Ante la crisis, no al pacto social

Resolución del XIII Congreso del PSUC viu.
25 de mayo de 2008.

Las fuerzas tecnológicas y productivas han alcanzado actualmente tal nivel de desarrollo que se podrían satisfacer las necesidades humanas básicas globalmente, erradicando el hambre y las epidemias, el analfabetismo, la miseria y las injusticias sociales. No hacerlo es un crimen, un inmenso genocidio, pero es la lógica del sistema, del dios dinero, del capitalismo del siglo XXI, la lógica del beneficio privado por encima de cualquier otra consideración.

No dudan en explotar a las personas y someter a pueblos enteros, en utilizar la violencia y la guerra como medio y como fin, para el expolio de las riquezas y militarizando la economía y las relaciones internacionales. En malbaratar los recursos naturales y en expoliar la naturaleza. Invierten fabulosos recursos económicos en los medios de comunicación y de cultura de masas, para que las personas crean que no hay nada que hacer, que no vale la pena luchar, que cambiar esta lógica por otra lógica que tenga al ser humano como centro de la política y de la economía es imposible.

Crisis inmobiliaria, crisis financiera, crisis alimentaria, crisis energética, crisis industrial, ecológica y climática, todas estas crisis que ahora y aquí coexisten son expresiones de una crisis del sistema, de las que el sistema intentara salir con recetas neoliberales, conservadoras o socialdemócratas según sus posibilidades. Cada vez esta mas claro que el futuro de la humanidad es socialismo o barbarie, o una sociedad y un mundo donde cada persona aporta según su capacidad y recibe según sus necesidades o la competitividad y la lucha cada vez más feroz entre personas por la supervivencia dentro de este sistema.

Durante los últimos años el gobierno del PSOE ha prolongado el modelo económico del PP, realizando una nueva rebaja de impuestos, del IRPF y del impuesto de sociedades. El pasado 18 de abril, el consejo de ministros aprobó el Plan Solbes, el Plan de Estimulo Económico (2008-2009), un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis económica. El grueso del plan, valorado en 1.600 millones de €, corresponde a rebajas fiscales, entre ellas la reducción de 400 € lineales en el IRPF (solo y exclusivamente de las personas que lo paguen) y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.

Hay una diferencia fundamental ahora respecto a las crisis anteriores, es el nivel de endeudamiento de las familias, que tiene relación directa con la especulación inmobiliaria y los precios que ha habido que pagar por la vivienda. En el año 1995 el endeudamiento de las familias era del 40% del PIB, mientras que en la actualidad esta en el 100%. Por lo tanto el coste social de la crisis puede ser mucho mayor que en ocasiones anteriores si no somos capaces de evitarlo.

La crisis termina con un largo ciclo de crecimiento económico, que ha servido para multiplicar los beneficios empresariales, tener superávit en los presupuestos públicos, para rebajar impuestos (IRPF, empresas). Hemos pasado del déficit 0 del PP al superávit presupuestario del PSOE.

Un largo ciclo de crecimiento económico que ha conocido un incremento bestial de la explotación de la clase obrera de nuestro país, traducido en bajos salarios, perdida de poder adquisitivo, reducción del peso de los salarios y pensiones en la renta nacional, una siniestralidad record entre los países de la UE, una precariedad laboral sin parangón, la subcontratación como estrategia de abaratamiento de costes laborales, una economía sumergida basada en la explotación de la mano de obra inmigrante sin papeles, una privatización de lo publico y una aplicación sistemática de la gestión privada de lo publico, entre muchas otras cosas.

Necesitamos otra política económica frente a la crisis, que debería ser intervencionista, reguladora del libre mercado que nos ha conducido a esta situación critica. Intervenir para reducir la intensidad de la crisis en nuestro país, para reducir la caída del PIB. Se debería reformar el estatuto de independencia del banco Central Europeo para que fuera un instrumento más de intervención económica para la defensa del empleo y de la economía productiva y no solo un garante de la inflación. Mientas tanto presionarle para que baje los tipos de interés.

Un plan económico contra la crisis debería tener un mayor contenido social para paliar la pérdida de renta de los más vulnerables, con ayudas directas y una mayor provisión de servicios públicos, como complemento del salario directo. Si el estado debe gastar mas, que lo haga en bienes y servicios socialmente útiles, no con cheques (por nacimiento de hijo 2.500€, 400 € IRPF). El impacto de los 6.000 millones de € del IRPF se optimizaría con acciones directas, como por ejemplo la construcción de un hospital, que genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Hacen falta más recursos públicos y no rebajas fiscales. Un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, perseguir realmente el fraude fiscal y la economía sumergida, haber aumentado y no suprimido el impuesto sobre el Patrimonio. Reducir de forma sustancial todos los gastos militares, directos e indirectos, de los presupuestos del estado. Enviar la monarquía al desván de la historia y pasar el rodillo fiscal también a la familia real. Que la iglesia católica también pague impuestos.

Y todo ello para incrementar el gasto social en temas clave como la financiación de la nueva ley de dependencia, para que sea efectivamente un nuevo derecho sin restricciones y de creación de empleo estable y con derechos, un nuevo servicio público. Para que la sanidad, la enseñanza, la dependencia, las pensiones y el salario mínimo tengan recursos suficientes para aumentar la calidad de sus servicios y el nivel de vida de la ciudadanía. Unos servicios públicos de gestión pública que sean los únicos que reciban financiación pública.

También mejorando sustancialmente los servicios públicos de empleo, haciendo desaparecer el prestamismo legal de las ETT´s y acabando legalmente con las empresas de servicios integrales. Para dotar de medidas efectivas un Fondo de Rescate Hipotecario para ayudar a las familias con menores rentas frente a las hipotecas. Para desarrollar una política industrial activa, con inversiones en capital físico (infraestructuras de comunicaciones y de telecomunicaciones) y en capital humano (enseñanza, formación, I+D+i). Para crear una red de protección social para los colectivos más vulnerables, como los trabajadores de la construcción, las personas inmigrantes, los jóvenes y las mujeres.

No al pacto social

Estamos con CC.OO. cuando este 1º de Mayo anunciaba que la crisis no la pagarán los trabajadores y las trabajadoras. Hay que profundizar en este discurso, con una oposición clara a los pactos de rentas, a seguir conteniendo los salarios y las pensiones y perdiendo poder adquisitivo. Hay que exigir mejoras salariales y aumento sustancial del salario mínimo y de las pensiones mínimas.

No al pacto social de rebajas empresariales, ni en las cotizaciones en la seguridad social, porque se descapitaliza, ni en los impuestos, porque no reinvierten en las empresas, lo reparten en dividendos. No a mas facilidades a la patronal para el despido, ni mas flexibilidad para la contratación y el ajuste de plantillas. Al contrario, los costes altos de despido contribuyen también al mantenimiento del empleo. Hay que recuperar los 45 días por año trabajado para cualquier tipo de despido improcedente.

Hay que plantear que entre de una vez la democracia en los centros de trabajo, que no puedan aprobarse medidas que afectan al empleo o a las condiciones sustanciales sin que las plantillas sean consultadas previamente por sus representantes legales. Que dejen de ser ejecutivas las medidas empresariales, individuales o colectivas, de cualquier modificación sustancial de condiciones de trabajo o de empleo, y que se requiera la aprobación previa de la administración del gobierno de turno. Que los despidos improcedentes tenga derecho de readmisión la persona despedida y que el despido no se sustancie hasta que no exista sentencia firme. Que en la subcontratación se persiga el fraude y la cesión ilegal de trabajadores, garantizando además el derecho de subrogación y las mismas condiciones salariales y derechos que la empresa principal, evitando la reducción de costes vía subcontratación.

Que se recupere la causalidad en la contratación (trabajo fijo – contrato fijo) y se endurezcan las condiciones para la aceptación de expedientes de regulación de empleo, en especial en las empresas con beneficios. Que se reinvique la reducción de jornada a las 35 horas semanales, por ley por negociación colectiva, sin reducción salarial ni aumento de ritmos. Que se avance decididamente a un nuevo patrón productivo, superando este modelo de crecimiento basado en la especulación, del suelo y financiera, por un nuevo modelo productivo, por una economía más real y eficiente.

También deben incluirse en ese debate algunos temas que es necesario abordar: No debe dedicarse ni un € a la escuela privada. Deben dejar de existir la mutuas de accidentes, que hacen la gestión policial de la bajas medicas y desde el punto de vista sanitario toda la atención medica debería se competencia de la seguridad social.

Debe revisarse el Pacto de Toledo y volver atrás la separación de fuentes, siendo el estado el responsable directo que garantiza las pensiones, acabando con el discurso actual que persigue reducir el gasto social en pensiones. Los representantes legales de las personas trabajadoras deben tener presencia en los consejos de administración de todas las empresas, para garantizar un nivel efectivo de control de la gestión empresarial y del cumplimiento escrupuloso de la legalidad.

Resumiendo, no al pacto social. Si al cambio de modelo productivo, pero como este cambio requerirá tiempo, necesitamos redes sociales potentes que garanticen la máxima protección social. Y movilización social, sindical y política, la que sea necesaria para tirar adelante, para evitar las políticas antisociales y para defender los derechos y reivindicaciones de nuestra gente.