de Reserva, éste superaría el 34% del PIB, en lugar del importante pero claramente menor 5,28% de nuestro Fondo de Reserva.

Por otra parte, el retraso en la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación, así como la asunción con cargo a cotizaciones sociales de otras partidas, que razonablemente deberían financiarse con impuestos (costes de personal de la Seguridad Social, por ejemplo), dan todavía un margen de mejora en los ingresos por encima de los 7.000 millones de Euros, con datos 2008. Por tanto, el déficit inminente que algunos predican, bien por desconocimiento, bien por convicción de que ese argumento ayudará a llevar el sistema de pensiones a niveles de cobertura inferiores, tiene aún palancas más que razonables para ser evitado.

La Seguridad Social es una de nuestras más potentes herramientas anti-cíclicas y debemos reforzar nuestra confianza en ella.

Las afirmaciones anteriores son plenamente compatibles con una serena valoración de las evidentes tensiones demográficas a medio y largo plazo. Somos un país del pelotón de cabeza en cuanto a nuestra esperanza de vida y eso tiene un efecto indudable sobre las pensiones que deben abonarse durante más años.

Asimismo, la evolución demográfica hace prever periodos de mayor tensión en cuanto al número de personas con acceso a pensión en diferentes periodos pero con impactos irregulares en el tiempo. Tras la jubilación de la generación que nació en la guerra y años inmediatos posteriores, llegarán generaciones nacidas en coyunturas de fuerte incremento de la natalidad y, por tanto, exigirán una política rigurosa para seguir controlando la salud financiera del Sistema. No obstante, a continuación llegarán otras con menor número de pensionistas como consecuencia de la caída de natalidad de las últimas décadas. A todo lo anterior, habrá que añadir el impacto de la incorporación de la población inmigrante que están ayudando a financiar el sistema en la actualidad y que, en lógica correspondencia se beneficiará de derechos a pensión posteriormente.

El crecimiento de la actividad económica es una variable esencial a considerar. La evolución del PIB es clave y aún abordando distintos escenarios, el juego combinado de envejecimiento de la población - a mediados de siglo el número de pensionistas se habrá incrementado notablemente - y bajas tasas de natalidad, nos hacen tener la convicción de que deberemos seguir actuando en el medio y largo plazo, para mantener el equilibrio financiero del sistema.

No obstante, incluso aunque la profundidad de la crisis y su duración en el tiempo provocasen algún momento coyuntural de déficit, este sería puntual. Los sistemas de reparto como el nuestro son sostenibles en cualquier caso. Si las cotizaciones no fuesen suficientes el Estado garantiza el sistema. Se trata de derechos subjetivos.

En ese escenario, no hay margen para la bajada de cotizaciones sociales, cuyo coste está en la media de los países de nuestro entorno y por tanto no disminuye nuestra competitividad, ya que cada punto de cotización supone 3.800 millones de Euros en cotizaciones devengadas. Por tanto, un recorte del 3% significa perder 11.400 millones de recaudación; un 2% son 7.600 millones y un 5%, como se ha llegado a pedir en algún momento de euforia incontrolada, simplemente 19.000 millones de €.

La Seguridad Social, en términos de sistema de pensiones no está en déficit, pero si se toman las decisiones equivocadas puede hacerse que entre en dificultades en un plazo corto. El objetivo de estas pretensiones de reducción de cotizaciones, es transferir garantías de renta de los futuros pensionistas, a través del Fondo de Reserva (57.322 millones de € al cierre de 2008) a las cuentas de resultados de las empresas. El nivel de desempleo que padecemos no es consecuencia de los costes laborales.

El incremento de la tasa de actividad y de los ingresos medios de los asalariados son medidas estructurales de mantenimiento del sistema. Incrementar la tasa de ocupación y la productividad pasa por un cambio de nuestro modelo productivo. Hacer lo necesario para que el modelo productivo de nuestro país se base en las oportunidades competitivas que ofrecen los empleos de alto valor añadido, en lugar de depender de las fracasadas ventajas comparativas de actividades intensivas en mano de obra y los recortes sociales, es una apuesta estratégica también para el sistema de pensiones.

Un modelo productivo basado en bajos costes salariales afecta al diseño de un sistema de pensiones. Si los costes salariales, como consecuencia del mayor valor añadido del factor trabajo son más elevados, las posibilidades de financiación del sistema y de la mejora de sus prestaciones son asimismo mayores.

Entre las medidas concretas que se pueden considerar hay que incluir la mejora de coberturas y prestaciones que lo precisan, así como seguir dificultando el fraude y la compra de prestaciones. Por otra parte, cada medida adoptada en materia de ingresos y gastos del sistema debe pasar el test de proyección a medio y largo plazo.

Estaremos muy pendientes de las conclusiones de esta Comisión cuyos trabajos seguimos con máximo interés. No obstante, nos permitimos apuntar nuestros criterios en relación con diversos apartados:

Entre otras cuestiones:

-No es una prioridad abordar el retraso obligatorio en la edad de jubilación. Hemos sido capaces de crear novedosas figuras como la de la jubilación flexible, que puede aún desarrollarse para permitir la plena voluntariedad en el acceso a la jubilación anticipada desde los 61 años. Esta jubilación flexible da salida a necesidades diversas, al combinar la posibilidad de jubilación anticipada con la de alargar voluntariamente la vida laboral. Debemos seguir estimulando ese alargamiento voluntario al tiempo que actuamos sobre el equilibrio financiero de las prestaciones de jubilación anticipada, cuyos coeficientes reductores mantienen un margen de actuación a la baja situados actualmente en 6-7,5% cuando su punto de equilibrio permitiría establecerlos en un 5-6,5%.

-La jubilación anticipada, en los términos expresados puede generalizarse desde los 61 años sin que ello grave financieramente al sistema, e incluir a los empleados públicos que hoy no tienen acceso a ella.

-La reducción de edad mínima de jubilación para personas que trabajen en actividades penosas, tóxicas, insalubres o peligrosas, debe ser desarrollada para los sectores en los que se justifique. En este sentido, es conocida la petición de las organizaciones sindicales de abordar esta cuestión para el personal de obra de la Construcción.

-Estudiar con detalle las tendencias de las nuevas pensiones y las características del mercado laboral, la evolución en este de la tasa de actividad y de las bases de cotización medias, son elementos que determinan las fórmulas paramétricas de acceso y cálculo de la prestación.

-En esas reformas paramétricas, de producirse, debe protegerse mejor a las personas expulsadas del mercado de trabajo con 50 o más años. Pese a contar con carreras de cotización largas, ven fuertemente penalizada su pensión, como consecuencia del peso específico de los últimos años en los que se concentran, frecuentemente, sus cotizaciones más bajas, derivadas de la percepción de la prestación y subsidios de desempleo.

-Anticipar el proceso de separación de fuentes y financiar con cargo a la imposición general los costes de personal de la Seguridad Social, son medidas adecuadas para mejorar la calidad y cantidad de la estructura financiera del sistema.

-Mantener la garantía legal de incremento de pensiones en el IPC real tiene un doble interés, el de mantener y reforzar el poder adquisitivo de los pensionistas para su propio bienestar y, al tiempo, para reforzar la demanda interna de bienes y servicios.

-Continuar con el proceso de equiparación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarse en el 60% del salario medio neto, supone un incremento de cotizaciones, con ellas un refuerzo financiero al sistema y una fuente de incremento de las pensiones medias.

-Valorar el impacto para el sistema, en cuanto a incremento de recaudación y mayor compromiso de pertenencia al mismo por parte de las personas con remuneraciones superiores a la media, de un incremento razonable de bases de cotización máximas. El mismo, debe guardar relación con la evolución de la pensión máxima a percibir del sistema.

-Debe desbloquearse el proceso de convergencia de regímenes que pese a la reiteración de los compromisos de abordarlo, sigue sin hacerse de manera efectiva. Especial mención hacemos a la situación del Régimen Especial Agrario para los trabajadores por cuenta ajena que aún no han comenzado a ver cumplidos los compromisos establecidos en el Acuerdo de Medidas en materia de Seguridad Social suscrito en 2006.

-La mejora en las tasas de natalidad, que nos permita una estructura poblacional más equilibrada en el futuro, debe ser un objetivo básico. El desarrollo de políticas sociales y económicas en este ámbito es aún una asignatura pendiente en España. Medidas como las ayudas directas por hijos a cargo; las deducciones fiscales ligadas al número de hijos;… atendiendo al mayor nivel de gastos de las personas con mayor número de ellos, es aún materia que nos hace mirar con envidia a los principales países europeos que tienen políticas asentadas y estables para financiar las prestaciones que se causen por este motivo.

-Existen situaciones que deben analizarse para valorar la conveniencia de su mantenimiento o corrección. Se trata de la regulación en torno a figuras como la jubilación parcial o la compatibilidad entre prestaciones de viudedad y del SOVI. En ambos casos, se trata de prestaciones económicamente más elevadas que las de referencia comparativa y a las que no acceden, de hecho o de derecho, la totalidad de las personas que acceden a la jubilación. La jubilación parcial ha sido abordada en la última reforma, variando sus características por acuerdo unánime en el marco del Diálogo Social. Sus ajustes, tendentes a imponer mayores condiciones de acceso a estas prestaciones, exigen el transcurso de periodos transitorios de aplicación. Tras ellos, podremos analizar su impacto y la conveniencia o no de adoptar otras acciones.

-Los sistemas complementarios de pensiones deben seguir siendo fomentados. Su función es la de complementar un sistema público suficiente, de modo que sirva para alcanzar una tasa de sustitución próxima al último salario y como instrumento de ahorro a largo plazo. Son estos elementos ligados a la mejora de la protección social los que justifican las políticas de apoyo a estos instrumentos. Por ello es preciso avanzar en la separación entre los sistemas de empleo, que garantizan esta función social y los únicos con capacidad de generalización de estos sistemas en el conjunto de la población, y los individuales. Debe darse mayor estabilidad a los sistemas de empleo, atendiendo a las restricciones a la movilidad que los caracterizan, con criterios de valoración más estables y apropiados que reduzcan el impacto de la alta volatilidad de los mercados financieros. Las prestaciones en forma de renta han de ser incentivadas para cumplir adecuadamente con el objetivo de estos sistemas. Los incentivos fiscales deben ser reordenados, teniendo en cuenta que la actual estructura dual del impuesto sobre la renta, diferenciando el tratamiento de las rentas del trabajo y las del capital mobiliario, ha reducido el atractivo comparativo de estos instrumentos de previsión social complementaria.

30 de abril de 2009.