Deslocalizaciones: Adiós a la industria

Son empresas que en su mayoría llegaron antes de los años 90 atraídas por los bajos costes españoles. Los grupos españoles de sectores maduros como textil, metal o alimentación también se llevan sus fábricas.

Braun, Lear, Mercedes Benz, Samsung, Philips… y así hasta más de 450 empresas cerraron, sólo entre los y 2007, sus plantas en España para trasladar la producción a países con mano de obra más económica. Según datos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), estas operaciones afectaron a más de 85.000 trabajadores, pero la lista sigue abierta y el goteo no cesa: esta misma semana, por ejemplo, el fabricante de casquillos para bombillas Vitri anunció el recorte de 60 puestos de trabajo en su fábrica de Torelló, en Osona, como parte del proceso de deslocalización a Eslovaquia de parte de su actividad.

Catalunya se ha convertido, con diferencia, en la comunidad más afectada por este fenómeno: un estudio de la Fundación Ortega y Gasset revela que la mitad de los puestos de trabajo perdidos en España por las deslocalizaciones entre el 2003 y 2007 fueron en Catalunya. Las deslocalizaciones afectan especialmente a empresas multinacionales con sede central en otros países distintos a España: según Funcas, las empresas de capital extranjero son responsables del 62% de las fugas empresariales y del 79% del empleo afectado por las mismas, aunque la fundación asegura que la tendencia está ralentizándose. Según Funcas, en los próximos años podría darse una retirada de capital extranjero de la economía española especialmente en sectores considerados maduros como el cuero, el calzado, la madera y los muebles, pero auguran que la destrucción de empleo que se generará se verá compensada por la expansión de las plantillas de otras empresas y por la entrada de otras actividades manufactureras.

Cuando una empresa anuncia su intención de trasladarse a otro país, la reacción de las administraciones públicas del territorio afectado suele variar en función de su color político o, incluso, del momento electoral en el que encuentre. En algunos casos las propias administraciones han llegado a pedir el boicot a los productos de la empresa que anuncia el cierre. Un caso pionero en España fue, en este sentido, el cierre de Gillette en 1994 de su fábrica en Alcalá de Guadaira (Sevilla): desde la Diputación de Sevilla hasta el entonces presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, fuero varios los políticos que defendieron el boicot a esta marca, lo que generó airadas críticas desde el sector empresarial. Uno de los políticos que reconoció haber dejado de afeitarse con Gillette fue el socialista Josep Maria Rañé, quien durante su mandato como conseller de Treball i Indústria de la Generalitat se enfrentó, entre otras, a las deslocalizaciones de Philips, Samsung y Braun. En los tres casos Rañé apoyó, de forma más o menos evidente, el boicot a estas multinacionales, aunque en todos los casos la presión no sirvió de nada y las empresas marcharon sin contemplaciones. Alemania defendió los intereses de la germana Braun, pero hace unos meses fue el gobierno de este país quien promovió un boicot, en este caso a Nokia: varios ministros y altos cargos, con el beneplácito de la canciller liberal Angela Merkel, anunciaron que cambiarían de móvil en protesta por el cierre de su planta en Bochum y el despido de unos 2.300 empleados.

Los expertos aseguran, no obstante, que las administraciones públicas deben mantener un papel más neutral ante las deslocalizaciones y advierten que más vale prevenir que curar. "Lo más importante que pueden hacer los gobiernos es intentar hacer atractivo el territorio para que las empresas no se marchen y además lleguen otras nuevas. - explica Francisco Longo, director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE-. Cada territorio debe competir con lo que tiene: en el caso español tenemos unos costes laborales más altos que otros países pero a cambio podemos ofrecer infraestructuras o valores de proximidad, por ejemplo. Si la decisión ya está tomada, lo máximo que pueden hacer las administraciones públicas es utilizar su poder para intentar minimizar el impacto, por ejemplo retardando la marcha o promoviendo una ocupación alternativa".

Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos, señala que, aunque las causas de la deslocalización "son estructurales y no coyunturales", en épocas de crisis como la actual "se pueden acelerar estos procesos porque las empresas necesitan ajustar su capacidad productiva, comenzando por las localizaciones menos rentables". Izquierdo apunta que, ante este panorama, "más que poner trabas a las empresas que quieran irse, lo que deben hacer las administraciones es reflexionar en qué se han equivocado y crear un marco más competitivo". La receta para ello, apunta Izquierdo, pasa por "liberalizar el mercado del suelo, rebajar el impuesto de sociedades y las cotizaciones empresariales y flexibilizar el mercado laboral".

En este sentido Joaquim Solà, profesor de la Universitat de Barcelona, recuerda que "las empresas van allí donde las condiciones les sean más favorables: por eso vinieron a España entre los años 70 y 90, en lugar de irse a Francia o Alemania, y por eso se están marchando ahora a África o a Europa del Este. A cada país le corresponde pasar por este proceso en algún momento". Por eso, Solà rechaza de plano adoptar medidas de presión como un posible boicot: "Si para alterar este movimiento lógico del capital que se está dando en todas partes, se toman medidas de fuerza que la empresa identifica como hostiles, la señal que se está enviando al resto de empresas del mundo es que si invierten en aquel país tendrán facilidad para instalarse pero muchos problemas para deslocalizarse - recuerda el profesor-. Debe ponderarse mucho este tipo de actuaciones porque pueden acabar siendo perjudiciales para el país. Longo, por su parte, recuerda que "los gobiernos no están para hacer boicots y este tipo de estrategias les genera un gran desprestigio. Son gestos de cara a la galería, para contentar a la opinión pública, y más propios de un populismo político que de una política seria". Camil Ros, responsable de política sectorial deUGT de Catalunya, defiende en cambio que "cuando se produce una injusticia con los trabajadores todas las movilizaciones son posibles" y reivindica un endurecimiento de la ley para que las deslocalizaciones no se planteen como un ERE sino como un despido improcedente, de forma que la indemnización a los empleados afectados sea de al menos 45 días de sueldo por año trabajado, y no 20.

En algunos casos, las empresas reclaman a las administraciones inversiones para evitar su traslado. "Es lógico intentar una negociación pero siempre poniendo unos límites para no llegar a un chantaje constante por parte de la empresa", advierte Solà. Longo recuerda además que "cuando un Gobierno da ayudas a una empresa para que no se vaya está intentando solucionar un problema particular con el dinero de todos los contribuyentes, por lo que en cada caso deberá analizarse si realmente vale la pena. Cuanto más grave sea el impacto social y económico de la deslocalización sobre el territorio más justificada estará la inversión pero hay que tener en cuenta que esto no resuelve el problema, sólo lo pospone".

Una medida que los expertos sí consideran lícita es que, si una empresa decide cerrar para trasladarse a otro país, las administraciones le reclamen las ayudas que le concedieron para instalarse. Así ha ocurrido en el caso de Nokia, a quien el gobierno alemán reclamó la devolución de más de 40 millones de euros. Solà señala que de esta forma pueden evitarse situaciones como las que se han dado en España con algunas empresas que, al cerrar, "han obtenido una gran plusvalía por la venta de terrenos financiados con dinero público".

Joan Enric Ricart, profesor de IESE y autor de un estudio sobre deslocalizaciones, recuerda que España "tiene perdida la batalla de los costes" industriales y apunta que la estrategia debería ser llevar estas actividades a otros países para mantener aquí sólo las de mayor valor añadido, como Mango, que no fabrica ropa en Catalunya pero mantiene aquí sus centros de diseño y marketing, entre otros.

Esto es precisamente lo que intentó la Generalitat cuando Braun anunció el cierre de su planta de Esplugues: pedir a la multinacional que mantuviera en Catalunya al personal de I+ D de la planta, aunque los intentos resultaron infructuosos. Antonio Jesús Márquez, uno de los cientos de trabajadores que perdieron su empleo por la deslocalización de Braun, recuerda que la plantilla se enteró del cierre "por la prensa" y se muestra escéptico con el papel que desempeñaron las administraciones públicas en la negociación: "No sé si hicieron poco o mucho, pero está claro que no hicieron lo suficiente".

La Vanguardia.

14 de julio de 2008.