Agustín Moreno.
Sector Crítico de CC.OO.
El Ministerio de Trabajo acaba de hacer públicos los datos de siniestralidad laboral del primer semestre de 2007 enfatizando el porcentaje de reducción de los mortales. Los datos cuantitativos son: 580 trabajadores fallecieron en accidente laboral durante los seis primeros meses del año, 419 perdieron la vida en su puesto de trabajo, en tanto que 161 fallecieron en accidentes 'in itinere'; también se registraron 510.302 accidentes con baja; los accidentes graves están absolutamente estancados en 4.406 casos.
Aún tomando nota de la reducción concreta del número de accidentes mortales, no cabe ningún tipo de triunfalismo. Quinientos ochenta trabajadores/as que pierden la vida por el simple hecho de tener que ir a ganársela cada día es un horror. Y no es una situación excepcional, sino un tributo continuo, permanente y dramático de todos los días, meses y años. Anualmente los trabajadores muertos superan ampliamente el millar y el número de accidentes con baja el millón largo. Desde que se aprobó la tan esperada Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995) ha fallecido más de 16.000 personas. A ello habría que añadir el elevado volumen de las enfermedades profesionales que afecta a cerca de dos millones de personas en España. Y estos terribles datos no pueden ser fruto de la fatalidad ni una maldición bíblica, ya que esta situación no es así de dramática en otros países de la UE: es nuestro país el que está a la cabeza en las tasa de siniestralidad europeas.
Las causas que influyen en los accidentes son múltiples, desde la fuerte precariedad en el empleo, el tejido empresarial y las contratas y subcontratas, los ritmos de trabajo, la falta de inversión en prevención, la no intervención en las pequeñas empresas de menos de 6 trabajadores, la falta de formación, entre otras. Pero destaca especialmente el recurrente incumplimiento empresarial de la legislación y la insuficiencia de la acción inspectora, que justamente permite la situación anterior.
Por ello, más allá de la propaganda a la que asistiremos en los próximos meses de campaña electoral, la reciente Estrategia Española de Salud y Seguridad en el Trabajo para el quinquenio 2007-12, aprobada por el gobierno en junio pasado, no parece que vaya a reducir drásticamente los niveles de siniestralidad laboral. De entrada, porque se realiza un diagnóstico doblemente erróneo al ser autocomplaciente con la situación y con la aplicación de la Ley de Prevención y por ser benevolente con la actitud incumplidora de la patronal, en aras del consenso entre los interlocutores sociales.
Por otro lado, al no abordarse el núcleo duro del problema: una legislación más contundente y medios suficientes para cumplir la ley y evitar las muertes y los accidentes. Es clamorosa la insuficiente dotación de medios ahora y en el futuro, ya que el objetivo en materia de Inspección de Trabajo es llegar a alcanzar algún día la ratio media de la UE-15, sin tener en cuenta que España tiene las más altas tasas de accidentes laborales de la UE; que es lo mismo que dedicar igual número de policías en un tranquilo pueblo que en otro azotado por la delincuencia.
Tampoco se avanza en una mayor penalización de los incumplimientos y responsabilidades empresariales. Si no fuera indignante, sería curioso el hecho de que en los últimos tiempos de está endureciendo la represión sobre trabajadores y sindicalistas por defender su empleo y derechos (Sevilla, Gijón…), mientras que está por conocerse un solo caso de un empresario importante que esté en la cárcel por su responsabilidad en la muerte de sus trabajadores.
Rebelión
Agosto de 2007.
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