Manifiesto del Sector Crítico de CCOO ante el IX Congreso Confederal

FIRMEZA, UNIDAD Y PLURALIDAD SINDICAL ANTE LA CRISIS.

Corren vientos de crisis en el mundo y en nuestro país. La crisis económica es la manifestación del fracaso del sistema capitalista. Lejos de dar satisfacción a las necesidades y anhelos de los habitantes del planeta, genera hambre, pobreza, injusticia, desigualdad, guerras y desplazamientos masivos de población. Todo ello en el marco de un recrudecimiento de las tensiones políticas en el mundo, el encarecimiento del petróleo y de las materias primas hasta niveles nunca vistos, la aparición de hambrunas y el avance imparable hacia un deterioro ecológico global. En el plano político la intranquilidad no es menor a la vista de la construcción de la Unión Europea (UE) desde una perspectiva conservadora, neoliberal y nada democrática, que intenta desmontar el modelo social europeo, las garantías de los inmigrantes y el derecho del trabajo, como ha sucedido con las última directivas aprobadas y las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Ante este panorama, nos sobran los motivos para luchar por un mundo y una sociedad mejor y la acción del sindicato es decisiva para defender los derechos sociales y laborales.

El IX Congreso de CCOO se va a celebrar en un contexto económico muy diferente del vivido en la última década. Hemos pasado de un fuerte crecimiento de la economía y el empleo a una complicada crisis de intensidad y duración incierta. En ella confluyen tres componentes. Por una parte, la debilidad intrínseca de la economía española para soportar el marco neoliberal y extremadamente competitivo de la Europa de Maastricht; debilidad reflejada por el tremendo déficit de la balanza de pagos, que es el segundo mayor del mundo después de USA y que ha evolucionado del equilibrio al 10% del PIB en menos de diez años, coincidiendo con la implantación del euro, que supone unas severas restricciones a la política económica con la pérdida del tipo de cambio y el control monetario; el déficit lleva a un endeudamiento exterior vertiginoso de la economía española. La segunda componente es la inestabilidad de la economía internacional tras la crisis de las hipotecas de alto riesgo de falta de cobro de USA (subprime); los riesgos de catástrofe financiera internacional no pueden descartarse, obligan a inyectar liquidez de forma masiva y ya ha tenido efectos muy negativos en las perspectivas de crecimiento de la economía mundial. Por último, está el agotamiento del modelo de crecimiento con la caída del sector de la construcción, tras una larga etapa de especulación salvaje, endeudamiento familiar y dificultad de las capas populares y de los jóvenes para acceder a la vivienda, al considerarse no como un bien social sino como un activo financiero. Los sectores dominantes del capitalismo español intentarán reorientarse hacia la obra pública y el sector de la energía (incluida la nuclear), sin que se produzcan grandes cambios en el modelo económico, y en la línea clásica de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

Así las cosas, en los próximos años tendremos que enfrentarnos a un marco económico muy complicado, marcado por los efectos negativos de la caída del crecimiento, el aumento del paro, la inflación, la precariedad laboral, el fin del superávit presupuestario y las tensiones fiscales entre comunidades autónomas.

La crisis aparece cuando todavía nuestro país mantiene importantes déficits sociales y laborales. A pesar del fuerte crecimiento económico de la última década mantenemos un diferencial de casi 8 puntos del PIB en gasto social público respecto a la media de la UE-15. Si comparamos las prestaciones con la media europea, España está por debajo en pensiones, sanidad, educación y atención a la dependencia. Ha aumentado la dualidad social por la fuerte precarización laboral, la distribución desigual del empleo, la propiedad y las rentas, Sectores importantes de la población trabajadora (mujeres, jóvenes, inmigrantes) tienen una situación de vulnerabilidad social y ello genera una tendencia hacia la fractura y la pérdida de cohesión social que la crisis puede acentuar.

Los resultados de las reformas laborales y de los acuerdos interconfederales para la negociación colectiva no han resuelto el déficit laboral español respecto a Europa: altas tasas de paro, la mayor precariedad y siniestralidad laboral, salarios más bajos y jornada laboral y jubilación más alta, débil promoción laboral de la mujer y escasa democratización de las relaciones laborales. Pobres frutos sociales en una época de gran crecimiento y fabulosos beneficios empresariales. La estrategia de moderación salarial continuada, unida a la precariedad en el empleo, la débil protección social y de derechos legales hacen que el modelo económico-empresarial del capitalismo español sea muy dependiente del capital y la tecnología exteriores y muy poco productivo y competitivo.

Ante este panorama, el IX Congreso debe de servir para superar una estrategia sindical fracasada, hacer frente a la crisis y defender los derechos sociales y laborales, conseguir avances en la situación de los trabajadores, recomponer la unidad del sindicato y recuperar la pluralidad interna, fortaleciendo la democracia sindical y la participación de los trabajadores.

El Sector Crítico defenderá en el debate congresual, entre otras, las siguientes propuestas:

1. La crisis no la deben pagar los trabajadores. No son los responsables de ella y el diálogo social no puede servir para recortar derechos o salarios. Ello supone, por ejemplo, no firmar reformas laborales que mantengan la precariedad y las fuertes bonificaciones a los empresarios y que abaraten el despido, ni acuerdos interconfederales de moderación salarial, ni pactos de pensiones que debiliten al sistema público reforzando los planes y fondos privados, ni expedientes de regulación de empleo y otras formas de ajuste traumático de las plantillas.

2. El rechazo al Tratado de Lisboa, por las consecuencias negativas que tiene sobre los derechos sociales y laborales de los trabajadores un modelo económico y social diseñado para satisfacer las necesidades e intereses del capital, porque mantiene la mayoría de la constitución que fue rechazada por Francia y Holanda, y porque se aprueba de forma antidemocrática, sin debate ni consulta ciudadana. El nuevo tratado, unido a la política comunitaria, tiene un gran impacto ciudadano, ya que actualmente la mayoría de las leyes que se aprueban en los países europeos provienen de Bruselas y prevalecen sobre las legislaciones nacionales. Se debe trabajar con otras fuerzas sindicales de la CES, políticas progresistas y movimientos sociales para apostar por un modelo de construcción europea al servicio de los trabajadores y los ciudadanos, que defienda y mejore el modelo social existente, que resuelva los déficits democráticos y que asegure que una carta de los derechos sociales de aplicación universal obligatoria en el seno de la Unión Europea. La oportunidad de avanzar en esta dirección la ofrece el No del pueblo irlandés al tratado.

3. Impulsar la movilización contra la Directiva sobre la jornada de 65 horas y la defensa de la jornada de 35 horas. La escandalosa directiva sobre tiempo de trabajo permite que la jornada laboral pueda llegar a las 65 horas semanales en negociaciones individuales, al margen de la negociación colectiva y los sindicatos. Es una necesidad que los sindicatos europeos organicen una movilización sostenida hasta asegurar su no aprobación ni aplicación. En esta línea la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del 7 de octubre de 2008 debe ir, también, contra una directiva contraria al trabajo digno, a la salud laboral y a la conciliación familiar. Hay que volver a reivindicar la reducción de jornada por ley y por convenio como medida de reparto del trabajo.

4. La defensa del empleo de calidad en toda circunstancia. La prioridad sindical ante cualquier proceso de concertación debe ser la de un empleo de calidad, estable, seguro, con igualdad y derechos laborales. La acción contra la precariedad laboral pasa por la regulación estricta de las garantías de la contratación, los derechos del empleo y las condiciones laborales, que se realizará con la participación y acuerdo de los representantes de los trabajadores. La labor de la inspección de trabajo debe reforzarse para evitar el abuso empresarial de la temporalidad y el empleo irregular. Hay que impulsar una acción sindical firme y participativa en defensa de la seguridad y estabilidad del empleo, por la exigencia, regulación y control de la causalidad de los contratos, y frente a las ETT`s, la subcontratación, las empresas de servicios y otras formas de externalización.

5. La lucha por la salud laboral. A través de medidas como la integración de las Mutuas de accidentes y enfermedades laborales en el sistema sanitario público; la actuación con toda dureza hacia las empresas incumplidoras de la ley, prohibiendo que contraten con las administraciones públicas, y a través del control y seguimiento sindical de las actuaciones de las fiscalías especiales en siniestralidad laboral; y con la reforma en el reconocimiento de las enfermedades profesionales y en la Incapacidad Transitoria para evitar la actual indefensión de los trabajadores.

6. La mejora de la protección al desempleo. Modificando la Ley de Protección al Desempleo para permitir que tengan derecho a prestación contributiva las personas con periodos de cotización cortos, así como revisar el subsidio para que puedan acceder los colectivos que en este momento no cubren los requisitos.

7. La defensa de los derechos de la inmigración y el rechazo a su criminalización, como hace la Directiva de la vergüenza sobre el retorno de inmigrantes. Cualquier ordenación de flujos y control de fronteras, tiene que hacerse dentro del respeto escrupuloso a los derechos civiles y humanos frecuentemente vulnerados. Es necesario para esto que el gobierno ratifique la Convención Internacional sobre los Derechos de los trabajadores migratorios aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18-12-90. Igualmente nos oponemos al proyecto de directiva europea de retorno de inmigrantes, que supone de hecho el encarcelamiento de hasta 18 meses, de las personas inmigrantes por una falta administrativa que es la de carecer de documentación. Exigimos el cierre de los Centros de Internamiento para inmigrantes, cuyas condiciones de habitabilidad en algunos de ellos son bastantes peores que las cárceles.

8. El fortalecimiento de la negociación colectiva y de la coordinación de las movilizaciones. Los convenios colectivos deben servir para mejorar las condiciones de trabajo, la calidad del empleo y aumentar el poder adquisitivo de los salarios. Por ello no se pueden firmar acuerdos confederales de moderación salarial o que permitan disponer de derechos legales básicos para su empeoramiento. Es fundamental la reducción del tiempo de trabajo y la reivindicación de las 35 horas por ley y por convenio, sin reducción de salarios. Revitalizar la negociación colectiva y conseguir sus objetivos exige impulsar la participación y la movilización coordinada de los trabajadores afectados.

9. Una política salarial a la ofensiva. Se deben reivindicar fuertes subidas salariales que tengan como referencia el IPC real y el crecimiento de la economía, para que los salarios no retrocedan en su participación en el PIB. Hay que participar de los beneficios empresariales y del aumento de la productividad. Además de exigir el control de precios, se deben generalizar las cláusulas de revisión salarial para todos los colectivos (incluidos los empleados públicos) y el principio de no discriminación. Así lo aconsejan razones de justicia social, de apuesta por un modelo económico de mayor eficiencia y valor añadido, y el interés económico general para que no se reduzca el consumo por la crisis y aumente la tasa de paro.

10. La defensa de los servicios públicos (enseñanza, sanidad, transporte...) como un derecho de los ciudadanos frente a su consideración de mercancía que hace el neoliberalismo. La movilización y negociación transnacional sobre la Directiva Bolkenstein de Servicios consiguieron eliminar algunos riesgos de la propuesta inicial. Pero la aprobación parlamentaria de la Directiva devaluó gravemente lo logrado. Ante el riesgo de agresión a los servicios públicos, reivindicamos la aprobación de una Directiva que defina con claridad el concepto de servicio público y los proteja frente al mercado. Para ello nos comprometemos a impulsar una fuerte y sostenida campaña en defensa de los servicios públicos en el ámbito español y en el europeo.

11. Un modelo educativo público, laico y de calidad. Reclamamos a las administraciones públicas su responsabilidad para garantizar este modelo educativo mediante una red pública suficiente que atienda la demanda educativa en sus diferentes etapas y modalidades de enseñanza y que cuente con los recursos y servicios necesarios para garantizar el derecho a aprender con éxito a todo el alumnado, especialmente en las etapas obligatorias. Defendemos la laicidad en todos los centros educativos mediante la derogación inmediata de los acuerdos con el Vaticano, sacando la religión fuera del currículo y del horario lectivo y erradicando la simbología religiosa de los centros escolares.

12. La mejora de las pensiones. Defendemos la mejora del sistema público de pensiones ante los ataques neoliberales que vienen planteando insistentemente su recorte. En concreto, exigimos la elevación del gasto en protección social hasta la media de la UE-15 y la mejora de las pensiones con carácter general, algo que es incompatible con medidas que se vienen anunciando como la ampliación del período de cálculo o el fortalecimiento de los planes y fondos privados de pensiones.

13. El rechazo al uso de la energía nuclear. El sindicato debe mantener su oposición a la energía nuclear y responder a la campaña sostenida de los poderes económicos a favor de ella, al no garantizar ni la independencia energética ni el suministro de uranio barato, ni la sostenibilidad ni la eficacia y acarrear unos fuertes costes medioambientales y una elevadísima peligrosidad.

14. La lucha contra la deslocalización industrial, mediante la negociación colectiva, modificaciones legislativas y movilizaciones del conjunto de los trabajadores a través de todas las estructuras sindicales. Abordar confederalmente el problema y sus soluciones, estableciendo criterios y su articulación en los sectores y territorios con dos planos de actuación: uno preventivo y otro de choque que detenga el proceso. Para ello es fundamental la elaboración sindical de las propuestas a llevar a cabo, la incidencia en el ámbito sindical internacional para identificar a las empresas que utilizan este modelo de organización, para un control exhaustivo de las subvenciones y ayudas de cualquier índole en los diferentes ámbitos (europeo, estatal, autonómico y local), y para, en su caso, exigir la devolución de las ayudas.

15. El fomento de la participación de los afiliados. Potenciar la participación de los afiliados y afiliadas en todas las áreas de la acción sindical, especialmente en las negociaciones que se lleven a cabo: la elaboración de plataformas reivindicativas, procesos de negociación, informando permanentemente de las marcha de los mismos. y estableciendo cauces adecuados para asegurar su participación de la toma de decisiones y en la firma de convenios, acuerdos o pactos en los sectores y en las empresas

16. Mayor democracia sindical interna, con medidas como el respeto a la pluralidad del sindicato y a la legítima discrepancia, así como el principio de dirección efectiva del sindicato por todos los sectores. Garantizar la no injerencia de los órganos superiores en la acción sindical de las secciones sindicales cuando éstas dirijan procesos de lucha con el apoyo de los afiliados y de los trabajadores (caso Justicia). Asegurar la incompatibilidad económica, empresarial y funcional para que no se produzcan casos de aprovechamiento personal del sindicato por ningún dirigente.

Es fundamental la participación activa de los afiliados y afiliadas, para que en el IX Congreso de CCOO se produzca el debate necesario que fortalezca a nuestro sindicato y le coloque a la altura de los retos que tiene que afrontar. También es necesaria una fuerte presencia de las posiciones de clase y de izquierda representadas por el Sector Crítico de CCOO. Más aún cuando las nuevas normas congresuales están orientadas para reducir la presencia de las voces discrepantes (separan el debate de la elección de delegados y dificultan gravemente la presentación de candidaturas).

Con este manifiesto insistimos en nuestro compromiso con la clase trabajadora y con el sindicato. Os invitamos a participar en los debates y os pedimos vuestro apoyo para defender las propuestas anteriores. La acción sindical y la lucha por defender los derechos sociales en tiempos de crisis no es tarea fácil ni existen las recetas mágicas para asegurar su éxito. Pero estamos seguros que la combinación de la firmeza de clase, la unidad desde la pluralidad y la mayor democracia y participación de los trabajadores hará que avancemos hacia una sociedad más libre, más democrática y socialmente más justa.

Asamblea Estatal del Sector Crítico de CCOO.
Madrid, a 5 de julio de 2008.