Secretaría del Mundo del Trabajo del PCE.
Junio de 2007.
El PCE ante la aprobación del Proyecto de Ley por parte del Consejo de Ministros el pasado viernes por el que se regula el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, fruto del acuerdo entre Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, expresa su más enérgico rechazo y advierte del peligro al que se somete el futuro de las pensiones públicas.
Denuncia la voluntad del Gobierno Zapatero de invertir fondos públicos en operaciones especulativas arriesgando de este modo el capital de los trabajadores y las trabajadoras. Bajo el argumento de obtener una mayor rentabilidad de los fondos, se pretende invertir dinero público en Bolsa y en renta fija emitida por entidades privadas.
Este argumento resulta poco creíble vistos los principios de inversión que recoge el propio Proyecto en relación con la rentabilidad y el riesgo, así se dice: “el rendimiento obtenido por el Fondo debería ser el máximo posible compatible con el nivel de riesgo asumido” y a continuación asegura que “el nivel de riesgo global del Fondo debe ser bajo”. Resulta obvio para las personas que “juegan en Bolsa” que alcanzar mayores cotas de rentabilidad supone arriesgar el capital en la misma medida. La entrada de los fondos en el mercado financiero supone condenarlos a la lógica perversa y peligrosa de la rentabilidad y el riesgo.
El Proyecto de Ley pretende, asimismo, privatizar la gestión del Fondo para las funciones de asesoramiento, para las de ejecución y gestión de valores, esto es, ponerlo en manos de bancos y compañías aseguradoras, debilitando con ello el sistema público de la Seguridad Social y dando un paso más hacia su privatización. Significará dejar la inversión en manos de gestores privados que tendrán libertad suficiente para decidir a pesar de las medidas y criterios de actuación contemplados en el Proyecto. Y, supondrá unos suculentos beneficios para el capital financiero a costa de las rentas de la clase trabajadora.
Actualmente, el Fondo de Pensiones alcanza un capital superior a los 40.000 millones de euros, el 4,13 % del PIB, y tiene como finalidad garantizar el pago de las pensiones en caso de crisis. Garantía ciertamente insuficiente si tenemos en cuenta que la denominada “hucha” sólo lograría cubrir el pago de unos pocos meses de las pensiones. Para el Partido Comunista de España, no hay mejor garantía que el Estado para dar cobertura y seguridad futura a las pensiones, dando cumplimiento a la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar un Sistema de la Seguridad Social público, solidario, de calidad y con prestaciones dignas.
No se garantiza el futuro del Sistema llevándolo paulatinamente a su privatización y dejándolo en manos ávidas de capitales para su explotación y aprovechamiento propios. Asegurar su futura viabilidad, mejorar las prestaciones y extender sus coberturas no depende de cuadrar balances económicos, sino de voluntad política para dotar económicamente al Sistema mediante la inyección de dinero público procedente de impuestos sobre el beneficio empresarial y el capital financiero y persiguiendo el vergonzoso fraude fiscal.
El Gobierno pretende, además, tramitar este Proyecto de Ley en el Congreso mediante el trámite de urgencia sustrayéndolo al conocimiento y al debate social. El PCE ante este atropello promoverá acciones encaminadas en dos sentidos: en primer lugar asegurando a través de IU el rechazo de este Proyecto en el trámite parlamentario y presentando, al mismo tiempo, una enmienda a la totalidad que garantice el futuro del Sistema público de la Seguridad Social. Y en segundo lugar, promoviendo el debate, la participación y la movilización social.
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