Comparecencia de Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO, en la Comisión no Permanente de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.
El acceso a prestaciones sociales para las personas en situación de necesidad, mediante prestaciones económicas o en especie, gratuitas o por precio inferior al de mercado, mejora sensiblemente la calidad de vida de las personas, y puede afectar positivamente a la estabilidad de la economía al limitar los efectos negativos de los ciclos que de forma periódica afectan a la actividad productiva. Su implantación con carácter general en la mayor parte de los países europeos, entre ellos España, ha colaborado activamente en los actuales niveles de cohesión social y económica. En nuestro caso este conjunto de medidas económicas o en especie, articuladas a través de las distintas administraciones, central, autonómicas o locales, es un factor determinante de nuestro modelo social que debemos reforzar aún más.
En esta comparecencia, quiero comenzar por trasladar a esta Comisión nuestra convicción de que preservar el consenso político y social sobre la evolución del sistema de pensiones es la mejor receta para mantener su fortaleza actual y adoptar, con la serenidad y anticipación suficientes, las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad y mejorar sus niveles de protección social.
El papel de los representantes políticos, a través de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes, para determinar las líneas de actuación y objetivos básicos compartidos es esencial para mantener los compromisos del Acuerdo de 1995.
También lo es la función de los interlocutores sociales con el Gobierno, en el marco del Diálogo Social tripartito, para definir de manera consensuada cambios y ajustes concretos en el sistema. Cumplen con ello el papel que les asigna la Constitución Española, y sostienen además, no en exclusiva, el sistema a través de las cotizaciones sociales.
En ese marco, el compromiso de CCOO con el sistema de pensiones está suficientemente acreditado hasta la fecha. Hemos participado de todos los acuerdos suscritos desde 1996. Estamos orgullosos de ello y reiteramos nuestro compromiso de contribuir en el marco del Diálogo Social al objetivo de mantener la sostenibilidad del Sistema, al tiempo que se refuerza su capacidad como herramienta básica de protección social.
Los objetivos fundamentales deben ser: alcanzar la máxima cobertura de la población con un sistema de pensiones que constituyan su renta principal y suficiente en un marco de sostenibilidad financiera presente y futura, compatible con una mejora sensible de la calidad de vida de la población española y, concretamente, de los pensionistas del sistema.
Para ello, creemos que deben mantenerse actuaciones permanentes, con perspectiva global, criterios de anticipación y previsión de largo plazo, huyendo de análisis cortoplacistas o coyunturales y atendiendo a la función social básica y a las necesidades a las que está llamado a responder el sistema de pensiones en su configuración actual: pagar más pensiones, más altas y durante más tiempo.
No podemos obviar la diferencia de esfuerzo en protección social que aún mantenemos en relación con nuestro entorno más próximo. En 2006 dedicábamos 6,6 puntos porcentuales menos, medido en porcentaje del PIB que la media de la UE (20.9% frente a 27,5%). En este sentido, conviene señalar que nuestro Sistema de Protección Social no se limita únicamente a las pensiones, aunque éstas son su espina dorsal, las políticas públicas de protección social para dar una atención integral deben también articular medidas en la línea de mejorar la protección sanitaria, de los servicios sociales, etc. En cuanto al sistema de pensiones propiamente dicho, nuestro retraso respecto a Europa es igualmente considerable, en 2006 dedicábamos un 8,8% del PIB frente al 12,1% en la UE-15, o el 11,9% en la UE-27.
Conviene recordar los datos anteriores en un momento en que llevamos unos días en los que el sistema de pensiones vuelve a ser presentado, con poco rigor, como un factor de preocupación como consecuencia de la crisis económica que padecemos.
Nuestro sistema de pensiones goza de buena salud, lo que no impide reconocer que su estabilidad financiera, el mantenimiento del superávit actual por el mayor período posible, las dotaciones al Fondo de Reserva, son circunstancias que precisan mantener un número de cotizantes suficiente a la Seguridad Social. La disminución de las inaceptables cifras de desempleo que hoy padecemos, el incremento de la tasa de ocupación de la mujer, la creciente aportación de la población inmigrante, son herramientas fundamentales para mantener la actual buena salud del Sistema, que es una consecuencia clara del proceso que se abrió con la firma del Pacto de Toledo y los sucesivos acuerdos posteriores alcanzados en el marco del Diálogo Social.
El déficit del sistema no es un problema a corto plazo. Los datos que proporciona la Seguridad Social apuntan a un mantenimiento del superávit en 2009 en el sistema de pensiones pese a la reducción de cotizaciones y el menor crecimiento de las bases de cotización, parcialmente compensados por el incremento de las cotizaciones derivadas de las prestaciones por desempleo por parte del Estado. Por otra parte, la fuerte moderación de la inflación también significa menores compromisos de revalorización de pensiones.
No debemos mezclar esta situación de desequilibrio positivo del sistema de pensiones con la situación de la Seguridad Social en términos de contabilidad nacional, es decir, incluyendo la protección social por desempleo en su integridad, también con los recursos destinados a políticas activas, que padece en estos momentos con intensidad la necesidad de proteger al creciente número de trabajadores en desempleo.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que los superávits del sistema de pensiones no arrancaron en 1999-2000. Desde hace tres décadas los mismos han sido absorbidos por otras partidas de gasto (sanidad universal hasta 1997, complementos a mínimos hasta la actualidad,…) Hay Estudios que estiman que si esos superávit anteriores se hubieran llevado al Fondo de Reserva, éste superaría el 34% del PIB, en lugar del importante pero claramente menor 5,28% de nuestro Fondo de Reserva.
Por otra parte, el retraso en la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación, así como la asunción con cargo a cotizaciones sociales de otras partidas, que razonablemente deberían financiarse con impuestos (costes de personal de la Seguridad Social, por ejemplo), dan todavía un margen de mejora en los ingresos por encima de los 7.000 millones de Euros, con datos 2008. Por tanto, el déficit inminente que algunos predican, bien por desconocimiento, bien por convicción de que ese argumento ayudará a llevar el sistema de pensiones a niveles de cobertura inferiores, tiene aún palancas más que razonables para ser evitado.
La Seguridad Social es una de nuestras más potentes herramientas anti-cíclicas y debemos reforzar nuestra confianza en ella.
Las afirmaciones anteriores son plenamente compatibles con una serena valoración de las evidentes tensiones demográficas a medio y largo plazo. Somos un país del pelotón de cabeza en cuanto a nuestra esperanza de vida y eso tiene un efecto indudable sobre las pensiones que deben abonarse durante más años.
Asimismo, la evolución demográfica hace prever periodos de mayor tensión en cuanto al número de personas con acceso a pensión en diferentes periodos pero con impactos irregulares en el tiempo. Tras la jubilación de la generación que nació en la guerra y años inmediatos posteriores, llegarán generaciones nacidas en coyunturas de fuerte incremento de la natalidad y, por tanto, exigirán una política rigurosa para seguir controlando la salud financiera del Sistema. No obstante, a continuación llegarán otras con menor número de pensionistas como consecuencia de la caída de natalidad de las últimas décadas. A todo lo anterior, habrá que añadir el impacto de la incorporación de la población inmigrante que están ayudando a financiar el sistema en la actualidad y que, en lógica correspondencia se beneficiará de derechos a pensión posteriormente.
El crecimiento de la actividad económica es una variable esencial a considerar. La evolución del PIB es clave y aún abordando distintos escenarios, el juego combinado de envejecimiento de la población - a mediados de siglo el número de pensionistas se habrá incrementado notablemente - y bajas tasas de natalidad, nos hacen tener la convicción de que deberemos seguir actuando en el medio y largo plazo, para mantener el equilibrio financiero del sistema.
No obstante, incluso aunque la profundidad de la crisis y su duración en el tiempo provocasen algún momento coyuntural de déficit, este sería puntual. Los sistemas de reparto como el nuestro son sostenibles en cualquier caso. Si las cotizaciones no fuesen suficientes el Estado garantiza el sistema. Se trata de derechos subjetivos.
En ese escenario, no hay margen para la bajada de cotizaciones sociales, cuyo coste está en la media de los países de nuestro entorno y por tanto no disminuye nuestra competitividad, ya que cada punto de cotización supone 3.800 millones de Euros en cotizaciones devengadas. Por tanto, un recorte del 3% significa perder 11.400 millones de recaudación; un 2% son 7.600 millones y un 5%, como se ha llegado a pedir en algún momento de euforia incontrolada, simplemente 19.000 millones de €.
La Seguridad Social, en términos de sistema de pensiones no está en déficit, pero si se toman las decisiones equivocadas puede hacerse que entre en dificultades en un plazo corto. El objetivo de estas pretensiones de reducción de cotizaciones, es transferir garantías de renta de los futuros pensionistas, a través del Fondo de Reserva (57.322 millones de € al cierre de 2008) a las cuentas de resultados de las empresas. El nivel de desempleo que padecemos no es consecuencia de los costes laborales.
El incremento de la tasa de actividad y de los ingresos medios de los asalariados son medidas estructurales de mantenimiento del sistema. Incrementar la tasa de ocupación y la productividad pasa por un cambio de nuestro modelo productivo. Hacer lo necesario para que el modelo productivo de nuestro país se base en las oportunidades competitivas que ofrecen los empleos de alto valor añadido, en lugar de depender de las fracasadas ventajas comparativas de actividades intensivas en mano de obra y los recortes sociales, es una apuesta estratégica también para el sistema de pensiones.
Un modelo productivo basado en bajos costes salariales afecta al diseño de un sistema de pensiones. Si los costes salariales, como consecuencia del mayor valor añadido del factor trabajo son más elevados, las posibilidades de financiación del sistema y de la mejora de sus prestaciones son asimismo mayores.
Entre las medidas concretas que se pueden considerar hay que incluir la mejora de coberturas y prestaciones que lo precisan, así como seguir dificultando el fraude y la compra de prestaciones. Por otra parte, cada medida adoptada en materia de ingresos y gastos del sistema debe pasar el test de proyección a medio y largo plazo.
Estaremos muy pendientes de las conclusiones de esta Comisión cuyos trabajos seguimos con máximo interés. No obstante, nos permitimos apuntar nuestros criterios en relación con diversos apartados:
Entre otras cuestiones:
-No es una prioridad abordar el retraso obligatorio en la edad de jubilación. Hemos sido capaces de crear novedosas figuras como la de la jubilación flexible, que puede aún desarrollarse para permitir la plena voluntariedad en el acceso a la jubilación anticipada desde los 61 años. Esta jubilación flexible da salida a necesidades diversas, al combinar la posibilidad de jubilación anticipada con la de alargar voluntariamente la vida laboral. Debemos seguir estimulando ese alargamiento voluntario al tiempo que actuamos sobre el equilibrio financiero de las prestaciones de jubilación anticipada, cuyos coeficientes reductores mantienen un margen de actuación a la baja situados actualmente en 6-7,5% cuando su punto de equilibrio permitiría establecerlos en un 5-6,5%.
-La jubilación anticipada, en los términos expresados puede generalizarse desde los 61 años sin que ello grave financieramente al sistema, e incluir a los empleados públicos que hoy no tienen acceso a ella.
-La reducción de edad mínima de jubilación para personas que trabajen en actividades penosas, tóxicas, insalubres o peligrosas, debe ser desarrollada para los sectores en los que se justifique. En este sentido, es conocida la petición de las organizaciones sindicales de abordar esta cuestión para el personal de obra de la Construcción.
-Estudiar con detalle las tendencias de las nuevas pensiones y las características del mercado laboral, la evolución en este de la tasa de actividad y de las bases de cotización medias, son elementos que determinan las fórmulas paramétricas de acceso y cálculo de la prestación.
-En esas reformas paramétricas, de producirse, debe protegerse mejor a las personas expulsadas del mercado de trabajo con 50 o más años. Pese a contar con carreras de cotización largas, ven fuertemente penalizada su pensión, como consecuencia del peso específico de los últimos años en los que se concentran, frecuentemente, sus cotizaciones más bajas, derivadas de la percepción de la prestación y subsidios de desempleo.
-Anticipar el proceso de separación de fuentes y financiar con cargo a la imposición general los costes de personal de la Seguridad Social, son medidas adecuadas para mejorar la calidad y cantidad de la estructura financiera del sistema.
-Mantener la garantía legal de incremento de pensiones en el IPC real tiene un doble interés, el de mantener y reforzar el poder adquisitivo de los pensionistas para su propio bienestar y, al tiempo, para reforzar la demanda interna de bienes y servicios.
-Continuar con el proceso de equiparación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarse en el 60% del salario medio neto, supone un incremento de cotizaciones, con ellas un refuerzo financiero al sistema y una fuente de incremento de las pensiones medias.
-Valorar el impacto para el sistema, en cuanto a incremento de recaudación y mayor compromiso de pertenencia al mismo por parte de las personas con remuneraciones superiores a la media, de un incremento razonable de bases de cotización máximas. El mismo, debe guardar relación con la evolución de la pensión máxima a percibir del sistema.
-Debe desbloquearse el proceso de convergencia de regímenes que pese a la reiteración de los compromisos de abordarlo, sigue sin hacerse de manera efectiva. Especial mención hacemos a la situación del Régimen Especial Agrario para los trabajadores por cuenta ajena que aún no han comenzado a ver cumplidos los compromisos establecidos en el Acuerdo de Medidas en materia de Seguridad Social suscrito en 2006.
-La mejora en las tasas de natalidad, que nos permita una estructura poblacional más equilibrada en el futuro, debe ser un objetivo básico. El desarrollo de políticas sociales y económicas en este ámbito es aún una asignatura pendiente en España. Medidas como las ayudas directas por hijos a cargo; las deducciones fiscales ligadas al número de hijos;… atendiendo al mayor nivel de gastos de las personas con mayor número de ellos, es aún materia que nos hace mirar con envidia a los principales países europeos que tienen políticas asentadas y estables para financiar las prestaciones que se causen por este motivo.
-Existen situaciones que deben analizarse para valorar la conveniencia de su mantenimiento o corrección. Se trata de la regulación en torno a figuras como la jubilación parcial o la compatibilidad entre prestaciones de viudedad y del SOVI. En ambos casos, se trata de prestaciones económicamente más elevadas que las de referencia comparativa y a las que no acceden, de hecho o de derecho, la totalidad de las personas que acceden a la jubilación. La jubilación parcial ha sido abordada en la última reforma, variando sus características por acuerdo unánime en el marco del Diálogo Social. Sus ajustes, tendentes a imponer mayores condiciones de acceso a estas prestaciones, exigen el transcurso de periodos transitorios de aplicación. Tras ellos, podremos analizar su impacto y la conveniencia o no de adoptar otras acciones.
-Los sistemas complementarios de pensiones deben seguir siendo fomentados. Su función es la de complementar un sistema público suficiente, de modo que sirva para alcanzar una tasa de sustitución próxima al último salario y como instrumento de ahorro a largo plazo. Son estos elementos ligados a la mejora de la protección social los que justifican las políticas de apoyo a estos instrumentos. Por ello es preciso avanzar en la separación entre los sistemas de empleo, que garantizan esta función social y los únicos con capacidad de generalización de estos sistemas en el conjunto de la población, y los individuales. Debe darse mayor estabilidad a los sistemas de empleo, atendiendo a las restricciones a la movilidad que los caracterizan, con criterios de valoración más estables y apropiados que reduzcan el impacto de la alta volatilidad de los mercados financieros. Las prestaciones en forma de renta han de ser incentivadas para cumplir adecuadamente con el objetivo de estos sistemas. Los incentivos fiscales deben ser reordenados, teniendo en cuenta que la actual estructura dual del impuesto sobre la renta, diferenciando el tratamiento de las rentas del trabajo y las del capital mobiliario, ha reducido el atractivo comparativo de estos instrumentos de previsión social complementaria.
30 de abril de 2009.
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