Agustín Moreno.
Mundo Obrero, octubre 2008.
El IX Congreso de CCOO se va a celebrar en el marco de una profunda crisis económica. En ella confluyen tres componentes. Por una parte, la debilidad intrínseca de la economía española para soportar el marco neoliberal y extremadamente competitivo de la Europa de Maastricht; debilidad reflejada por el tremendo déficit de la balanza de pagos, que es el segundo mayor del mundo después de USA y que ha evolucionado del equilibrio al 10% del PIB en menos de diez años, coincidiendo con la implantación del euro, que supone unas severas restricciones a la política económica con la pérdida del tipo de cambio y el control monetario; el déficit ha llevado a un endeudamiento exterior vertiginoso a la economía española.
La segunda componente es la inestabilidad de la economía internacional tras la crisis de las hipotecas de alto riesgo de falta de cobro de USA (subprime); los riesgos de catástrofe financiera internacional obligan a inyectar liquidez de forma masiva y tienen efectos muy negativos en el crecimiento de la economía mundial. Por último, está el agotamiento del modelo de crecimiento en España con la caída del sector de la construcción, tras una larga etapa de especulación salvaje, endeudamiento familiar y dificultad de las capas populares y de los jóvenes para acceder a la vivienda, al considerarse no como un bien social sino como un activo financiero. Los sectores dominantes del capitalismo español intentarán reorientarse hacia la obra pública y el sector de la energía (incluida la nuclear), sin que se produzcan grandes cambios en el modelo económico, y en la línea clásica de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Así las cosas, tendremos que enfrentarnos a un marco económico muy complicado, marcado por los efectos negativos de la caída del crecimiento, un fuerte aumento del paro y una elevada precariedad laboral, una alta inflación, el fin del superávit presupuestario y las tensiones fiscales entre comunidades autónomas.
Entramos en crisis cuando todavía nuestro país mantiene importantes déficits sociales y laborales. A pesar del fuerte crecimiento económico de la última década mantenemos un diferencial de casi 8 puntos del PIB en gasto social público respecto a la media de la UE-15. Si comparamos las prestaciones con la media europea, España está por debajo en pensiones, sanidad, educación y atención a la dependencia. Ha aumentado la dualidad social por la fuerte precarización laboral, la distribución desigual del empleo, la propiedad y las rentas, Sectores importantes de la población trabajadora (mujeres, jóvenes, inmigrantes) tienen una situación de vulnerabilidad social y ello genera una tendencia hacia la fractura y la pérdida de cohesión social que la crisis puede acentuar.
Ante este panorama, el IX Congreso debe de servir para hacer frente a la crisis y defender los derechos sociales, superando una estrategia sindical fracasada. Ello sólo será posible si recomponemos la unidad del sindicato, recuperando la pluralidad interna, fortaleciendo la democracia y la participación de los trabajadores. No sirve de nada el sindicalismo de salón y la concertación social desde la debilidad cuando llueven los cierres de empresas, los ajustes de plantilla y los ataques a los salarios y a los derechos laborales.
La idea central que debe presidir un enfoque de clase del Congreso de CCOO es que la crisis no la deben pagar los trabajadores, sencillamente porque no son los responsables de ella. Por eso el diálogo social no puede servir para recortar derechos o salarios. Ello supone, por ejemplo, no firmar reformas laborales que mantengan la precariedad y las fuertes bonificaciones a los empresarios y que abaraten el despido; ni acuerdos interconfederales de moderación salarial; ni pactos de pensiones que debiliten al sistema público reforzando los planes y fondos privados; ni expedientes de regulación de empleo y otras formas de ajuste traumático de las plantillas. Es un escándalo que cuando el mercado de capitales es lo que ha fallado y el origen de la crisis, haya quien se atreva a plantear cambios en el mercado de trabajo para degradarlo.
En el debate congresual se deberían abordar, entre otras, las siguientes propuestas:
1. Impulsar la movilización contra la Directiva sobre la jornada de 65 horas y la defensa de la jornada de 35 horas. La escandalosa directiva sobre tiempo de trabajo permite que la jornada laboral pueda llegar a las 65 horas semanales en negociaciones individuales, al margen de la negociación colectiva y los sindicatos. Es una necesidad que los sindicatos europeos organicen una movilización sostenida hasta asegurar su no aprobación ni aplicación. En esta línea la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del 7 de octubre de 2008 debe ir, también, contra una directiva contraria al trabajo digno, a la salud laboral y a la conciliación familiar. Hay que volver a reivindicar la reducción de jornada como medida de reparto del trabajo.
2. La defensa de los puestos de trabajo y el empleo de calidad en toda circunstancia. La prioridad sindical ante cualquier proceso de concertación debe ser la de un empleo de calidad, estable, seguro, con igualdad y derechos laborales. Hay que impulsar una acción sindical firme y participativa en defensa de la seguridad y estabilidad del empleo, por la exigencia, regulación y control de la causalidad de los contratos, y frente a las ETT`s, la subcontratación, las empresas de servicios y otras formas de externalización. La labor de la inspección de trabajo debe reforzarse para evitar el abuso empresarial de la temporalidad y el empleo irregular.
3. El fortalecimiento de la negociación colectiva, una política salarial a la ofensiva y la coordinación de las movilizaciones. Los convenios colectivos deben servir para mejorar las condiciones de trabajo, la calidad del empleo y aumentar el poder adquisitivo de los salarios. Es fundamental la reducción del tiempo de trabajo y la reivindicación de las 35 horas por ley y por convenio, sin reducción de salarios. Revitalizar la negociación colectiva y conseguir sus objetivos exige impulsar la participación y la movilización coordinada de los trabajadores afectados y de todo el sindicato.
4. La defensa de los derechos de la inmigración y el rechazo a su criminalización, como hace la Directiva de la vergüenza sobre el retorno de inmigrantes. Cualquier ordenación de flujos y control de fronteras, tiene que hacerse dentro del respeto escrupuloso a los derechos civiles y humanos frecuentemente vulnerados.
5. La defensa de los servicios públicos (enseñanza, sanidad, transporte...) como un derecho de los ciudadanos frente a su consideración de mercancía que hace el neoliberalismo. Para ello se debe impulsar una fuerte y sostenida campaña en defensa de los servicios públicos en el ámbito español y en el europeo. Destaca la exigencia de un modelo educativo público, laico y de calidad, reclamando a las administraciones públicas su responsabilidad para garantizar una red pública suficiente que atienda la demanda educativa en sus diferentes etapas y modalidades de enseñanza y que cuente con los recursos necesarios para garantizar el derecho a aprender con éxito a todo el alumnado.
6. La mejora de la protección social. Del sistema público de pensiones exigiendo la elevación del gasto en protección social hasta la media de la UE-15, algo que es incompatible con medidas que se vienen anunciando como la ampliación del período de cálculo o el fortalecimiento de los planes y fondos privados. También la mejora de la protección al desempleo, modificando la Ley para permitir que tengan derecho a prestación contributiva las personas con periodos de cotización cortos, así como revisar el subsidio para que puedan acceder los colectivos que en este momento no cubren los requisitos.
7. El fomento de la participación y de la democracia sindical. Potenciando el protagonismo de los afiliados en todas las áreas de la acción sindical, especialmente en la elaboración de plataformas reivindicativas y los procesos de negociación y movilización, estableciendo cauces adecuados para asegurar su participación en la toma de decisiones sobre la firma de acuerdos generales y en los convenios de sectores y empresas.
8. La recuperación de la pluralidad del sindicato asegurando la legitimidad de discrepar, así como el principio de dirección efectiva del sindicato por todos los sectores que lo forman. De esta manera se superarían las crisis de 1994 y de 2002, que desgajaron al sindicato y se evitaría que la política de marginación de los sectores críticos debilite a la organización, desanime la militancia y dé justificación a aquellos que amparan su propia incompetencia en la confrontación de bloques.
Es fundamental la participación activa de los afiliados y afiliadas, para que el IX Congreso de CCOO sea útil para fortalecer al sindicato y colocarle a la altura de los retos que tiene que afrontar. También es precisa una fuerte presencia de las posiciones de clase y de izquierda representadas por el Sector Crítico de CCOO.
La lucha por defender los derechos sociales en tiempos de crisis no es tarea fácil ni existen recetas mágicas para asegurar su éxito. Para ello es necesario cambiar la política sindical y cambiar la dirección, seguros de que la combinación de la firmeza de clase, de unidad desde la pluralidad y de mayor democracia y participación de los trabajadores permitirá defender más eficazmente los derechos laborales, sociales y democráticos. CCOO necesita un Congreso esperanzador para su militancia, que supere la política de exclusiones seguida desde hace tres congresos y que lance un mensaje al país de que va muy en serio la defensa de los trabajadores ante la crisis y que en esta lucha estamos todos comprometidos.
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