El Sector Crítico de CCOO rechaza el nuevo tratado constitucional europeo, por la falta de consulta popular y por las consecuencias negativas que sobre los derechos sociales y laborales de los trabajadores tendrá un modelo económico y social diseñado para satisfacer las necesidades e intereses del capital.
El nuevo Tratado de Lisboa modifica los dos tratados vigentes: el Tratado de la Comunidad Europea (Roma, 1957) y el de la Unión Europea (Maastricht, 1992). Su amplio contenido, mantiene la ambigüedad calculada en determinados temas, su orientación neoliberal y los mecanismos poco democráticos en la toma de decisiones.
-Es muy clara la impronta neoliberal del tratado en su letra y espíritu: la centralidad de un mercado interno altamente competitivo mediante la supresión de los obstáculos al comercio internacional y a las inversiones den el extranjero. El Banco Central Europeo continúa al margen de todo control político. Se convierte en un objetivo de la UE la “estabilidad de precios” Y se exige la unanimidad para cualquier limitación al movimiento de capitales o para establecer cualquier tipo de impuesto sobre las transacciones financieras. Se decidirá sólo por unanimidad en temas cruciales como: la revisión del Tratado, las políticas sociales, la política fiscal, la medioambiental y las políticas de seguridad y de defensa.
-Se refuerza el papel de la Comisión que seguirá ostentando casi todo el poder ejecutivo y legislativo, y se sigue excluyendo al Parlamento Europeo de importantes áreas de codecisión (políticas exterior y seguridad, mercado interior, política monetaria, buena parte de las políticas agrícolas y sociales)
-La Carta de Derechos Fundamentales mantiene su ambigua redacción, no crea nuevas competencias y deberes a la UE, con lo que su valor legal será muy limitado: y Gran Bretaña tiene autorización para no aplicarla. Contrasta con la obligatoriedad de cumplimiento para todos, de lo relacionado con el libre mercado y libre competencia, algo que se garantiza para unos escasos derechos sociales.
-Se subordina Europa a USA, a través de la OTAN en materia de seguridad y de defensa y se compromete a los estados miembros a aumentar su capacidad militar, y se plantea la lucha contra el terrorismo como justificación para las intervenciones exteriores.
En resumen, la reforma mantiene la mayoría del contenido de la Constitución que fue rechazada por Francia y Holanda y se aprueba de forma antidemocrática, sin dar opción al debate y a la consulta ciudadana. El nuevo tratado, unido a la política comunitaria, tiene un impacto muy importante, si tenemos en cuenta que actualmente el 80% de las leyes que se aprueban en los países europeos provienen de Bruselas, que prevalecen sobre las legislaciones nacionales y que el Tribunal Europeo de Justicia ha confirmado que las normas del Comisión tienen rango preferente, incluso sobre las constituciones nacionales así como las limitaciones que impone la pertenencia a la zona euro para la mejora de la competitividad de nuestro país y la reducción del tremendo déficit por cuenta corriente.
Los más recientes ejemplos de esta repercusión negativa son la directiva de la vergüenza en materia de inmigración, la escandalosa directiva sobre tiempo de trabajo que permite que la jornada laboral pueda llegar a las 65 horas semanales o la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo por la que a instancias de la Comisión Europea se falla contra una Ley de Luxemburgo que establecía la necesidad de que las empresas de otros Estados de la UE que desarrollan una actividad temporal en el país cumpliera las normas laborales nacionales. Todo ello exige de los sindicatos europeos una respuesta contundente combatiendo estas agresiones con la movilización.
El rechazo al Tratado de Lisboa, debe de ir más lejos, trabajando con otras fuerzas sindicales de la CES, políticas progresistas y movimientos sociales para apostar por un modelo de construcción europea al servicio de los trabajadores y los ciudadanos, que defienda y mejore el modelo social existente, que resuelva los déficits democráticos y que asegure que una carta de los derechos sociales digna de tal nombre alcance la categoría jurídica que la haga de aplicación universal obligatoria en el seno de la Unión Europea. La oportunidad de avanzar en esta dirección la ofrece el rechazo al tratado de Lisboa por Irlanda, único pueblo consultado en referéndum. En las manifestaciones sindicales a nivel europeo del 7 de octibre por un trabajo digno y en contra de la directiva de las 65 hors de jornada semanal, también se debe expresar el rechazo a una Unión Europea neoliberal que cada vez más se percibe como una amenaza para los trabajadores y ciudadanos europeos.
Madrid, 26 de junio de 2008.
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