Especial "Críticos de CC.OO". Mayo de 2007.

RECUPERAR EL SINDICATO REIVINDICATIVO Y DEMOCRÁTICO

SECTOR CRÍTICO DE CC.OO.
MAYO DE 2007.

El marco político. El gobierno actual, surgido de las urnas el 14 de marzo de 2004, sostenido con los apoyos parlamentarios de fuerzas de carácter progresista (IU-IC, ERC) y sometido a una feroz oposición por la derecha, ha realizado una política errática, con luces y sombras. Entre las primeras, habría que destacar la retirada del ejército de Irak, la legislación en materia de derechos civiles (violencia de género, uniones homosexuales, igualdad...), sociales (dependencia) y el inicio de un proceso de negociaciones para intentar encontrar el fin de la violencia terrorista.

Pero, al mismo tiempo, mantienen e incrementan las tropas en Afganistán, en materia económica y presupuestaria han seguido las líneas neoliberales de los gobiernos anteriores, se han quedado cortos en las leyes y medidas sociales y están defraudando a las víctimas y a los demócratas con la ley de la memoria histórica. Tras el atentado de Barajas, la tarea pendiente sigue siendo la de impulsar el desarrollo de un movimiento por la paz, que cree las condiciones democráticas para un nuevo proceso de diálogo como vía de solución del conflicto vasco, que debe de producirse en condiciones de ausencia de violencia y de respeto estricto a derechos y libertades democráticas.

Los déficit sociales. Nuestro país mantiene un diferencial en gasto social de 8 puntos del PIB con la UE. Desde 1994, y con los diferentes gobiernos del PP y del PSOE, nos hemos ido alejando de Europa en protección social. Se han venido aplicado unas políticas fiscales que han provocado una disminución de impuestos a las rentas más elevadas y a los rendimientos del capital y ha reducido el déficit público a costa de agudizar los déficits sociales. Si comparamos las prestaciones con la media europea (UE-15), España está muy por debajo en pensiones, sanidad y educación. Ello genera una tendencia hacia la fractura y la pérdida de cohesión social. Por otro lado, los resultados del balance de las reformas laborales y de los Acuerdos para la Negociación Colectiva (ANC) son, en general, negativos y no dan solución a lo que podríamos denominar el déficit laboral español respecto a Europa. Tenemos dos millones de parados; un tercio de los contratos son temporales; somos el país con mayor índice de siniestralidad laboral. los salarios son un 33% menores que la media de la EU-15, pero se siguen firmando ANC con un 2% de subida salarial, cuando la economía crece al 3,5 y los beneficios por encima del 20%; la jornada laboral es 11 horas más al mes y con 2 días menos de vacaciones que la media europea, según Eurostat.

Es sintomático lo poco que se habla del déficit social y laboral de España con relación a la Unión Europea, que se mantiene junto con un escandaloso superávit presupuestario para comprobar los pobres frutos de la estrategia sindical seguida en la última década, una época de gran crecimiento económico y de fabulosos beneficios empresariales. La moderación salarial continuada, unida a precariedad en el empleo, la escasa protección social y débiles derechos legales, consolida un modelo económico-empresarial poco competitivo y de muy bajos vuelos al basarse en costes laborales baratos.

La ineficacia de la concertación. La última reforma laboral pactada no es eficaz para reducir sustancialmente la temporalidad ya que no recupera la causalidad en la contratación, repite fórmulas fracasadas como el abaratamiento del despido y transfiere ingentes recursos a los empresarios, sin atacar los problemas de fondo del mercado laboral que son la consecuencia de un modelo de crecimiento económico que genera empleo en los sectores productivos más especulativos y con menor desarrollo tecnológico como la construcción y los servicios, mientras se pierde empleo en el sector industrial. Por lo general el empleo se dirige a las actividades más intensivas en mano de obra barata, temporal y precaria y afecta especialmente a las mujeres, jóvenes e inmigrantes. Esta precariedad, junto a la rotación laboral, la subcontratación, la deslocalización, la cesión ilegal de trabajadores y el fraude de ley en las contrataciones son la base de la competitividad de las empresas y el factor fundamental de los beneficios empresariales.

El acuerdo de Seguridad Social contiene junto con algún avance, retrocesos e insuficiencias importantes, por lo que se caracteriza por un recorte en las prestaciones con relación a la situación actual. Se endurecen los requisitos para la pensión de jubilación, al ampliar el cómputo del periodo mínimo para tener derecho a la misma de 13 a 15 años. Esta medida puede impedir el acceso a la pensión de jubilación a determinados colectivos, entre ellos los inmigrantes, al tener una vida laboral más corta. Especialmente afectadas van a ser las mujeres trabajadoras, al ser las que sufren en su inmensa mayoría los contratos a tiempo parcial, (dos tercios de todos los contratos están dirigidos a ellas), además de tener las carreras laborales con mayores interrupciones.

Los acuerdos sobre negociación colectiva firmados con la patronal han supuesto la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y no han frenado el retroceso de la capacidad de negociación y de poder sindical, ya que se han demostrado inútiles a la hora de mejorar los contenidos de empleo, contratación, reducción de jornada o capacidad de intervención sindical. Los datos son contundentes y las conclusiones claramente negativas para los trabajadores: Si en 2004 la remuneración de los asalariados suponía el 47,71% de la riqueza nacional generada durante un año, dos años más tarde ha bajado hasta el 46,12%. Por el contrario, el excedente bruto de explotación –los beneficios- han pasado de representar un 41,78% al actual 42,25%, lo que significa un aumento de prácticamente medio punto del PIB.

En cuanto a la nueva ley de educación, si bien ha corregido algunos excesos de la LOCE, se ha renunciado a que la enseñanza pública sea el eje vertebrador del sistema educativo, l y no se garantiza la efectiva igualdad de todos los centros gestionados con dinero público, y con ello la competencia desleal de la enseñanza privada. Tampoco va acompañada de la necesaria financiación del sistema educativo (el 6,5% del PIB, reivindicado desde hace tiempo) para converger con la media de los países de la UE. Del análisis de la política de pactos podemos concluir que a pesar de la excelente coyuntura económica y de la existencia de un gobierno teóricamente progresista, los frutos de la concertación con el gobierno y la patronal arrojan unos resultados muy escasos: no han resuelto ni colocado en vías de avance problemas como la precariedad, no han redistribuido la renta y la riqueza, no han mejorado los derechos sociales y laborales y la capacidad de intervención sindical: excepto en el tema de la dependencia y con grandes incertidumbres todavía. Pero hay algo más preocupante aún: a pesar de este panorama, parece que se ha paralizado la actividad reivindicativa del sindicato. Centrados en las elecciones sindicales y desde dos años antes de las elecciones generales, parece que se da por agotada la legislatura a los efectos de conseguir avances y mejoras en los derechos sociales y laborales.

La situación interna. El debilitamiento de la democracia también se observa en la ausencia de participación de la afiliación, la no realización de ningún tipo de consultas sobre temas sindicalmente importante, o en el debilitamiento de las asambleas de trabajadores como instrumento de participación y decisión democrática. Tenemos que constatar que sigue la anomalía antidemocrática en el sindicato: exclusión del 40%, gobierno unilateral desde un sector, aunque sea el mayoritario e importante debilitamiento de los mecanismos participativos. Las cosas pueden agravarse definitivamente con las nuevas normas congresuales, que pueden acabar siendo un duro golpe a la democracia y a la pluralidad.

En paralelo, se ha empezado a producir un ensimismamiento interno que se expresa en un nuevo reparto del poder en la estructura organizativa y en la apertura de la veda para proceder a fusionar federaciones diferentes. En relación al necesario equilibrio interno, la posición más coherente pasa por la homogeneización de las condiciones de prestación de servicios y del desarrollo de la acción sindical bajo el prisma de la solidaridad interna, no considerando a una estructura (la territorial) servidora, subsidiaria ni de menor rango que la otra (la federal). También por el rechazo de cualquier cambio de modelo organizativo que aleje el uso y el control de los recursos de los órganos democráticamente elegidos, situando también entre ellos a las Secciones Sindicales.

Sobre la fusión de federaciones, todo proceso debe de colocar en un primer plano su interés desde el punto de vista del fortalecimiento de la acción sindical. Para proceder a la aprobación de las fusiones, conviene tener claro el modelo organizativo de futuro de la Confederación. Ello hace necesaria la intervención de los órganos de dirección confederales. También es imprescindible el debate, la participación y la decisión de los afiliados/as a la hora de aprobar o no la fusión de diferentes estructuras organizativas.

Las alternativas. Vivimos en una sociedad que disfruta de unos niveles de desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnología jamás soñado, pero que, sin embargo, genera unas desigualdades e injusticias crecientes causadas por un sistema económico capitalista, incapaz de lograr una distribución equitativa de los recursos. Los trabajadores, como mayoría social, debemos defender un discurso claro de transformación del sistema, y apostar por otra globalización radicalmente distinta a la neoliberal. CC.OO. como sindicato sociopolítico, y de forma coherente con nuestra historia y reivindicaciones debe apoyar a los movimientos transformadores de la izquierda hacia una sociedad socialista que avance de forma sostenible en términos de igualdad y solidaridad y no en términos de competitividad entre trabajadores.

Es este modelo neoliberal el que está dominando el proceso de construcción europea, que lejos de avanzar en una armonización social o laboral, supone cada vez más, un riesgo de involución en cuanto a los derechos de los ciudadanos europeos. Afortunadamente se ha rechazado el proyecto de constitución europea que significaba ahondar más en la Europa del mercado y el capital. Sin embargo, desde los “lobbys” financieros y empresariales y desde los gobiernos europeos asistimos a un intento de resucitar el proyecto de constitución que enterraron los referendos francés y holandés. La Comisión Europea prepara un ataque de gran calado a los derechos laborales a través del Libro Verde sobre derecho laboral, y conceptos como la “flexiguridad”, tienen como objetivo reformar todo el derecho laboral para adaptarlo a las necesidades de las empresas, recortando en toda Europa la protección frente al despido y dejando sólo unos derechos mínimos. Un ataque de un calado similar al de la famosa directiva Bolkestein, y que debe de encontrarse con una respuesta movilizadora adecuada.

En cuanto a la negociación colectiva es necesario sacarla del letargo actual en el que se encuentra. Mientras se consigue una reforma profunda que refuerce el deber de negociar y la cobertura de los convenios, no se debe de firmar ningún acuerdo de moderación salarial. La respuesta sindical debe de ser el lanzamiento de una campaña unitaria de negociación colectiva para 2007. Con un nuevo enfoque de la estrategia ante los convenios colectivos como fuente de nuevos derechos, que haga frente al proceso de desregulación; que dé cobertura para todos los trabajadores y trabajadoras; mantenga e incremente el empleo y su estabilidad; mejore el poder adquisitivo de los salarios; fomente la igualdad de oportunidades; proteja la salud laboral; aumente la participación de los afectados por la negociación, desde la elaboración de las plataformas, hasta la toma de decisiones final, recuperando el papel de las asambleas de afiliados y de delegados/as; impulsando las movilizaciones y coordinando las luchas en sectores y grandes empresas.

Seguimos teniendo, en comparación con Europa, uno de los peores indicadores en siniestralidad laboral: más de 1000 muertos al año. . Hay que pasar a la denuncia en todos los ámbitos, también en la calle. Es necesario que en la negociación colectiva, los temas referentes a salud laboral no queden en mera declaración de intenciones, los convenios sectoriales y de empresa tienen que servir de punta de lanza para garantizar unas condiciones laborales que dejen de minar la salud física y psíquica de los trabajadores. En relación al problema de las deslocalizaciones es precisa la apuesta decidida por el cambio de modelo de crecimiento y una mayor inversión en I+D. Y un abanico de medidas que vayan desde actuaciones firmes en el ámbito internacional, hasta la regulación de las contratas y subcontratas, pasando por el seguimiento y control de las subvenciones y ayudas, entre otras.

En el ámbito educativo es necesaria una acción sindical firme y reivindicativa en defensa de una enseñanza pública, laica y de calidad. Nuestro trabajo deberá ir en la línea de conseguir que CCOO movilice a la sociedad en su conjunto en defensa de la aplicación más progresista de la LOE. Es fundamental la defensa y mejora de los servicios públicos frente a la ofensiva privatizadora neoliberal en los campos de la enseñanza, la sanidad, la atención a la dependencia, el transporte, la energía, etc. El sindicalismo clase que representa CCOO debe reforzar su carácter sociopolítico aplicando una estrategia en defensa de los servicios públicos que combine la denuncia, la propuesta y la movilización, una estrategia que intente la máxima unidad sindical, social y política y que se traduzca en actuaciones confederales, federales y territoriales.

La inmigración ha crecido en España más que en otros países porque hay más oferta de trabajo. Pero el intento administrativo de frenarla sólo ha supuesto su refugio en la economía sumergida y la sobreexplotación de los trabajadores. Para evitarlo se debe actuar en dos sentidos: el sometimiento a las exigencias laborales legales por los empresarios y la regulación de los flujos migratorios. La aplicación de legislación laboral y convencional (salarios de convenio, limitación de jornada, cotizaciones sociales etc.) implica una intervención estatal ahora casi ausente que evite la clandestinidad laboral de los inmigrantes, la economía sumergida y el fraude laboral. Por otro lado, es preciso un modelo de permiso de residencia para la búsqueda de empleo, que sea flexible y que pueda permitir la entrada y salida en función de las expectativas reales de trabajo, y un reforzamiento de las oficinas laborales en las embajadas que permitan informar y asesorar.

Otro gran problema social es la dificultad para el acceso a la vivienda. Ante esta situación manifestamos la firme oposición contra el “tsunami” urbanístico, destructor del medio ambiente, generador de la corrupción masiva, fomentador de actividades delictivas y de las mafias y atentatorio contra la democracia. El movimiento sindical debe asumir un gran protagonismo en este asunto mediante la denuncia, la propuesta y la movilización y actuar junto a jóvenes, ecologistas, vecinos, etc. Hoy por hoy, ésta debe ser una de las grandes prioridades al haberse convertido en el primer problema de este país.

En el terreno de la política energética, rechazamos las recurrente declaraciones del secretario general de CCOO a favor de las centrales nucleares, en contra de las resoluciones congresuales y de la opinión de la amplia mayoría de los ciudadanos. El Sector Crítico mantiene su oposición a la energía nuclear por los graves riesgos que comporta, apuesta por las energías alternativas y renovables y exige el cierre gradual de las centrales nucleares existentes.

Las elecciones sindicales son una conquista democrática de los trabajadores - y también de CC.OO. - y sirven para elegir los mejores representantes para defender sus intereses. Son una herramienta que nos permite efectuar un trabajo pedagógico de concienciación de clase, de la necesidad de su organización para avanzar en los derechos y conquistas sociales, de aprendizaje y desarrollo de la participación democrática. Por ello, son nuestros objetivos consolidar el modelo representativo y ganar las elecciones para las candidaturas de CCOO y para sus delegados y delegadas más firmes y representativos.

En el plano interior, es urgente restablecer la máxima democracia en el sindicato, a través de medidas como el fomento de la participación y el protagonismo de los trabajadores y de la afiliación, y con la recuperación de pluralidad a todos los niveles. No hay que olvidar que la situación de desmovilización de los trabajadores y el avance de las políticas neoliberales, suponen obstáculos para el giro a la izquierda que necesita el sindicalismo y la política en España, además de dejar el campo libre para la brutal oposición y las movilizaciones callejeras de la derecha política. No obstante, a pesar de las dificultades reales, la necesidad de una política sindical firme, combativa y democrática se puede –y se debe- acabar abriendo camino; también el proceso hacía la normalización democrática interna, en el caso de nuestro sindicato; trabajar para ello es nuestro compromiso.

Por último, queremos resaltar el carácter que tiene el Sector Crítico como referente sindical para organizar las posiciones de clase y de izquierdas en CCOO. Ampliar y consolidar el Sector Crítico debe ser uno de los objetivos prioritarios. Para ello debemos mantener la iniciativa sindical y política en los debates que realmente importan a los trabajadores y trabajadoras e invertir en pluralidad y participación.