La medida reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir una atención por parte del Estado cuando no puedan valerse por sí mismos, bien por sufrir una enfermedad o accidente invalidante o al llegar a la vejez. La ley, aprobada en el Congreso con amplia mayoría, afectará a más de un millón de españoles.El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha apuntado, en una entrevista concedida a Servimedia, que "a partir del 1 de enero el derecho a ser atendido ya está reconocido por ley, pero aún hay que desarrollar una serie de procedimientos y medidas que tienen que pasar por el Consejo Territorial de la Dependencia".Caldera ha incidido en que las personas con una gran dependencia, tal y como establece la ley, serán las primeras en beneficiarse del nuevo Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Los primeros serán "los que están en una situación más grave porque, lógicamente, no podemos atender en primera instancia a las más de 1.200.000 personas que necesitan atención, sino que lo haremos paulatinamente".Pero, además del coste que tiene la norma, Caldera ha destacado los retornos que producirá, puesto que "creará más de medio millón de empleos. 340.000 empleos directos y 160.000 indirectos" y "permitirá que los cuidadores familiares, que son casi siempre mujeres, reciban una ayuda económica y un alta en la Seguridad Social", aunque será "con carácter excepcional", puesto que se quiere primar "servicios profesionales de alta calidad".Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha considerado una cifra "más que razonable" la de los 400 millones de euros con los que se va a poner en marcha la Ley de Dependencia.
En una entrevista con EFE, Solbes ha afirmado que esa partida va a permitir al sistema ser "eficiente" y funcionar "bien", aunque ha precisado que, "lógicamente, la velocidad de crucero no van a ser 400 millones de euros, será bastante más en su momento".Respecto a futuros incrementos, ha adevertido de que "hay que avanzar poco a poco", ya que lo importante es ser "muy eficiente" en la gestión de los recursos públicos que se destinen a atender a las personas dependientes. Si no se hace así, "podemos caer en la trampa de una mala utilización de esos recursos y, por lo tanto, en una critica fácil al sistema que se pone en marcha", ha avisado.El ministro de Economía ha recordado que la financiación de los servicios de dependencia es "a tres bandas": Estado comunidades autónomas y el usuario. Sobre el usuario, ha considerado "razonable" que pague en función de sus propios recursos, "llámese pensiones, ventajas de otros tipos, ingresos propios o patrimonio". Según la Ley de Dependencia, el usuario que tenga recursos suficientes pagará como máximo en torno al 30 por ciento de la prestación.Para Solbes, la atención a la dependencia, el llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar, es "el reflejo de la sensibilidad de las sociedades de mayor nivel de riqueza a unas necesidades derivadas de problemas humanos muy claros, en parte consecuencia de enfermedades o dependencia en su sentido más amplio, y en parte derivada de envejecimiento".
Madrid, 2 de enero de 2007.
Boletín Comfia-CC.OO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario