SEAT: Por el reingreso de todos los despedidos

Agrupación Seat del PSUC viu.
29 de enero de 2007.

Cuando ya ha pasado un mes desde que finalizara el plazo que marcaban los acuerdos del ERE de 2005 con relación al reingreso efectivo de los compañeros despedidos, y con más de 60 compañeros sin reingresar, desde el PSUC viu denunciamos la actitud de intransigencia de la empresa al vulnerar sus propios compromisos adquiridos en diciembre de 2005. Pese a que debemos felicitarnos de que la mayoría de compañeros que se acogieron a la opción de reingreso ya están trabajando en la empresa, en torno a los 300, hemos de lamentar el no reingreso de 66 compañeros, de los cuales 54 ni siquiera denunciaron. Es de esperar que tal situación no responda a una actitud discriminatoria de la dirección de Seat hacia determinados trabajadores o colectivos. Debemos recordar además que Seat sigue vetando la entrada de los 33 compañeros que optaron por la vía judicial y que obtuvieron una sentencia que decretaba la nulidad del despido.

En consecuencia, la situación es sumamente grave y lo es porque además la dirección Seat ha notificado mediante buro-fax a los 66 compañeros pendientes de reingreso que les pagará la indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, indemnización correspondiente a la opción B de los acuerdos que comporta la baja definitiva de la empresa, dando a entender con ello que no está dispuesta a readmitir a los compañeros afectados. Al mismo tiempo, Seat sigue incorporando personal nuevo por necesidades productivas y en las oficinas de la OTG (Oficina de Treball de la Generalitat) se ofrece trabajo en el Grupo Seat. Una prueba más de la insensibilidad social de la dirección de Seat y de la desfachatez con la que actúa.

¿Y qué dice la Generalitat al respecto?. El PSUC viu ya denunció en su hoja de febrero de 2006 el nefasto papel que realizó la administración durante el proceso de negociación del ERE, abandonando a los trabajadores a su suerte y posicionándose a favor de los intereses de la multinacional. Recordemos que los acuerdos de 2005 se aprobaron en las dependencias de la Conselleria de Treball i Indústria, actuando la administración como mediadora del conflicto y por lo tanto asumiendo un protagonismo más allá del de mero espectador. En este sentido, desde el PSUC viu consideramos que el cumplimiento de los acuerdos del ERE depende así mismo de la presión que ejerzan los grupos parlamentarios que conforman el gobierno tripartito y de izquierdas de Catalunya.

Desde el PSUC viu creemos que a tenor de los acontecimientos es un deber y una necesidad la unidad de acción de las organizaciones sindicales de Seat. Una unidad de acción que apueste por el que ha de ser el objetivo principal, es decir, el reingreso de todos los despedidos que así lo solicitaron así como la de aquellos compañeros que lograron una sentencia de despido nulo. Por ello, y frente al clima actual de división sindical, es imprescindible adoptar una estrategia común que atienda a un análisis objetivo de la realidad. Sobre esta base de trabajo, cabe situar la denuncia realizada por la Sección Sindical de CCOO ante la inspección de trabajo a raíz del incumplimiento de los acuerdos del ERE. La vía legal es sin duda una de las acciones necesarias, sin descartar, como es obvio, otro tipo de acciones, preferentemente desde el ámbito de actuación de la representación social y de la Comisión de Seguimiento de los acuerdos.

En definitiva, se trata de una enorme deuda social contraída por Seat con los trabajadores y su representación social: el reingreso de los compañeros despedidos sin exclusiones de ningún tipo es un hecho del todo irrenunciable. Sin duda, el incumplimiento de un acuerdo de estas características sería un grave precedente que condicionaría en el futuro las relaciones laborales en Seat.

Manifiesto del Partido Comunista de Asturias contra la precariedad laboral

El 25 y 26 de enero de 2008, el Partido Comunista de Asturias celebrará su Conferencia sobre Precariedad laboral.

La globalización capitalista repercute de forma determinante en todos los aspectos de nuestra vida. En el mundo del trabajo, la precariedad es fruto de la globalización y tiene un efecto devastador entre la clase trabajadora, sobre todo en las mujeres y los jóvenes: inseguridad y vulnerabilidad personal, deterioro de la salud, recortes de derechos y protección social, bajos salarios, alta siniestralidad por encima de la media de los trabajadores estables, falta de actividad sindical por miedo al empresario y deterioro de la solidaridad entre los propios trabajadores/as.

La situación actual tiene su origen en el cambio de las características del empleo en las dos últimas dos décadas, provocado por la hegemonía del neoliberalismo y la globalización. Los trabajadores se convierten en adversarios entre si, al ser utilizados como instrumentos de la competencia, y sufren una degradación continua de sus condiciones de vida para preservar la competitividad ante la presencia de economías más productivas o con costes salariales más bajos. La voracidad de las multinacionales no tiene límites, y se impone a los trabajadores/as con la amenaza de trasladar sus centros de producción a zonas con menores derechos laborales. De ese modo, pues, la lucha para frenar las agresiones y mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras pasa, inexorablemente, por ponerle coto a la globalización capitalista.

La Unión Europea se ha forjado exclusivamente sobre intereses económicos, olvidando los derechos sociales y políticos de los hombres y mujeres que viven en ella. La moneda única fuerza a los estados a la estabilidad monetaria y fiscal, impidiendo adaptar las políticas económicas de cada país a sus necesidades reales. No todos los países afrontan el mercado y la moneda única desde la misma situación y es evidente que la convergencia monetaria no lleva aparejada la convergencia de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las restricciones que impone el euro junto con la flexibilidad económica de la globalización han acabado por levantar un círculo de hierro contra los trabajadores/as.

En nuestro país. La dureza de los sucesivos gobiernos ha llevado a continuos retrocesos en los derechos de los trabajadores, que se habían conseguido tras muchos años de lucha. En concreto, la precariedad laboral no tiene parangón con los países europeos (en la UE la media no llega al 15% mientras en España supera el 30%), alcanza grados aberrantes en algunos sectores, casi el 100% de las plantillas, cuando no ocurre que la propia precariedad es el fundamento de negocios como en el caso de las ETTs.

Las sucesivas reformas laborales no han tenido nunca el propósito de reducir la precariedad ya que es un instrumento básico del sistema para alimentar los beneficios, recortar los salarios, desarmar a los trabajadores frente a los patrones y debilitar la fuerza de la clase obrera y sus organizaciones.

El libertinaje empresarial se ceba en la indefensión de los precarios. Se desbordan las leyes y se cae en la ilegalidad. Las fórmulas y el grado de la precariedad son muy variados. En el sector privado, la fórmula más institucional son los contratos temporales, cuyo espectacular desarrollo está ligado a las prácticas empresariales de la externalización y la subcontratación de todo tipo de actividades, bienes y servicios. Las grandes empresas recurren a estos métodos para reducir los costes salariales, disminuir las plantillas fijas y, también, para dividir, debilitar y amenazar a los trabajadores.

Los contratos a tiempo parcial no dejan de ser también expresión de una grave precariedad al no ser, en la mayoría de las ocasiones, una opción voluntaria sino producto de su desesperación. Y la legalidad se degrada a medida que se desciende en la categoría de la empresa, llegando a retrotraer a muchos asalariados a las condiciones laborales ruines y escandalosas del siglo diecinueve: las contratas y subcontratas, los contratos de arrendamiento de servicios, de ejecución de obra que se confunden con contratos de obra o servicio, de falsos autónomos, los becarios, las prácticas laborales gratuitas…..La economía sumergida descansa en una absoluta falta de legalidad, que afecta especialmente a los trabajadores inmigrantes, agravada su situación por las condiciones personales y sociales de desarraigo y lejanía del entorno familiar.

La precariedad afectaba hasta ahora básicamente al sector privado, pero cobra ya las mismas características en los servicios y administraciones públicas. Los objetivos de reducir los gastos públicos, de equilibrar los presupuestos, de reducir costes de gestión, llevan implícito un aumento de la precariedad. Las privatizaciones de los servicios públicos, ya sea plena o sólo de gestión, con independencia de cumplir otros preceptos del neoliberalismo, abren las puertas a la conversión de funcionarios en trabajadores sometidos a las leyes del mercado y por lo tanto a su alto grado de precariedad. Incluso los propios funcionarios se ven afectados al reducirse su estabilidad a través de las modificaciones introducidas en la legislación.

La corrosiva situación de la precariedad laboral recorre el conjunto del sistema económico, alimentando los beneficios en detrimento de los derechos elementales de los trabajadores. Es necesario combatirla con firmeza, recuperar los derechos arrebatados y conseguir y conseguir extenderlos al resto de los países, especialmente en aquellos que sufren con mayor crueldad los efectos de la globalización capitalista. Para ello reclamamos y exigimos:

· La abolición de las ETTs.

· Recuperar la causalidad en la contratación temporal y la estabilidad en el empleo.

· Desaparición de todas las formas de contratas y subcontratas fraudulentas. Son precisas reformas legislativas para reforzar los elementos de responsabilidad de la empresa principal, los derechos colectivos y reivindicando los de información, audiencia y participación de los representantes de los trabajadores.

· Reducción de la jornada a 35 horas, por ley, cómputo semanal y sin reducción de salario. Prohibición de las horas extraordinarias excepto las de fuerza mayor. Es imposible concebir una sociedad de pleno empleo sin reducir la jornada. No a las jornadas agotadoras.

· No a la esclavitud laboral.

· Papeles para todos los inmigrantes, que evite la contratación ilegal. Igualdad de derechos.

· No a la siniestralidad que en un alto porcentaje se produce como consecuencia de las altas tasas de temporalidad.

· Salario mínimo suficiente. En la actualidad el SMI es uno de los más bajos de Europa, representa sólo el 3 del salario medio y está 24,5 puntos por debajo del nivel considerado digno por la carta social.

· Aprobación internacional de la carta de derechos sociales, con penalización para los estados que no la cumplan.

Estos objetivos tan justos como alcanzables, sólo se conseguirán si luchamos por ellos. Desde el Partido Comunista de Asturias llamamos a construir una gran alianza social para promover la movilización sostenida con el fin de conseguir un mundo y unas sociedades más justas y menos perversas. Es necesario más que nunca pasar a la acción, denunciando la precariedad laboral y concienciar a los ciudadanos y ciudadanas de que con la unión de todos aquellos que no nos gusta esta realidad es posible cambiarla.

Partido Comunista de Asturias.
22 de enero de 2008.

Nota de prensa del Sector Crítico de CCOO

EL SECTOR CRÍTICO DE CCOO CALIFICA DE IRRESPONSABLE A SOLBES Y LE INVITA A VISITAR LAS CASAS DE LAS FAMILIAS OBRERAS.

El empeoramiento y la sombría perspectiva de la situación económica es evidente. El paro está aumentando a un ritmo preocupante; los precios están desbocados, hasta el punto de que la previsión de IPC del gobierno ha tenido una desviación superior al 100%, y los productos alimenticios de primera necesidad (pan, leche, fruta, verdura, pollo...) han experimentado subidas espectaculares; el acceso a la vivienda cada vez está peor, porque las hipotecas no dejan de crecer con el Euribor más alto; los salarios pierden poder adquisitivo por los reiterados pactos de moderación salarial; la precariedad laboral sigue estando por encima del 30%; el nivel de las pensiones y prestaciones sociales sigue siendo de los más bajos de Europa por el déficit en gasto social de 9 puntos respecto a la media de la EU-15. Todo ello, cuando mantenemos un modelo productivo de baja competitividad, desequilibrado por el peso de la construcción y con poca inversión en investigación, desarrollo e innovación.

Así las cosas, negar la realidad no resuelve los problemas, sino que los agrava. En este sentido, nos parece irresponsable la actitud de un ministro de Economía que viene recurriendo al chascarrillo para negar los hechos, en vez de adoptar medidas para corregir el deterioro de la situación económica. Un ministro de práctica y pensamiento neoliberal, que viene aplicando una política de rebaja de impuestos y de control del gasto para asegurar el superávit presupuestario, a pesar de las necesidad sociales existentes: no hay más que ver los informes de Cáritas sobre los millones de pobres realmente existentes en España.

La ocurrencia de que los bares y los grandes almacenes están llenos, no tiene ningún rigor para analizar la situación general y es pura demagogia. Pretende olvidar que nuestro modelo social tiene una fuerte dualización, porque coexisten sectores con alto poder adquisitivo con sectores anclados en la pobreza; olvida que se fomenta en consumismo desaforado hasta el punto de que se compra sin dinero (a crédito, plazos); y no recuerda que, hasta en las épocas históricas más duras desde el punto de vista de la explotación laboral, las tabernas estaban llenas y se las conocía como la “iglesia del obrero” en la Inglaterra de la revolución industrial.

Para evitar la demagogia y las ocurrencias y para que el responsable de la economía sepa de qué habla, no estaría mal que Pedro Solbes visitase a las familias de alguno de los más de dos millones de personas que están en el paro, a la de una limpiadora del metro de Madrid, a la de un jubilado, a la de un trabajador inmigrante, o a la casa alquilada entre cinco o seis jóvenes que trabajan con contratos precarios. En definitiva, que se interese por los muchos millones de personas que no llegan a fin de mes debido a los bajos salarios, la inexistencia o la escasez de prestaciones al desempleo, a la precariedad de su puesto de trabajo, a las altas hipotecas o a las mínimas pensiones. Quizá así dejase de mirar para otro lado y se animase a tomar medidas, aunque afecten a los intereses de poderosos sectores económicos.

Madrid, 11 de enero de 2008.

El PCA-PCE con los trabajadores de Tuzsa

Zaragoza, 28 de diciembre de 2007.

Los trabajadores y trabajadoras de TUZSA desarrollan un trabajo que requiere una atención y tensión constante, con jornadas demasiado largas y, a menudo, en condiciones de inseguridad, mientras la empresa les fuerza a jornadas demasiado prolongadas y frecuencias imposibles de cumplir, a la vez que les recorta derechos como el de disfrutar de vacaciones durante el verano con la excusa de la celebración de la Expo.

Los/as trabajadores/as de los autobuses urbanos de Zaragoza recurrieron a los tribunales y a su legitimo derecho a la huelga para defender unos derechos y condiciones de trabajo justas y dignas frente a la intransigencia de la patronal y la complicidad del Ayuntamiento. Ahora se ha conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado la demanda interpuesta por el comité de empresa de Tuzsa contra la dirección de la empresa por incumplimiento de convenio colectivo en la elaboración del calendario de vacaciones de 2008.

Al PCA-PCE, nos parece vergonzosa la posición del Ayuntamiento de Zaragoza que se ha quedado al margen y no ha intervenido en las negociaciones entre los trabajadores y Tuzsa, a pesar de tratarse de un servicio público, la posición de algunos medios de información poniendo a la opinión publica en contra de los trabajadores y nos parece vergonzosa la sentencia del TSJA que antepone la Expo al derecho de los trabajadores y trabajadoras.

Por todo ello, el PCA-PCE, apoya todas las reivindicaciones y todas las movilizaciones de la clase trabajadora en defensa del derecho a trabajar dignamente y libre de explotación.

César Gómez Sánchez.

Secretaría del Mundo del Trabajo del PCA-PCE.