Con gritos de «Cándido y Morala, libertad», a las 17.15 horas, los dos dirigentes de CSI abandonaban en la tarde de ayer, con el puño en alto, la cárcel de Villabona, donde ingresaron el pasado 16 de junio para cumplir una condena de tres años de cárcel por daños al cajetín de una cámara de tráfico del Ayuntamiento durante las protestas de Naval Gijón de 2005. Instituciones Penitenciarias les concedió el tercer grado, lo que les ha permitido salir del presidio.
Los líderes de la CSI Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala salieron acompañados de sus familias y repartieron abrazos a todos los compañeros que se encontraban a las puertas de la cárcel pidiendo su liberación y a los que Carnero agradeció «el esfuerzo y las reivindicaciones, porque gracias a vosotros hemos conseguido la libertad». Una libertad parcial, dado que tendrán que acudir todas las semanas a firmar al Centro de Inserción Social (CIS) de la prisión de Villabona. Cándido González Carnero insistió en que están libres gracias a la intervención de Instituciones Penitenciarias que «consideraron que no teníamos que estar aquí», después de la propuesta que habían recibido por parte de la Junta de Tratamiento de la prisión de Villabona, demostrando «que han hecho mucho más que los políticos».
Ambos sindicalistas consideran que su caso servirá para que «nadie vuelve a ser detenido por defender su puesto de trabajo» y dejaron claro que «vamos a seguir luchando por los derechos de los trabajadores». Las movilizaciones y reivindicaciones de muchos sectores sociales han sido «un ejemplo de lucha y unidad de la clase obrera», apuntó por su parte Morala. La concesión del tercer grado se produce a las puertas del inicio de las fiestas veraniegas en Gijón, donde la plataforma de apoyo a ambos sindicalistas anunció que va a realizar actos reivindicativos.
El indulto, solicitado por representantes políticos de derecha a izquierda, sindicatos y colectivos sociales, aún se hará esperar. Para tramitar el indulto, el Consejo de Ministros debe contar con dos informes obligatoriamente, el de la fiscalía, que ya se lo ha remitido, y el del juez que los condenó, Lino Rubio Mayo, que se marchó ayer de vacaciones tras redactar un auto en el que rechaza la suspensión de la sentencia hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo contra su sentencia. La plataforma contra la represión señaló ayer que mantiene las protestas de todos miércoles en la plaza Mayor y que hará una campaña informativa en la «Semana negra».
La Nueva España.
6 de julio de 2007.
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